Con el apoyo del PDG, el Ejecutivo logró destrabar el ingreso del proyecto tras días de negociaciones al límite, en un escenario marcado por críticas transversales, encuestas desfavorables y una oposición que anticipa una batalla constitucional.

El gobierno de Kast enfrenta su primera crisis ante la presión ciudadana por el alza de combustibles. Entre bajas en las encuestas y filas en gasolineras, La Moneda logró despachar el subsidio a la parafina, mientras la fallida estrategia comunicacional del “Estado en quiebra” abrió un flanco en Contraloría.

En la antesala del cambio de mando, la Cámara de Diputados definió como presidente al diputado Jorge Alessandri (UDI), quien venció a Pamela Jiles (PDG) tras la ruptura de un acuerdo para otorgarle la testera. Junto con la presidencia de Paulina Nuñez (RN) en el Senado, la derecha tiene dominio sobre el Congreso en el inicio del gobierno de José Antonio Kast, quien llegó a La Moneda en tono impugnador, firmando decretos para distintos ministerios y anunciando detalles de la auditoría total que pretende realizar al gobierno de Gabriel Boric. 

"Hay jueces ahí que tienen una ideología muy marcada y que lo han hecho ver en resoluciones en contra de medios de comunicación, en contra de diarios digitales", dijo el candidato presidencial José Antonio Kast respecto al fallo que condenó a Jair Bolsonaro. Sin embargo, los principales medios de comunicación se mostraron a favor de la sentencia y destacaron la decisión judicial amparados en la defensa de la democracia. 

La falta de control interno de las instituciones castrenses y policiales es la otra cara de su autonomía corporativa. Esta está dada por las normas constitucionales y la ley orgánica que las regula, limitando severamente el control civil -especialmente del Ministerio de Defensa- sobre aquellos procesos que dicen relación directamente con las normas propias de una democracia consolidada. Esta situación que deja a cada órgano de la defensa y policía librado a su propia dinámica interna no ha sido enfrentada conjuntamente por las fuerzas políticas responsables de la dirección del Estado, tanto por el Ejecutivo como desde el Congreso.

Hace una década, un fiscalizador independiente descubrió al entonces diputado y hoy candidato presidencial republicano paseando en Paris, en pleno período legislativo. Asimismo, se encontró con el privilegio de los parlamentarios para faltar al trabajo sin sufrir descuentos importantes en sus dietas.

En su campaña de 2021, Gabriel Boric se presentó como el primer presidente ecologista de la historia chilena, donde el Plan de Gobierno Apruebo Dignidad 2022–2026 presentaba más de 30 propuestas de carácter ambiental, las que luego de cuatro años de “real politik” sólo se ha cumplido un 15% de su agenda para una transición socioecológica justa.

Ariel Guzmán Cabezas fue condenado en junio de 2023 por utilizar fondos públicos para viajar a Arica y, luego a Tacna, a un curso al que no asistió, todo mientras era concejal de Puerto Varas. Desde marzo de 2022 es asesor del diputado Daniel Lilayú. El Consejo de Asignaciones Parlamentarias prohíbe la contratación de personas condenadas, pero el ex edil se acogió a pena sustitutiva.

Luego de que un artículo de Interferencia revelara que Juan Antonio Soto había trabajado como asesor desde el año 2018 en el Congreso pese a tener una condena por el delito de estafa reiterada, el senador Tomás De Rementería informó la desvinculación de su equipo de personal de apoyo. 

En 2017, Juan Antonio Soto fue condenado por estafar con $22 millones a 37 personas simulando ayudar con su postulación a subsidios del Serviu. La sentencia de tres años de presidio menor fue sustituida por remisión condicional, una multa de tres UTM y la suspensión de oficio público durante el tiempo de la condena. En junio de 2018 ingresó al Senado como asesor territorial de Isabel Allende. Desde marzo de 2022 es asesor del diputado Tomás de Rementería. El Consejo Resolutivo prohíbe la contratación de condenados como asesores.

En un comienzo, la administración de Tomás Vodanovic estuvo centrada en mejorar lo que había dejado el paso de Cathy Barriga por el municipio. Aumentó el presupuesto a SMAPA, disminuyó el déficit municipal, revitalizó la plaza de Maipú y controló el comercio informal. No obstante, a nivel interno, Vodanovic también ha enfrentado críticas por parte de los trabajadores a honorarios.

La discusión de la nueva Ley de Pesca en la Cámara de Diputados ya evidencia la influencia de la industria pesquera en la redacción de la norma. Más de 200 de las indicaciones propuestas por tres diputados, coinciden con los argumentos de los grandes conglomerados agrupados en la Sociedad Nacional de Pesca.

Fueron al menos dos ocasiones en las que, durante una noche en el Senado, el cuadro del ex senador fue manchado. No está claro si fue un escupo u otro líquido el que fue lanzado sobre el retrato que cuelga de una de las paredes de la Cámara Alta. Nunca se encontró al responsable e incluso hay quienes nunca supieron lo sucedido.

