Luego de 24 días de huelga, la jornada de hoy puede ser clave para destrabar el conflicto entre entre la concesionaria Terminal Pacífico Sur de Valparaíso, controlada por las empresa Ultramar y Ultraport  –ligada al grupo Von Appen– y los trabajadores eventuales del puerto de Valparaíso.

Tras una nueva escalada en el conflicto, que incluyó el día de ayer una paralización en solidaridad con los trabajadores movilizados que se extendió por dos horas en los puertos de  Huasco, Chañaral, San Vicente, Huachipato, Penco, Lirquén, Coronel y Puerto Montt, los trabajadores, el gobierno, la municipalidad y todos los servicios afectados se encuentran expectantes de  de la reunión a la que convocó la Dirección del Trabajo (DT). 

“La Unión Portuaria de Chile hoy realizó una movilización de apoyo con los trabajadores eventuales de Valparaíso, que es también una advertencia. Ahora estamos a la espera de lo que pueda suceder mañana (hoy), ya que tenemos supuestamente una mediación a la que convocó la Dirección del Trabajo y vamos a ver si llega TSP”, señaló a INTERFERENCIA, Pablo Klimpel, dirigente y vocero de los trabajadores movilizados.

Intransigencia y prácticas antisindicales: el estilo Von Appen

Quienes tienen menos esperanzas en la cita convocada por la DT son los trabajadores y tienen motivos para desconfiar.

La movilización se inició el día viernes 16 y luego de los primeros cinco días de paralización, la Municipalidad de Valparaíso, encabezada por el alcalde Jorge Sharp, convocó a una reunión entre los sindicatos y las empresas que manejan los dos terminales del puerto: TSVAL y TPS, pero ninguna se presentó.

Frente a este escenario, la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, en conjunto con Mario Livingstone, asesor laboral del Ministerio del Trabajo, convocó a los trabajadores en huelga a una reunión en Santiago para mediar ante las empresas sus demandas y buscar una salida a la paralización de actividades.

A la cita asistieron dirigentes y delegados de los sindicatos UNIPORT,  SUDEMP y Estibadores Portuarios Valparaíso, quienes firmaron un acuerdo con las autoridades para terminar la huelga.

Este compromiso significaba un bono de un millón de pesos, un préstamo blando de $500 mil, una mesa para discutir condiciones de trabajo, operaciones y seguridad con el fin de mejorar las condiciones laborales y el compromiso de la empresa de no tener represalias contra los trabajadores que participaron de la paralización.

Por su parte, las autoridades centrales acordaron garantizar una respuesta por parte de la empresa TCVAL más tardar a las 13 hrs. del día jueves 29 noviembre. En cuanto a la empresa TPS, el gobierno realizaría las gestiones pertinentes con la empresa para conformar una mesa de trabajo el día viernes 30 de noviembre del presente.

Finalmente los trabajadores llegaron a un acuerdo con TCVAL y su empresa de muellaje OPVAL, levantando la huelga el viernes 30 de noviembre, pero ese mismo día, TPS no se sentó a negociar con los trabajadores y desechó los esfuerzos del ejecutivo.

Esta situación provocó una escalada en el conflicto y el domingo 2 de diciembre, Pablo Klimpel denunció a INTERFERENCIA que TPS estaba convocando a los trabajadores a deponer el paro, ofreciéndoles turnos por $70 mil y $90 mil pesos, cuando siempre bordean los $34 mil, además de un bono de $400 mil para quienes rompieran con la paralización.

Al día siguiente la Unión Portuaria del BioBío lanzó una primera señal de advertencia en solidaridad con Valparaíso y comunicó su decisión de no trabajar con ninguna carga, ni embarcación remolcada por máquinas pertenecientes al grupo Von Appen. Además convocó a una reunión nacional para analizar los pasos a seguir frente a la negativa de la empresa ante las demandas de sus trabajadores eventuales.

Sin ninguna respuesta por parte de TPS, el gobierno volvió a la carga y esta vez tomó acciones más drásticas. El pasado viernes, sacó de la presidencia de la Empresa Portuaria de Valparaíso a Raúl Celis, por diferencias en torno a la solución del conflicto y al mismo tiempo, le advirtió a Ultraport que debía garantizar la continuidad del servicio o de lo contrario podría perder el contrato.

Pese a estas señales, la intransigencia del grupo Von Appen ha persistido, acarreando una movilización por más de tres semanas que ha terminado - de acuerdo a las cifras entregadas por la Cámara Aduanera - con pérdidas que superan los US$400 millones. Cuestión que ha afectado el comercio, las exportaciones y el turismo.