En 1968 el general Juan Velasco Alvarado encabezó un golpe de Estado reformista e inició una rápida reforma agraria en la costa y en los faldeos de Los Andes peruanos. Parte de las nuevas tierras y la mano de obra barata fueron empleadas por los narcotraficantes colombianos que se preparaban para entrar al mercado norteamericano. Los nacientes carteles de Medellín y de Cali escogieron el valle del río Huallaga, en el noreste del Perú, como centro de producción porque allí las variedades de la coca son muy ricas en alcaloides. Y mientras crecían las plantaciones, otro proceso germinaba entre los campesinos indígenas.
En 1964, el Partido Comunista Peruano se dividió entre los prosoviéticos y los prochinos. De éstos últimos, se escindió en 1967 una vertiente que formó Sendero Luminoso. Ese mismo año, los guerrilleros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) impulsaron una rebelión de corte castrista.
A comienzos de los años 70, en Perú sólo existían 1.500 hectáreas de cultivos de coca que producían unas 3.500 toneladas de hojas, cantidad que se había mantenido estable largo tiempo y bastaba para el consumo de la población indígena, habituada por siglos a su ingestión.
En agosto de 1975, el general Francisco Morales Bermúdez depuso al gobierno de Velasco Alvarado y reimplantó el predominio de los grupos de poder más tradicionales. Los casi 600 mil blancos continuaron controlando las riquezas del país y los amerindios, cholos, mulatos, mestizos y zambos, la enorme mayoría de la población, siguió en la miseria.
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En la amazonía peruana, entre las localidades de Tingo María y Tarapoto, se agrupaban numerosos poblados de inmigrantes que al sentirse abandonados por el Estado, optaron por cultivar coca. Los colombianos instalados en el lugar ya reclamaban hoteles, restaurantes, automóviles, discotecas, prostíbulos y orquestas limeñas para amenizar sus fiestas y hacer más cómoda su estadía.
La lucha armada iniciada por Sendero Luminoso en mayo de 1980 con el brutal gesto de colgar cientos de perros en los postes del alumbrado público, buscó el control total de las actividades productivas, sociales y políticas. Los hombres de Abimael Guzmán, el “Camarada Gonzalo”, amenazaron a los habitantes, juzgaron a sus autoridades y designaron a dedo a sus reemplazantes. Se movilizaban en grandes grupos, fuertemente armados y dispuestos a enfrentarse con quien fuese. Desde abril de 1987, Sendero proclamó zonas liberadas, expulsó a las fuerzas policiales y obligó a los narcotraficantes a desarmarse.
Los productores de coca deseaban protección y más dinero. Sendero les ofreció defenderlos y extirpar el alcohol, la violencia y el relajo moral que habían impuesto los colombianos. Los guerrilleros obligaron a trabajar a todo el mundo, cerraron los garitos, los burdeles y los clubes nocturnos; asesinaron a los homosexuales y desterraron a las prostitutas; y castigaron el adulterio de ambos sexos, llegando a rapar a los hombres, dejándoles dos mechones en la frente a modo de cuernos.
Abimael Guzmán prohibió a los colombianos cambiar sus dólares en las agencias bancarias e instruyó a los campesinos sobre cómo y a quién vender su producción.
El comercio de hojas de coca y de PBC en la región proporcionaba ingresos cercanos a los 600 millones de dólares. El cinco por ciento, unos 30 millones, era para los senderistas.
En septiembre de 1989 una hectárea de tierra fértil producía mil kilos de coca, a tres dólares el kilo; una hectárea de café entregaba 400 kilos a dos dólares el kilo; una de cacao, 500 kilos a un dólar cada uno; una hectárea de achiote (planta cuyo polvo es de amplio uso farmacológico), 600 kilos a 0,90 el kilo. La coca salía por vía aérea hacia Colombia; los productos agrícolas viajaban a la costa por malas carreteras.
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La PBC era vendida en bolas de un kilo; cada una valía de 350 a 400 dólares en 1988. Al terminar 1989, su precio bajó a 150 dólares y a 50 en agosto de 1990. Tres kilos de PBC rinden uno de pasta lavada, que en junio de 1989 valía 400 dólares.
