Como una bola de nieve crece la presión sobre el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, por su defensa a los intereses de las AFP en distintas causas en los últimos años.

Tras años como intendente de Seguros en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS, hoy Comisión para el Mercado Financiero), Macías llegó a dirigir la superintendencia de Pensiones a comienzos de 2016, tras la polémica salida de Tamara Agnic, quien dejó su cargo por el escándalo de la aprobación de la fusión entre AFP Cuprum y Argentum a fines de 2014, que le permitió obtener un beneficio tributario de 80 mil millones de pesos.

Hoy, Macías está contra las cuerdas. Su obstinada defensa al rechazo en la entrega de los balances diarios y las notas explicativas de las AFP en el llamado caso del ‘ciudadano Rodríguez’ y su actuación en el caso Argentum-Cuprum han puesto los ojos de la oposición sobre él.

En el primer caso, ayer el presidente de la DC, Fuad Chahin y el diputado DC Raúl Soto, integrante de la Comisión de Trabajo,  ingresaron a la Contraloría una solicitud de pronunciamiento sobre la legalidad de las actuaciones del Superintendente de Pensiones en dicho caso pues “asumió la representación de los intereses de las entidades sujetas a su fiscalización, en lugar de defender los intereses del afectado”, esto es Esteban Rodriguez, el ciudadano que vía transparencia requirió la entrega de los balances diarios y las notas explicativas de las AFP, donde yacen los detalles financieros de todo lo que hacen las privadas con los ahorros de los afiliados, entre ellos, las conocidas comisiones fantasmas que se cobran para invertir los dineros dentro y fuera del país.

“Hemos venido a hacer un requerimiento para se declare el actuar ilegal del superintendente Osvaldo Macías. En un fallo histórico en contra de la superintendencia,  se declaró que la información solicitada por el ciudadano Rodríguez tenía que ser entregada  y que dice relación con toda aquella información que tienen las AFPs  sobre la inversión que hacen con los ahorros de los chilenos. Creemos que el Superintendente ha actuado de manera ilegítima e ilegal al defender judicialmente a las empresas a las cuales está llamado a fiscalizar y con recursos públicos. Creo que lo que debe venir es que él de un paso al costado y  se le debe solicitar su renuncia”, dijo Soto.

Fuad Chahin, en tanto, adelantó que harán un estudio con la información requerida a las AFP para verificar si “efectivamente han actuado apegadas a la ley o no”, asegurando que “tenemos fundadas sospechas de que no es así”.

El timonel de la DC calificó como inaceptable y el “el mundo al revés” que “el fiscalizador ha actuado defendiendo a los fiscalizados y no a los afiliados”. “¿Para qué? Para que no le entreguen información de interés para los afiliados en lugar de haberlo hecho las propias AFP como lo dice el fallo, quienes tienen suficientes recursos técnicos y financieros para defenderse por sí solas”.

Chahín agregó que contrario a todo, el superintendente “ha asumido la defensa de las AFP, gastando recursos públicos, y además infringiendo la ley, pero también lo ha hecho mintiendo descaradamente, pues dijo que se iban a utilizar más de 1500 horas hombres y que por lo tanto era prácticamente imposible, demasiado costoso, para la institución poder acceder a la información, pero a partir del requerimiento por ley de trasparencia logramos descubrir que las minutas internas daban cuenta de que en realidad las horas hombres eran muy inferiores –menos de 200 horas hombres- y que por tanto era absolutamente posible entregar esa información”.

No sólo los diputados presionarán contra Macías a través de Contraloría. Soto anunció la semana pasada que preparan la creación de una comisión investigadora sobre el caso, lo que podría abrir una caja de pandora  respecto de la forma en que la superintendencia ha actuado en este caso, pues Rodríguez puso en evidencia en la Corte que la autoridad sectorial tenía la información requerida y utilizó documentos de causas anteriores para negarla.

Good will para las AFP

No es la única causa donde Chahin se enfrenta a la superintendencia.

En la Corte de Apelaciones se disputa desde octubre del año pasado la mantención de los 80 mil millones en beneficios tributarios que obtuvo el grupo estadounidense Principal, que en 2013 compró la AFP Cuprum al malogrado grupo Penta, luego que la superintendencia aprobara la creación de AFP Argentum, una administradora de papel creada solo para fusionarse con Cuprum y lograr así el llamado good will tributario, por el cual dejarán de pagar la cantidad señalada al Fisco.

El 25 de octubre del año pasado, el actual presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahin, presentó junto a un grupo de abogados liderado por Alfredo Ugarte, un recurso de nulidad contra la autorización de la superintendencia a la fusión.

Tras meses de dilatación, en que le fue impugnada la legitimación de Chahin para seguir el caso pues ya no era parlamentario (lo que la corte rechazó), se sigue a la espera de la vista de la causa.

En las últimas semanas, el caso tomó fuerza luego que se publicara el informe de factibilidad que presentó Argentum ante la superintendencia en 2014, en base al cual Agnic aprobó la creación de argentum primero y luego la fusión con Cuprum el 2 de enero de 2015.

Dicho documento revela que el plan de negocios de Argentum era un copy paste del de Cuprum pero además, evidenció compromisos que la AFP nunca cumplió. Entre ellos, elevar comisiones y ser líder en rentabilidad, como reveló INTERFERENCIA en octubre pasado.

Paradojalmente, Chahin no ha tenido que litigar con la superintendencia de Pensiones, sino con el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que asumió la representación de Macías, pese a que el reclamo de Chahin es por los ingresos del fisco que están en juego.

Por ello, un grupo de diputados, incluyendo al RN Mario Desbordes, envió el pasado 15 de noviembre un oficio al CDE para que explique esta situación. El documento lo firman los parlamentarios Matías Waker, Ivan Flores, Danie Verdessi, Mario Venegas, Jorge Sabag y Pablo Lorenzini y Joanna Pérez  de la DC, Mario Desbordes (RN), y Cosme Mellado junto a José Pérez del Partido Radical.

En la carta solicitan que se remita a la Cámara Baja “los antecedentes de respaldo, sustento técnico y jurídico que se han desarrollado por parte de vuestro Consejo, para enfrentar la demanda de nulidad de derecho público entablada contra la Superintendencia de Pensiones, en los términos que requieren”.

El documento, enviado por el prosecretariado de la Cámara, advierte que “si la respuesta a este oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República”.