La lucha contra el crimen organizado en los últimos años ha sido un tópico recurrente en la agenda pública y política, y las discusiones sobre cómo enfrentarlo son diversas. Sin embargo, una constante es la necesidad de dotar de mejor equipamiento, tecnología e inteligencia a las policías de Chile.
Una herramienta fundamental para ello es contar con sistemas capaces de realizar extracción forense. En esa línea, la Policía de Investigaciones (PDI) emitió un informe económico en mayo de 2026, en el que la institución certifica que dispone de $840 millones, impuestos incluidos, para la adquisición de “tres sistemas integrales de extracción forense de alta complejidad, similares o superiores a Magnet Graykey Premium”.
Dicha herramienta tiene la capacidad de desbloquear y extraer datos cifrados de dispositivos iOS y Android que estén protegidos por contraseñas. El sistema es capaz de desbloquear un teléfono en cuestión de horas, recuperar archivos, historial de llamadas, mensajes de texto e incluso datos eliminados.
Pero no es la única. Dentro del mercado existen otras opciones similares, como Cellebrite Premium (UFED), MSAB XRY y Oxygen Forensic Detective, cada una de ellas con diferentes fortalezas y debilidades, dependiendo generalmente del tipo de dispositivo a examinar.
Con ese horizonte, el informe de la PDI indica que se debe proceder a la adquisición de los sistemas de extracción de datos para dotar a los Grupos de Operaciones Digitales (GOD).
Sin embargo, la herramienta que la institución buscaba no estaba disponible en el catálogo electrónico de Convenio Marco, por lo que no fue posible obtener valores referenciales a través de ese mecanismo.
Es por ello que se impulsó una consulta al mercado (891361-1-RFI26), pero esta no obtuvo respuestas. En consecuencia, la PDI señala que la empresa Digitoforense no pudo ingresar su oferta a través de la plataforma y que solicitó enviar su cotización por correo electrónico.
Así, la PDI señala que el 27 de marzo de 2026 la empresa Digitoforense cotizó que los precios de la licencia Graykey Advance con Axiom Incluido (plataforma de integración de datos para percepción centralizada) varían entre los $185.000 y $300.000 dólares.
Pero la institución necesitaba una empresa más para saber si el monto de $840 millones era suficiente y no quedarse con una sola cotización.
Tres días después, el 30 de marzo de 2026, la empresa Forentek envió una segunda cotización por tres licencias Magnet Graykey Premier con Axiom Essentials.
Con ambas cotizaciones, el informe indica que el comisario Eduardo Hinojosa Albornoz concluyó, el 20 de abril de 2026, que, del análisis del caso de Digitoforense, la opción básica, considerando la adquisición de tres unidades, alcanzaba un monto de $516 millones, mientras que la opción robusta por tres unidades era equivalente a $836 millones.
Comparado con el caso de Forentek, las tres licencias alcanzaron la cifra de $929 millones. Aquello permitió concluir que el presupuesto institucional era factible económicamente, dada la brecha entre el mínimo ofrecido por Digitoforense y el máximo ofrecido por Forentek. De esta forma, el informe confirmó que el presupuesto de $840 millones era suficiente para adquirir sistemas de alta complejidad con soporte técnico por 24 meses.
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Sin embargo, los antecedentes societarios y comerciales de ambas empresas muestran que existían vínculos entre ellas. Según registros del Diario Oficial, Cristóbal Couyoumdjian es propietario de la sociedad Digitoforense SpA, constituida en abril de 2019 y Forentek, constituida en junio de 2025.
A esto se suma un antecedente relacionado directamente con el fabricante del software. Según una carta de autorización exclusiva emitida por Magnet Forensics, Digitoforense SpA es el socio autorizado exclusivo de la empresa para entidades públicas en Chile, con autorización válida hasta el 31 de diciembre de 2026.
De acuerdo con ese documento, Digitoforense mantenía la representación exclusiva de Magnet Forensics para entidades públicas en Chile durante el período señalado. En ese contexto, surge la interrogante respecto de las condiciones bajo las cuales Forentek pudo presentar una cotización por licencias de Magnet Graykey.
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Sin embargo, no fue el único caso en que ambas empresas participaron en este tipo de cotizaciones.
Un segundo informe económico de la PDI, de junio de 2026 y destinado a la Jefatura Nacional de Ciencias Forenses (JENACIF), concluyó necesaria la adquisición de una (01) licencia avanzada tipo Graykey.
