SEA
En un oficio al SEA, la Gobernación Marítima de Valdivia describió una fiscalización en terreno del sistema sanitario al que se contactará el proyecto inmobiliario de los Piñera, el que es operado por otra sociedad de la misma familia.
Entre los problemas detectados en la evaluación ambiental destaca la falta de información respecto a la conexión de las 208 casas que se planea construir al sistema sanitario privado existente. El SEA acusa que se subestimó la generación de aguas servidas. Vecinos que solicitaron participación ciudadana apuntan a que “no existe una planta de tratamiento, sino que tan solo una poza muy básica”, la que también es propiedad de los Piñera.
Cosayach enfrenta la invalidación de varios de sus permisos ante el Servicio Nacional de Minería. Uno de ellos es el del método de explotación, el cual el fue suspendido a la espera de un pronunciamiento por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente.
El Servicio otorgó un permiso a Cosayach, empresa del grupo Errázuriz, con que extendió la vida útil de su planta química de yodo hasta 2030, a pesar de que ésta no cuenta con ciertos permisos ambientales para operar en el nuevo lugar donde está emplazada. La Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos.
En 2022, la justicia ordenó a Francisco Javier Errázuriz Ovalle que se retirara del terreno privado de otra minera en Pozo Almonte, el que explotó por casi tres décadas. Sin embargo, sólo trasladó la planta 150 metros hacia terrenos fiscales donde hoy opera sin contar con permisos sectoriales y con una orden de desalojo pendiente. La SMA está analizando una eventual sanción.
Una serie de correos filtrados por la agrupación hacker Guacamaya e investigados por Ciper y Mongabay dan cuenta de la elaboración de un plan para flexibilizar las restricciones ambientales y así extraer mineral desde zonas restringidas. Conaf confirmó la existencia de una investigación interna para determinar la relación entre los directivos de la empresa y de la administración anterior de la oficina regional.
El litio, considerado un material estratégico para la producción de tecnologías verdes, se está convirtiendo en la gran estrella de la minería en Chile. De hecho, gracias a su alto precio, el gobierno consiguió, tras una década, volver al superávit fiscal. El salar de Maricunga —la segunda reserva de litio más grande del país, pero aún virgen de explotaciones mineras— está en la mira de la industria minera. Mientras tres empresas se disputan el derecho a explotar el mineral, la comunidad indígena colla Pai Ote intenta proteger su territorio ancestral.
El Comité de Ministros, encabezado por la titular de Medio Ambiente, Maisa Rojas, aprobó de manera unánime el proyecto de la minera internacional Anglo American que pretende extender la vida útil de la operación en la precordillera de Santiago hasta 2036. Ecologistas recurrirán a tribunales ambientales para impugnar decisión política.
La crisis del virus ISA en 2007, la marea roja de 2016, la fuga de 4,8 millones de salmones en una década y la entrega de información falsa. Cuando la industria parecía no tener un peor rostro, Australis comienza el año con una autodenuncia por sobreproducción de 80.000 toneladas.
Anglo American tuvo una reunión de lobby en enero con el subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, así como con otros altos funcionarios de los ministerios que decidirán el futuro de la operación. Proaño declaró estar a favor de la operación minera. Opositores al proyecto señalan que recurrirán al Tribunal Ambiental si el gobierno de Boric aprueba el proyecto.
La Superintendencia de Medio Ambiente integró 7 nuevas instalaciones a inspección. Con esto entran 16 de los 33 centros que habrían sobreproducido 80.000 toneladas según la salmonera. La empresa podrá acogerse a beneficios de autodenuncia, pues SMA reconoce que no inició a tiempo proceso de investigación con las denuncias previas de Sernapesca.
En diciembre de 2021, Corfo escogió seis proyectos de hidrógeno verde para distribuir $50 millones de dólares. A un año de la adjudicación, solo uno ha sido aprobado en el SEA. Los demás, entre ellos el polémico proyecto de Enel Faro del Sur, desistido en el SEA, no reportan avances.
El Comité de Ministros -presidido por la titular de Medio Ambiente, Maisa Rojas- rechazó un recurso de los vecinos de Farellones por el tráfico de vehículos a la mina. Mismo comité que pronto deberá resolver el destino completo de dicha inversión en la cordillera frente a Santiago.
El SEA rechazó Los Bronces por potenciales efectos de la operación en la calidad del aire que respira la población. Sin embargo, no se refiere al impacto de la mina en los glaciares, principal fuente de agua de Santiago. AngloAmerican podrá apelar la decisión ante un comité conformado por seis ministros de gobierno: dos independientes, dos de Convergencia Social, un PPD, y una PRSD.