A fines de los años 80 en el Alto Huallaga, vivían 60 mil familias, cada una de las cuales poseía entre dos y cuatro hectáreas de cocales. Desde 1979 a 1989, Estados Unidos entregó ocho millones de dólares anuales para que las plantaciones de coca fueran arrancadas. No obstante, los precios de los cultivos alternativos siguieron bajando. Expertos peruanos sugirieron a las autoridades norteamericanas que para terminar con la coca subieran el 30 por ciento del precio de los productos sustitutos y que se les diera prioridad a su ingreso a los mercados estadounidenses. También recomendaron apoyar la creación de agroindustrias procesadoras de café y de chocolate. Ninguna iniciativa tuvo éxito.
En 1989, cuando la inflación llegó al 2.111 por ciento anual y la economía peruana se despeñaba, surgió la candidatura de Alberto Fujimori, quien luego de romper todos los pronósticos, asumió la presidencia del país el 28 de julio de 1990. En los últimos diez años la lucha en contra de la guerrilla y del narcotráfico había provocado más de 17 mil muertos y cerca de 15 mil millones de dólares en pérdidas materiales.
En 1991 la ciudad de Lima tenía 6,5 millones de habitantes. Sólo tres décadas antes, en 1961, albergaba a 1,8 millones. El 52 por ciento de las industrias era informal y más del 60 por ciento de la población vivía en extrema pobreza. Ese mismo año, unas 200 mil familias estaban dedicadas a los cultivos de coca, en un mercado donde los narcos movían unos 700 millones de dólares y los campesinos recibían un promedio de 700 dólares anuales por persona. En las selvas ya se estaba refinando la PBC y enviando la cocaína directamente a Estados Unidos y Europa, resultado directo de la guerra del estado colombiano con los carteles de Medellín y de Cali.
El 5 de abril de 1992, Fujimori decidió dar un golpe de Estado, apoyado por los militares. Uno de los argumentos que usó para disolver el Congreso y arrogarse poderes casi dictatoriales fue que parlamentarios corruptos bloqueaban reformas destinadas a detener el cultivo y exportación de coca. Al mismo tiempo, los militares anunciaron que asumían el control de todas las pistas aéreas existentes en el Alto Huallaga.
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El economista Hernando de Soto, autor del libro “El otro sendero”, afirmó que Fujimori había guardado silencio cuando funcionarios estadounidenses le preguntaron por qué salían cargamentos de droga desde pistas de aviación controladas por los militares.
Hasta ese momento el sueño de un alto oficial militar peruano era ser enviado a un cargo diplomático en Londres, París, Bonn, Roma o Washington. Ahora se peleaban por lograr el mando en una unidad en el valle del Huallaga. Oficiales corruptos cobraban una especie de peaje a los aviones de los narcotraficantes. Ello les reportaba entre 20 mil y 50 mil dólares mensuales.
El senador Raúl Ferrero Costa estimó que el gobierno de Fujimori había interceptado 60 avionetas con droga durante un año. “La cifra es ínfima si se calcula que hay 30 vuelos diarios de avionetas en el valle del Huallaga”, agregó el senador, titular de la Comisión de Justicia del disuelto Congreso.
Fujimori dispuso a partir de su autogolpe de abril de 1992 que él sería quien decidiría el ascenso de los oficiales de las fuerzas armadas. Uno de sus asesores en el tema era Vladimiro Montesinos, un ex capitán vinculado a la CIA, principal consejero del general Julio Salazar Monroe, director del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú (SIN). Montesinos había sido expulsado del Ejército en 1976 por vender secretos militares relativos al armamento soviético en manos de las fuerzas armadas. Tenía estudios de Derecho y se transformó en un conocido abogado de los traficantes de drogas colombianos y peruanos, además de ayudarles a fugarse o hacer desaparecer los expedientes judiciales. Logró sacar del paso a un grupo de oficiales superiores de la policía que protegía al padrino mafioso Reynaldo Rodríguez López, detenido en 1985. Montesinos también hizo desaparecer, en 1989, unas actas procesales sobre operaciones de bienes raíces dudosas realizadas por Alberto Fujimori.
Ciertos observadores consideraban que el autogolpe de abril de 1992, en cuya preparación Montesinos desempeñó un papel importante, tuvo como objetivo principal borrar las pruebas de la complicidad del ejército en el tráfico de drogas y en las violaciones de los derechos humanos.
Entre el 5 y el 10 de abril, comandos del ejército habrían hecho desaparecer un tercio de los legajos concernientes a casos en curso, que se encontraban en el Palacio de Justicia y en los locales de los servicios de la Fiscalía General del Perú.