Nuevamente ocurrió lo mismo. Al no estar el tipo de software disponible en el catálogo de Convenio Marco, se procedió a una consulta al mercado para contar con antecedentes económicos que permitieran evaluar los montos.
La institución recibió el 18 de mayo de 2026 una cotización de Forentek por un monto equivalente a $185.573.422. Dos días después, el 20 de mayo de 2026, vino la oferta de Digitoforense por un monto de $185.012.519. Con ambas cotizaciones, la institución evaluó que el presupuesto de $200 millones era económicamente factible.
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En adición a este entramado de cotizaciones, Digitoforense ofertó montos diferentes para el mismo producto en distintas licitaciones. En concreto, en la oferta económica para la licitación de tres licencias Graykey, el precio unitario del producto fue de $235 millones, mientras que en otras dos ofertas cotizó el precio unitario del mismo producto en $168 millones. Una diferencia entre ambos valores que alcanza los $67 millones por unidad.
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Cristóbal Couyoumdjian recibió personalmente a Interferencia para conversar sobre los antecedentes expuestos en este artículo y entregar su versión de los hechos. “El que nada hace, nada teme”, comienza señalando a esta redacción.
El empresario explica que Digitoforense y Forentek funcionan de manera conjunta, con el objetivo de potenciarse entre sí. Detalla que Forentek está a cargo de las labores asociadas al marketing de la empresa y de los vínculos con los clientes, mientras que Digitoforense se ocupa de los productos que comercializan. "Forentek no ha participado de ninguna licitación pública", precisa y afirma que nunca pensó que la comparación entre ambas empresas pudiera ser interpretada como una simulación de competencia.
"Forentek no se presentó como distribuidor autorizado de Magnet Forensics y tampoco participó posteriormente en la licitación compitiendo con Digitoforense. Su cotización fue emitida como respuesta a un requerimiento recibido", explica.
Respecto de la diferencia entre los montos de los precios unitarios, afirma que esta se debe a que cada uno de los softwares de extracción puede incorporar distintos elementos adicionales, lo que hace variar el costo de la herramienta dependiendo de las funciones que incluya.
Por último, señala que, si bien las bases de la licitación establecen que el software debe ser “similar o superior” a Graykey, la PDI estaría interesada específicamente en contar con este producto, dado que ya dispone de otras herramientas presentes en el mercado, como UFED o XRY. A su juicio, diversificar las herramientas disponibles permite a la institución ampliar su capacidad de respuesta frente a distintos escenarios.
Interferencia consultó a la Policía de Investigaciones (PDI) sobre los antecedentes abordados en este artículo y reproduce íntegramente su respuesta:
En cuanto a su pregunta, se informa que los mecanismos de control que utiliza la PDI están orientados, entre otros aspectos, a detectar eventuales conflictos de intereses establecidos en la ley que inhabiliten a los proveedores para contratar con la institución. Cuando un integrante de la misma incurre en un conflicto que lo inhabilita, obrar de otra forma, extendiendo lo que señala la propia ley a otros casos, jurisprudencialmente se ha entendido en otras situaciones como discriminación arbitraria.
Respecto de los conflictos de interés y la dependencia laboral cruzada entre oferentes a que hace referencia, estos están regulados por el artículo 9° de la Ley de Compras y el artículo 60° de su Reglamento Complementario.
Cabe hacer presente que la Policía de Investigaciones de Chile da cabal cumplimiento a la normativa que regula sus adquisiciones. Para determinar los presupuestos de sus adquisiciones, recurre a consultas al mercado, con el objeto de obtener información de manera universal y transparente. Al momento de materializar sus adquisiciones, exige a todos los proveedores que participan en los procesos la presentación de declaraciones juradas que acrediten la inexistencia de conflictos de interés e inhabilidades para contratar con la institución, conforme a la ley.
Asimismo, en el caso de sus contrataciones directas, cumple con todos los trámites que exige la normativa para materializarlas, según la causal que se invoque, procediendo a publicar previamente su intención de compra en el portal Mercado Público durante cinco días, antes de dictar cualquier acto administrativo, a objeto de que cualquier interesado pueda exponer lo que estime pertinente respecto de su procedencia o de la causal invocada. En este caso, tal como ustedes señalan, se trata de un oferente único.
A su vez, esta redacción consultó en una segunda ocasión: “¿La PDI consideró que Digitoforense y Forentek constituían dos oferentes independientes al momento de utilizar sus respectivas cotizaciones para determinar la factibilidad económica de la adquisición?”. Sin embargo, al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.






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