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Domingo, 7 de marzo de 2021
Adelanto de libro sobre las islas que han servido de cárcel

Rapa Nui como leprosario y prisión política

Ernesto Carmona Ulloa (*)

rapa nui

Habitantes de Rapa Nui a fines del siglo XIX.
Habitantes de Rapa Nui a fines del siglo XIX.

En este extracto del libro “Islas-cárcel, castigo a la transgresión política”, Ediciones Mapocho Press, 2020, el autor analiza la evolución de la isla de Pascua como lugar de castigo para quienes se atrevieron en la historia de Chile a rebelarse en contra del poder establecido.

(*) Periodista, escritor, dirigente gremial, colaborador de INTERFERENCIA, fallecido en noviembre de 2020.

La Isla de Pascua –Rapa Nui– fue anexada a Chile en 1888. Las gestiones insistentes del capitán de corbeta Policarpo Toro Hurtado, de 32 años, convencieron al presidente José Manuel Balmaceda (1886-1891) de incorporar esa isla polinésica en un controvertido tratado con los  nativos, escrito en dos versiones no del todo coincidentes, una en polinésico, la otra en castellano.

Los pascuenses de verdad que sobrevivían en 1888 eran pocos y estaban absolutamente indefensos. Según el Museo Histórico Nacional de Chile la población se había reducido a 110 habitantes hacia 1877. Entre 1860 y 1863, navíos de distinta bandera esclavizaron a más de mil nativos para llevárselos a las guaneras y haciendas del Perú. Otro número importante de isleños fue trasplantado a Tahití por misioneros católicos. 

Ante el riesgo de extinguirse los rapanui necesitaban pertenencia a alguna nación –o someterse a un poder neo-colonial– que los protegiera y detuviera su creciente esclavización por traficantes catalanes al servicio de hacendados peruanos. Toro, que llegó a ser director de la escuela de grumetes, estuvo por primera vez en Pascua en 1875, pero en cada viaje posterior encontró más diezmada y empobrecida a su población, expuesta a la depredación de sus mujeres, abusos de piratería y esclavización. En la guerra civil de la oligarquía pro-británica contra Balmaceda, acaecida en 1891, este oficial no apoyó al bando ganador de la marina. Por mantenerse leal al Presidente constitucional fue arrestado y expulsado de la armada, situación que indirectamente agravó el abandono de la isla.

Nadie imaginó que el despreciado “Leprosario de Isla de Pascua”, así llamado por servir de refugio a enfermos de ese mal incurable, sería utilizado como campo de concentración de dirigentes políticos hostiles a las dictaduras del siglo 20, primero a la del coronel de ejército Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931) y, luego, a la del periodista y abogado Carlos Gregorio Dávila Espinoza, quien gobernó 3 meses, de junio a septiembre de 1932, tras derrocar la efímera República Socialista de 12 días (4 al 16 de junio, 1932).

Así se invirtió el flujo de relegados establecido hasta 1914 desde que Chile hizo suya la isla en 1888. Al revés de lo que ocurriría en el siglo 20, una vez que el Estado chileno tomó posesión de Rapa Nui comenzó a deportar al continente a los “revoltosos” locales de la elite nativa, en su mayoría disidentes políticos de las familias sabias que conocían la escritura de la lengua autóctona y sobrevivieron a la esclavización peruana . En este flujo de rapanuis deportados sistemáticamente a Chile hasta 1914, hacia 1913 fue secuestrado y deportado a Valparaíso el rey Simeón Riroroko, asesinado y desaparecido para siempre. Nunca se supo su destino final. En 1914 este vil asesinato generó en la isla un primer estallido social contra múltiples abusos del neocolonialismo chileno asociado al gran capital comercial inglés representado por Williamson & Balfour, que obtuvo la concesión de la isla para criar ovejas como lo hizo en Tierra del Fuego, bajo el paraguas de una Sociedad Explotadora de Isla de Pascua (SEIP). 