La oposición volvió a reflotar la estrategia que utilizó para presionar por la salida de Giorgio Jackson, esta vez, contra Javiera Martínez, directora de Presupuestos; 'si no renuncia no habrá negociación'. Lo anterior, bajo una querella que Republicanos interpuso contra Martínez, Jackson y Miguel Crispi (todos RD), y las palabras de Edson Dettoni (RD) que la implican. 

"Sancionar con penas de cárcel. a quienes vivan en campamentos es no entender absolutamente nada del problema", dice el coordinador de la agrupación, Santiago Castillo.

En una entrevista radial, el ministro de Justicia fue consultado sobre el riesgo de cárcel para personas que se tomen un terreno y aseguró que "el veto realiza varias distinciones para efectos de gravedad a la usurpación; y en el caso de reincidencia, es una hipótesis donde eso sería posible".

"Con esta ley se reconoce a aquellos colonos, empresas forestales y privados a los que el Estado les entregó tierras", dice la diputada Emilia Nuyado a Interferencia. 

El parlamentario democratacristiano, miembro de la Comisión de Seguridad Pública conversó con Interferencia acerca de los cambios planteados por el Gobierno y la oposición cerrada de la derecha. "Si se rechaza el veto y no están los votos para poder reponer el proyecto original, no hay ley, ni la original de los parlamentarios, ni la del veto del gobierno, nada. Flor de escenario", advierte. 

La medida alcanzó su prórroga número 29 en el Congreso y alcanza los 450 días con las Fuerzas Armadas desplegadas en el sur de Chile (y más de 100 días con el Ejército en el norte del país). A raíz de los últimos hechos reportados en Traiguén, Republicanos junto con la UDI han solicitado considerar la aplicacíón del estado de sitio. Mientras, el Gobierno anunció la instalación de una base militar. 

A pesar del revuelo que causó la publicación de abultados gastos destinados al transporte de los parlamentarios, la crisis mediática no significó un cambio en su comportamiento. Los datos disponibles desde entonces muestran una baja en diciembre tras la publicación de diversos reportajes al respecto, pero todo volvió a la normalidad en enero.

Los medios chilenos han avanzado un buen trecho en identificar y no fomentar la homofobia, pero el riesgo del retroceso está latente cada día, en cada programa, en cada declaración, en cada página. 

Por su estructura basada en la propiedad individual, el sistema de AFP es intrínsecamente inviable. Los sucesivos retiros previsionales -que amenazan con vaciar las cuentas individuales de los afiliados- así lo han demostrado. Insistir en fortalecer este sistema es una irresponsabilidad política y un error histórico.

El objetivo es muy difícil de conseguir en clave negociadora, pues el Ejecutivo tendrá que convencer al menos a 10 parlamentarios de oposición para continuar con la tramitación de la reforma tributaria. La intención es traspasar la responsabilidad de un problema país a la oposición en uno de los escenarios más desfavorables para La Moneda: el Senado. 

Un nuevo pacto fiscal fue el leitmotiv de la cuenta pública, en la cual buscó endosar al Congreso la responsabilidad de aprobarlo, luego del bochornoso fiasco de marzo en el que ni siquiera se discutió el proyecto gubernamental. También, cerró la puerta a un perdonazo a las isapres y atacó el germinal 'negacionismo' frente a la dictadura y el golpe.   

Desempleo, inflación, crecimiento, inversión extranjera, seguridad y delitos de mayor connotación social, han sido algunos indicadores que han marcado el primer año de la administración Boric. 

La hidroeléctrica reconoció haber pagado para espiar a grupos ambientalistas y trabajadores, como reveló este medio ayer. No obstante, la clase política ha hecho oídos sordos, con la excepción de los diputados Marisela Santibáñez (PC) y Félix González (PEV).

Mediante prensa han sido informadas 28 instancias donde carabineros y detectives de la PDI usaron armas de fuego entre el 9 de marzo y el 9 de abril. Robos, VIF y asaltos a funcionarios son algunas de las circunstancias en que se usó el arma de servicio. Incluye el uso de la UZI en San Antonio que terminó con un civil con siete balas en su rostro.

Con votos de todo el oficialismo se aprobó polémica ley que para algunos expertos podría generar más violencia. El ataque armado con resultado de muerte en contra de un carabinero anoche viene a respaldar el endurecimiento en materia de seguridad.

El afiebrado debate parlamentario por la muerte de la Sargento Rita Olivares devino en la peor forma de rendirle homenaje: dividir a los legisladores entre amigos y enemigos de Carabineros, propiciando una burda utilización política de la institución. 

A fines de año Boric deberá proponer al Senado un nuevo Contralor General. Dada la actual debilidad política de La Moneda y su poca influencia en el Congreso, se vislumbra un proceso complejo. Desde el propio poder legislativo están surgiendo candidatos, pero también desde la coalición oficialista, la Contraloría e incluso del Ministerio Público.