Corresponsales del hoy desaparecido Observatoire Geopolitique des Drogues, una de las instituciones más prestigiadas del mundo en el tema del narcotráfico, afirmaron que todo indicaba que Fujimori podía contar con la fidelidad absoluta del Ejército y que le bastaba con dejar que los oficiales se financiaran con el comercio de la PBC.
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Inquietud en Chile
En agosto de 1992, oficiales de Carabineros advirtieron que la mayor amenaza para Chile provenía de una nueva organización criminal denominada el cartel de Lima, que había llegado a controlar gran parte de la venta de hojas de coca y que estaba incursionando rápidamente en la refinación. Uno de los temores de los policías era la repetición en la zona fronteriza chileno-peruana de la alianza de ‘‘Las ratas de la costa’’, un acuerdo entre traficantes colombianos y venezolanos dedicados al lavado de dinero para adquirir propiedades, comercios y casas de cambio de moneda.
En septiembre de 1993 agentes de la Policía de Investigaciones consiguieron ubicar en Chile a los cabecillas de una importante conexión del cartel de Lima que desde hacía varios años enviaba grandes partidas de cocaína a Europa.
Los detectives arrestaron en una lujosa residencia de la Vía Roja, de Lo Curro, al peruano Jorge Saer Becerra, 41 años, quien se encontraba ilegalmente en Chile desde 1989 bajo la identidad de Jorge Antonio Sáez Rivero. El peruano era buscado por Interpol en Inglaterra, Australia, Italia, España y Alemania. La policía germana lo sindicaba como uno de los principales involucrados en la internación de 2.854 kilos de cocaína refinada a Berlín. El gobierno alemán pidió a Chile la extradición de Saer y policías de ese país viajaron a Santiago a fines de octubre de 1993 para llevárselo.
Un día antes de que la Corte Suprema aprobara su detención preventiva para ser deportado, misteriosamente logró obtener la libertad bajo fianza y salió de la ex Penitenciaría para huir al extranjero.
Saer Becerra, conocido en Perú y Colombia como “El Coqui”, era un importante miembro del cartel de Cali, y había internado a Chile cerca de una tonelada de cocaína que fue almacenada en una bodega de Las Condes, y posteriormente enviada a mercados extranjeros en sucesivos embarques. Estaba vinculado a otro narcotraficante peruano que estuvo radicado en Chile, Juan Guillermo Cornejo Hualpa, que usaba el nombre falso de Jorge Acosta Vargas, y que tras conocerse la captura de Saer huyó hacia argentina abandonando un patrimonio de dos millones de dólares. Dejó su mansión en Lo Curro, su parcela en la zona central y sus empresas. Este peruano era muy cercano a Reynaldo Rodríguez López, “El padrino” de la droga en Lima en la década de los 80’
Durante las pesquisas, Investigaciones había pedido reiteradamente la colaboración a las policías de Perú y Bolivia sin conseguir mucho. Era evidente, además, que muchos de los antecedentes proporcionados a los policías peruanos les eran entregados a los propios delincuentes para que evitaran ser capturados.
Poco tiempo después los agentes chilenos comprobaron que Saer había sido visto en algunos elegantes restaurantes de Santiago acompañado de Eugenio Berríos, el ex químico de la DINA, la primera policía secreta de Pinochet, quien apareció asesinado en Uruguay luego de haber sido sacado clandestinamente del país por miembros de la inteligencia del ejército chileno.
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“Vaticano” y “Lan Chile”
En marzo de 1994, el narcotráfico en Perú era controlado por ocho organizaciones principales que se repartían los beneficios del negocio de las drogas. La DEA, informó que tras la captura de Demetrio Chávez Peñaherrera -alias “Vaticano”- el 14 de enero de 1994 en la ciudad colombiana de Cali, otros narcos se aprestan a ocupar su lugar.
“Vaticano” era sindicado como el mayor narcotraficante peruano y se le atribuía el control anual de unos 60 mil kilos de PBC lavada, equivalentes a 900 millones de dólares, que enviaba al cartel de Cali. El mismo día de su arresto fue deportado a Perú y rápidamente condenado a 30 años de cárcel. Algunos policías peruanos afirmaban que el condenado sería reemplazado por su hermano Elías, alias “Lan Chile”.
“Vaticano” tenía un competidor, el colombiano Waldo Vargas Arias -alias “El Ministro”- quien controlaba el despacho de unos 40 mil kilos de pasta lavada hacia Cali y que había montado laboratorios para producir cocaína de alta pureza.