La protesta social de 1914 fue liderada por la nueva reina María Angata, entonces de 60 años y pobre de solemnidad. Los isleños, oprimidos y confinados por la SEIP al sector de Hanga Roa, no podían moverse de ese campo de concentración para no perturbar –o comérselas– a unas 55.000 ovejas que Williamson Balfour & Co. y sus socios trajeron de Tierra del Fuego en un arreglo –por supuesto “legal”– con el gobierno de Chile.

Los primeros relegados

Cuatro grupos de personalidades políticas, sindicalistas y activistas fueron confinados a la isla entre marzo de 1928 y octubre de 1932, en total 27 personas. Otros cientos de disidentes políticos –muchas veces mezclados con delincuentes comunes– fueron relegados simultáneamente por Ibáñez a diferentes islas solitarias –como La Mocha, Más Afuera (hoy, Alejandro Selkirk, archipiélago Juan Fernández), Calbuco– y/o a lugares entonces remotos, como Puerto Aysén y Punta Arenas, entre muchas otras localidades poco habitadas y muy hostiles para un citadino desprovisto del vestuario y las defensas naturales adecuadas para mantenerse saludable.

El primer grupo desembarcó a comienzos de 1928. Siete personas acusadas de encubrir un plan para “restablecer la democracia” fraguado en Francia por el ex presidente (1920-1925) Arturo Alessandri Palma.

La segunda tanda de desterrados fue de once dirigentes comunistas perseguidos por la dictadura de Ibáñez, prácticamente todo el Comité Central (CC) de ese partido. En respuesta a la Comisión Investigadora de los Actos de la Dictadura del Senado, el 24 de octubre de 1931, el ministerio del Interior certificó que según informe de la Sub Prefectura de Investigaciones de Valparaíso Maclovio Galdames Toro, Luis Peña Contreras, Andrés Escobar Díaz, Bernardino Donoso Álvarez, Elías Lafertte Gaviño, Aníbal González González, Gaspar Vásquez Cifuentes, Rufino Rozas Sánchez y Antonio San Martín Verdugo, detenidos el 2 de mayo de 1929 por causas que se ignoran, permanecieron en la Sub-Prefectura de Investigaciones de Valparaíso por orden superior y fueron embarcados en el Transporte Abtao con destino a la Isla de Pascua en octubre de 1931.

La tercera oleada fue integrada por cinco protagonistas principales –y un “allegado”– del fallido intento de golpe que se recuerda como el episodio del Avión Rojo, planeado para el 18 de septiembre de 1930 con el alzamiento del regimiento Chacabuco de Concepción. La operación, digitada desde Europa por Alessandri y alentada in situ, entre otros, por el general retirado Enrique Bravo Ortiz, en el rol de jefe militar de la insurrección fallida, terminó con todos los implicados en Rapa Nui. Incluso llegaron a la isla antes que en Concepción una corte marcial dictara la sentencia de confinamiento.

El cuarto grupo corresponde a los líderes de la República Socialista, expatriados por Dávila cuando derribó a ese gobierno de 12 días, del 4 al 16 de junio de 1932: Eugenio Matte Hurtado, “oveja negra” de una de las familias dueñas de Chile hasta el presente; el coronel de ejército Marmaduke Grove Vallejo y su hermano Jorge, dentista civil; el oficial Carlos Charlín Ojeda y el mayor Carlos Millán Iriarte (en su segundo confinamiento a la isla).

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Carlos Ibáñez del Campo.
Carlos Ibáñez del Campo.

La lepra: estigma social

Los relegados en Rapa Nui, una vez en libertad, vivían bajo sospecha de un contagio de lepra, incurable en aquellos tiempos.

