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Domingo, 25 de octubre de 2020
A una semana del 'Acuerdo por la Paz'

Quinta semana de movilizaciones cierra con masiva marcha

Nicolás Massai D.
Andrés Almeida

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Foto: PiensaPrensa
Foto: PiensaPrensa

El acuerdo constitucional alcanzado por el Gobierno y los principales partidos políticos no logró dar paso a un periodo de de post-crisis. Por el contrario, la semana acaba con por lo menos 100 mil personas saliendo a marchar solo en Santiago, tras días de inestabilidad social. Varios factores agitan los ánimos, como el rotundo rechazo del piñerismo al informe emitido por Amnistía Internacional.

La madrugada del viernes 15 de noviembre, los principales partidos políticos ofrecieron una imagen de unidad en las inmediaciones del ex Congreso Nacional, para comentarle a la ciudadanía que habían llegado a un "Acuerdo de Paz": habría plebiscito por una nueva constitución. Hasta la Plaza Italia una semana atrás fue cubierta de blanco para celebrar la "Paz" de un país que nunca estuvo en guerra. 

Con todo, ese día las manifestaciones bajaron ostensiblemente en cantidad, considerando que –luego de la experiencia de varias semanas de movilizaciones– los viernes son los días más intensos.

De tal modo, los políticos esperaban el cese paulatino de las manifestaciones a lo largo del país. En pocas palabras, apostaban a iniciar un escenario de post-crisis; en el que pudieran afinar los detalles del acuerdo político (lo que no ha sucedido, pues más bien han surgido discrepancias por sus zonas grises); instalar un acuerdo social similar, capaz de apaciguar los ánimos; y promover una agenda de seguridad, acicateada por los medios de comunicación afines, que connotara lo que está sucediendo hacia su faceta delictiva (quemas y saqueos), de modo que disminuyera la adhesión ciudadana a la movilización. 

Ocurrió algo distinto: este viernes, por ejemplo, se reunieron –a juicio de los periodistas de INTERFERENCIA en las calles, quienes han presenciado todas las marchas y pueden comparar las longitudes y densidades de cada evento– al menos unas 100 mil personas en la Plaza Italia, denominada a partir del estallido social como Plaza de la Dignidad. En otras palabras, se trata de una marcha significativamente mayor que la del viernes pasado (probablemente el doble), cuyas consignas continúan siendo contra del presidente Sebastián Piñera, exigiéndole su renuncia y manteniendo, a su vez, la protesta por el actuar de Carabineros desde el 18 de octubre a la fecha, lo que ha significado una crisis de violaciones a los derechos humanos en el país.

La Espada de Damócles de los derechos humanos

Precisamente esta última arista complicó al Gobierno, especialmente desde este jueves 21 de noviembre, luego de que la ONG Amnistía Internacional entregara sus principales hallazgos de una investigación que realizó a partir del actuar de las Fuerzas Armadas y del Orden, identificando una "política deliberada para dañar a manifestantes”.

Las reacciones de distintas entidades estatales -Las Fuerzas Armadas y el Gobierno- a este informe fueron de rechazo absoluto. En una declaración conjunta del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, indicaron que rechazaban "categóricamente las afirmaciones del informe que señalan que habría existido ‘Una política de ataques generalizados contra manifestantes’, ya que no existió, ni existe ninguna política de las FFAA para dirigir ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil. Por ello, la extensa denuncia de Amnistía Internacional no contiene ninguna prueba directa o indirecta, de una orden, un acuerdo, o siquiera una insinuación de las FFAA en este sentido".

Ese mismo día, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, rechazó con vehemencia lo comunicado por la ONG, mediante un punto de prensa realizado en La Moneda. En ese lugar, un día después, Alberto Espina, ministro de Defensa, declaró que "Amnistía Internacional al decir que las Fuerzas Armadas están cometiendo ataque generalizados con la intención de dañar a quien se manifiesta, está afirmando un hecho extraordinariamente grave y falso".

La jugada es particularmente incómoda para el Gobierno, pues justamente fueron los informes de Amnistía Internacional, y otras ONG, con los que el oficialismo salió a atacar en su momento el régimen de Venezuela, razón por la cual los personeros de derecha han guardado un sepulcral silencio, lo que incluye a Sebastián Piñera.

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