Otros postulantes para transformarse en los “barones” de la coca eran los hermanos Cachique Rivera, con bases en todo el Perú y que no sólo estaban relacionados con el cartel de Cali sino también con importantes organizaciones criminales de Europa. A la zaga, se ubicaban a la espera otras seis organizaciones menos conocidas aunque poderosas que operaban en Ayacucho, en las cercanías de Tacna y en Madre de Dios, territorio que limita con Bolivia y Brasil.
Un mes después, en abril de 1994, los miembros de una comisión especial de parlamentarios, anunciaron que unos 100 oficiales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y 250 de la Policía Nacional estaban involucrados en casos de narcotráfico, sumándose a otro centenar de oficiales que ya habían sido sentenciados.
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En abril, se informó que por primera vez un general peruano sería sometido a la justicia civil por un delito vinculado al tráfico de estupefacientes. Se trataba del general Jaime Ríos Arayco, jefe del comando político militar de la zona del Alto Huallaga, quien sería procesado junto a otros 11 oficiales.
En ese instante, las mafias de la droga controlaban el 60 por ciento de la amazonia peruana, donde un millón 200 mil personas se dedicaban al cultivo y a la refinación de coca que era movilizada en su mayoría a través de 300 pistas aéreas clandestinas, en un mercado clandestino que ya llegaba a los mil millones de dólares anuales.
Expertos judiciales advertían que el 80 por ciento de las mujeres recluidas en el país estaban purgando condenas por narcotráfico. La mayoría eran mujeres pertenecientes a los estratos más pobres y que habían sido sorprendidas vendiendo pasta base. Les seguían en número las “mulas” que transportaban droga al exterior, casi todas jóvenes hermosas, modelos o de procedencia universitaria.
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Las “firmas” peruanas operaban, principalmente, en las cuencas amazónicas cercanas a las fronteras con Colombia y Brasil. En la segunda mitad de los años 90 se habían detectado alrededor de 25 organizaciones muy activas, entre las que sobresalían las dirigidas por José María Aguilar Ruiz, “Shushupe”; Waldo Simeón Vargas Arias, “Ministro”; Lizardo Macedo Santillán, “Cristal”; los hermanos Cachique Rivera; Lamber Rengifo Tello; Diego Vallejos Reyes, “Albino”; y, Julio Daniel Augurto Lugo, “Camello”.
En tanto, el 40 por ciento de los 23 millones de peruanos seguía siendo pobre, sin alcanzar siquiera lograr satisfacer sus necesidades básicas. El rápido enriquecimiento que brindaba el narcotráfico se imponía como una de las formas más rápidas y seguras para abandonar la miseria. En este escenario, Fujimori logró imponerse nuevamente en las urnas y asumió en julio su segundo período al frente del gobierno.
A fines de octubre de 1995, otros once altos oficiales del ejército peruano -dos generales, tres coroneles, cuatro capitanes y dos tenientes-, fueron acusados por un fiscal ante los tribunales de justicia peruanos por tráfico de drogas.
Los generales implicados fueron identificados como David Jaime Sobrevilla, quien actuó en 1992 como jefe del comando político militar de la zona del Mantaro, y Macdonald Pérez Silva, miembro de su estado mayor. Sobrevilla era llamado ‘‘El Abuelo’’ por los narcos, y fue acusado de colaborar con el narcotraficante Abelardo Cachique Rivera -alias “El Negro”- condenado a cadena perpetua.
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La acusación se sumaba a las realizadas en los dos últimos años en contra de otros tres generales. Uno de ellos el general Jaime Rios Araico, ex jefe del frente de Huallaga, acusado de colaborar con Demetrio Chávez Peñaherrera, “Vaticano”, quien tras ser detenido relató a la justicia los detalles de su relación con Vladimiro Montesinos.
Uno de los casos más sorprendentes fue el uso del avión presidencial para transportar cocaína al resto del mundo. Miembros de la Fuerza Aérea Peruana, FAP, cargaron 93 kilos en un viaje a Moscú, 15 kilos rumbo a Islas Canarias, 30 kilos en dos viajes a Miami y 174 kilos que iban a ser desembarcados en una gira de Fujimori a Europa en mayo de 1996. Uno de los principales responsables de los cargamentos era el edecán aéreo del mandatario de origen japonés.
Mañana: El imperio de los yakuza
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