El territorio isleño, que en esos años el Estado arrendaba a Williamson & Balfour, ya era una prisión para sus propios habitantes, de acuerdo al Informe del Consejo de Ancianos emitido para la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato 2003: Durante el dominio de la compañía inglesa [Williamson & Balfour], los rapanui estuvieron, por así decirlo, presos en su propia tierra no pudiendo traspasar los límites del núcleo habitado, ni siquiera pescar sin la autorización de las autoridades, cercados por alambradas puestas por todas partes. 

La SEIP, controlada por la sucursal en Valparaíso de la corporación británica Williamson & Balfour, obtuvo la concesión del Estado chileno a precio vil, una vez que éste hizo suya la isla polinésica tras expandirse a Perú, Bolivia y al territorio mapuche llamado Araucanía. La SEIP tuvo el control absoluto de la isla por más de medio siglo, desde 1895 a 1953. Enseguida gobernó una administración de la Armada (1953-1966), que siguió sometiendo a los isleños a violaciones diversas de sus derechos humanos, arbitrariedades y barbaridades.

El neocolonialismo británico se asoció con “dueños” postizos de Rapa Nui, comerciantes y aventureros europeos, tal como lo hizo en Magallanes la misma Williamson & Balfour con la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego (SETF). Sus socios más relevantes en la SEIP fueron el capitán francés Jean-Baptiste-Onèsime Dutrou-Bornier, que visitó la isla en 1866, volvió definitivamente en abril de 1868, a lo seis meses se nombró Presidente del “Consejo de Estado de la Villa de Santa María de Rapa Nui”, nombró como secretario al sacerdote SSCC Gaspar Zumbohm –con quien “compraba” tierras a los isleños– y tres años después se auto proclamó “Rey Juan I” de la isla. 

También el empresario John Brander arribó en febrero de 1871 para expandir negocios que tenía en otras islas de la Polinesia; y aparecieron Enrique Merlet, comerciante francés de Valparaíso, y su hermano Numa, quienes en mayo de 1895 le compraron a Brander y consiguieron otras propiedades en arriendo con el Estado chileno, erigido en “dueño del territorio” en menoscabo de la población autóctona. Otro “dueño” de tierras fue la Iglesia Católica Apostólica Romana, que se adjudicó terrenos desde la llegada de la primera misión catequizadora de nativos “por la razón o la fuerza” a cargo del ex mecánico francés convertido en el hermano Eugenio Eyraud. Tras muchas vicisitudes, este personaje arribó en 1863, enviado por la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María de Valparaíso. “Protegidos” por Chile, los rapanui ya no temían a los esclavistas peruanos que en 1862-1863 capturaron y asesinaron a un tercio de la población, incluida la élite de sabios que conocía la hasta hoy indescifrable escritura rongo-rongo. Los abusos británico-chilenos estimularon numerosos escapes en pequeños botes a remo, con frecuentes desapariciones en el océano, o como “pavos”, polizontes, en los barcos que ocasionalmente recalaban para reabastecerse de agua y, en menor escala, en los buques anuales de la Armada o la nave que una vez al año retiraba la lana de la SEIP, terminada la esquila de sus ovejas. 

Por décadas el viaje anual de navíos de la marina fue el único nexo con la metrópolis distante y ajena, la “madre patria”, pero solían llevarse isleños deportados al continente por “revoltosos”. Tras la rebelión de 1914 hubo otra mayor en 1964, a comienzos del gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), que se conoció poco en el Chile continental, aunque consiguieron que el comienzo de cambios a cuenta gotas. Los rapanui han sido “chilenos” de segunda o tercera clase. Desde el trato con Policarpo Toro, en 1888 comenzó la colonización disfrazada que por lo menos sirvió para protegerlos de la piratería y la esclavización. La anexión ocurrió bajo el gobierno de J.M. Balmaceda cinco años antes de la sangrienta subversión de derecha recordada como la guerra civil del ‘91, también poco conocida.