Ambas profesionales fueron socias en SustentAbogadas, firma de asesoría medioambiental que en 2012 recibió $20 millones de Caval, la empresa de Natalia Compagnon. Además, Durán fue gerenta legal de Gescam, empresa a través de la cual Durán hizo lobby ante distitntas entidades públicas, teniendo contratos con el gobierno de Michelle Bachelet mientras Uriarte era jefa de gabinete de la ex Presidenta.
El proyecto BioLantánidos, controlado por la minera inglesa Hochschild Mining, busca la extracción de lantánidos en Penco, lo que supone una importante afectación socioambiental e importantes ganancias en un mercado internacional emergente de electromovilidad. Si bien en un comienzo el entonces intendente y hoy gobernador del Bío Bío, Rodrigo Díaz, apoyaba la iniciativa -que contaba con el interés de varios multimillonarios chilenos- ahora le quitó el respaldo en consideración a la comunidad local.
Los vecinos evalúan judicializar la aprobación de impacto ambiental del proyecto, a la espera de una resolución de Contraloría sobre posibles faltas a la probidad del intendente Jorge Martínez, quien es responsable por el actuar de un subordinado que impidió a los cores opinar sobre el proyecto.
La accidentada historia social y ambiental de este proyecto minero le ha costado cientos de millones de dólares en acuerdos extrajudiciales para deponer demandas. Aun así, la empresa canadiense vive uno de sus mejores momentos financieros y saca cuentas alegres.
La Tercera Sala del máximo tribunal, presidida por Sergio Muñoz, ratificó la legalidad del proyecto “Lomas de Peñalolén”. Vecinos acusan que la construcción amenaza un corredor biológico y que apenas se levantó la cuarentena en Santiago, la empresa arrasó con las especies nativas del sector.
El proyecto ubicado en Curarrehue se aprobó en 2015 pese al rechazo de varias comunidades. Hoy éstas acusan que el primer Intendente mapuche los dejó botados y que la empresa de la central ofreció todo tipo de incentivos económicos para conseguir apoyos. El entonces gobernador de la provincia afirma que Máximo Pacheco, ministro de Energía en esa época, influyó en la votación a favor de la compañía.
Los trabajadores dicen que el convenio está lesionando la confianza de los intervenientes hacia el servicio. Esto se da en medio de distintas formas de apoyo del SEA a proyectos de Anglo American y Copec.
En el marco de la transferencia de recursos por parte del Ministerio de Economía al SEA, con el propósito de agilizar grandes inversiones, fue contratada a honorarios una funcionaria en el órgano evaluador que coordina reuniones de lobby para Anglo American con otros servicios del Estado, a la vez que elabora informes consolidados.
Los aportes continúan hasta el día de hoy hacia la Corporación Municipal de Desarrollo Social, en medio del proceso que atraviesa la empresa en el Servicio de Evaluación Ambiental por su nuevo Proyecto Los Bronces Integrado, donde interviene la Municipalidad de Colina. Acorde a fuentes consultadas por INTERFERENCIA, esos dineros contravienen dictámenes de la Contraloría, pero Anglo American afirma que está todo en norma.
Patagon Land, ligada al hijo de Carlos Alberto Délano, certificó en 2015 varias subdivisiones de terrenos en una zona de preservación ecológica. Más actores del rubro lograron lo mismo en ese tiempo, sin ajustarse a derecho según dictaminó la Contraloría en 2017. Algunas de estas certificaciones se invalidaron; no así las del condominio Mirador Pie Andino. INTERFERENCIA detectó que en 2018 se vendieron dos terrenos allí señalando que levantaban un “proyecto inmobiliario”, prohibido para un área protegida.
La Comisión de Evaluación Ambiental de La Araucanía (Coeva) desestimó la construcción de la central hidroeléctrica Los Aromos, lo que generó una masiva celebración de comunidades mapuche en Temuco que se oponían al proyecto.
El proyecto Pampa Camarones SpA, propiedad de Minería Activa -una empresa de LarrainVial- está a la cabeza del ránking de multas impagas en la Superintendencia del Medio Ambiente, fondos que se adeudan a la Tesorería General de la República. El dato es uno más en la historia de esta compañía localizada en la región de Arica y Parinacota, en la que abundan daños ambientales y conflictos laborales.
La Moneda propone una reforma al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental que, al reducir la participación ciudadana, facilita la aprobación de proyectos. A ello se suma que las autoridades salieron a respaldar a la Minera Invierno, que la semana pasada detuvo sus operaciones y despidió a más de 150 trabajadores tras un fallo de un tribunal ambiental.
