El proyecto de Reconstrucción Nacional llega a este jueves con las mayorías en entredicho y el ambiente en la Comisión de Hacienda caldeado. La votación de la idea de legislar está agendada para hoy al mediodía, pero el gobierno enfrenta un escenario más complicado del que esperaba.

El golpe más reciente vino del Partido de la Gente. La bancada, que días antes había llegado a un acuerdo con el Ejecutivo a cambio de incorporar iniciativas de devolución del IVA a medicamentos y pañales, dio un giro abrupto este miércoles y anunció su rechazo. El diputado Fabián Ossandón fue directo: "el gobierno no cumplió su palabra". Su jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, fue más categórico: "hoy no están las condiciones para avanzar".

El cuestionamiento técnico del CFA es el otro frente abierto. El organismo determinó que el proyecto genera un impacto fiscal neto negativo en todo el horizonte de evaluación hasta 2030, con un déficit que alcanzaría el 0,71% del PIB ese año como efecto directo. Su presidenta, Paula Benavides, advirtió que los costos son más ciertos y predecibles, mientras que los beneficios son inciertos, graduales y condicionales, y recomendó buscar fuentes de financiamiento adicionales que hoy no están contempladas en el texto.

El líder del partido, Franco Parisi, fijó dos condiciones para un eventual respaldo: que llegue el borrador de Hacienda con los compromisos por escrito y que se mantenga la tasa impositiva del 12% para las pymes, acuerdo que según él negoció directamente con el ministro Jorge Quiroz. 

En paralelo, la oposición en su conjunto exige que Quiroz comparezca ante la comisión antes de la votación para responder las alertas del Consejo Fiscal Autónomo (CFA). El diputado Carlos Bianchi (PPD) le recordó al presidente de la comisión, Agustín Romero, sus propias palabras de enero del año pasado, cuando el republicano acusó al gobierno de Boric de ignorar once riesgos fiscales del CFA a la reforma de pensiones. "No se puede votar un proyecto de esta magnitud a toda carrera", dijo en ese entonces. 

El cuestionamiento técnico del CFA es el otro frente abierto. El organismo determinó que el proyecto genera un impacto fiscal neto negativo en todo el horizonte de evaluación hasta 2030, con un déficit que alcanzaría el 0,71% del PIB ese año como efecto directo. Su presidenta, Paula Benavides, advirtió que los costos son más ciertos y predecibles, mientras que los beneficios son inciertos, graduales y condicionales, y recomendó buscar fuentes de financiamiento adicionales que hoy no están contempladas en el texto.

Dentro del oficialismo, en tanto, se registran tensiones propias. Fuentes señalan que el gobierno se comprometió a modificar la propuesta de eliminación de la franquicia tributaria del Sence, luego de que tanto la UDI como el PDG amenazaran con votar en contra. La jefa de bancada UDI, Flor Weisse, señaló que esa propuesta debe reformularse para beneficiar a las pymes. Desde RN, el diputado Eduardo Durán también llamó al gobierno a allanarse a cambios durante la discusión en particular, mientras que parlamentarios de ese sector siguen en contra del artículo de propiedad intelectual incluido en el texto.

Por el lado de la izquierda, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, afirmó que "de la DC al PC" votarán en contra de la idea de legislar, aunque la declaración generó incomodidad en la Democracia Cristiana, que aún no ha definido su postura oficial.

Pese al escenario, el presidente de la Comisión mantiene el itinerario para hoy. El ministro de la Segpres, José García Ruminot, reiteró que el gobierno "sigue trabajando con todas las fuerzas políticas para lograr las mayorías necesarias". Si se aprueba la idea de legislar, las indicaciones se votarían entre el martes y miércoles próximos, con proyección de que el proyecto llegue a la Sala la semana del 21 de mayo.