La expresión chilena “Somos los ingleses de la América del Sur” hoy suena ridícula, pero en el auge del abusivo imperio colonial británico era un tremendo auto-elogio. De esto dejaban constancia hasta los poetas. Pedro Prado escribió para la posteridad: ¡La Isla de Pascua! ¡Rapa Nui! Cuando estudié geografía, mi ramo predilecto, me llenaba de orgullo el párrafo aquel que dice: ‘Chile posee en la Oceanía la Isla de Pascua, la única colonia que puede ostentar la América del Sur’. ¡La única colonia era nuestra! Encontré natural que se nos comparara a los ingleses.

En abril de 1936 la isla pasó a depender políticamente de la Dirección del Litoral y de la Marina Mercante de la Armada. El Decreto Nº 81 del Ministerio de Defensa impuso el “Reglamento de vida y trabajo” para los isleños, basado en la normativa naval vigente. O sea, la Constitución de 1925 no aplicaba para los habitantes de Rapa Nui. También en 1936 la isla fue sometida a la jurisdicción eclesiástica del Vicariato Apostólico de la Araucanía (padres capuchinos). Las diversas fuentes bibliográficas consultadas indican que los chilenos de Rapa Nui vivieron casi un siglo bajo demasiadas sombras.

Clima político en el país

El contexto político de la época [décadas de 1920 y 1930] permite entender por qué esta isla remota y olvidada fue convertida en prisión de opositores y disidentes políticos precisamente cuando arreciaban la lepra, tuberculosis y otros males llevados por los navegantes europeos, chilenos, peruanos y/o por los pocos isleños que sobrevivieron muy enfermos a la esclavitud en Perú. En contraste con lo que ocurre hoy, ser enviado a Rapa Nui era ganarse un viaje al infierno. Nunca hubo un ataque sanitario frontal contra la lepra, ni siquiera desde la “madre patria”. Los leprosos, que nunca fueron muchos, vivieron aislados en ese campo de confinamiento, a su vez segregados en un territorio pequeño permitido como hábitat de los nativos, Hanga Roa y su entorno. Doblemente confinados dentro de la “reducción” donde los nativos vivían constreñidos al aislamiento, los leprosos debían arreglárselas para concluir sus vidas, levantar ellos mismos sus viviendas y cultivar sus alimentos en soledad, salvo la generosa ayuda de contados rapanuis de la elite local.

Los militares reaparecen

Después de permanecer décadas sin intervenir en la política, en 1924 ciertos oficiales jóvenes del ejército comenzaron a mostrar interés en la “cosa pública”. Una gran masa de oficiales y suboficiales exhibía cierta sensibilidad ante la “cuestión social”, la legítima protesta obrero-salitrera contra la explotación propia del modo de producción minero-extractivo del capitalismo chileno, al servicio de los imperialismos neocoloniales dominantes en el mundo, comenzando por el británico. La pobreza, de suyo atroz, fue agravada por los efectos de la primera caída de precios del salitre natural chileno (1920-1927) en los mercados mundiales, que se recuperaron en 1928-1929 pero cayeron definitivamente por la gran depresión de 1929, que se expandió urbi et orbe toda la década de 1930 y, según estudios internacionales especializados, golpeó a Chile con mayor dureza que a cualquier otro país subdesarrollado. El desempleo y la pobreza azotaron a la clase trabajadora, a la emergente clase media baja y, en general, al populoso segmento que ciertos historiadores denominan “bajo pueblo”.

La reaparición de los militares en la política comenzó el 4 de septiembre de 1924, durante el primer gobierno de Arturo Fortunato Alessandri Palma (1920-1924 y siete meses de 1925), populista de derecha que utilizó al “partido militar” para impulsar importantes reformas sociales, pero terminó enemistándose con el caudillo castrense Ibáñez, que a su vez traicionó a la minoría de militares progresistas. Mientras debatían el aumento de su propia dieta, los senadores tenían engavetado un paquete de proyectos sociales de signo progresista enviado por Alessandri. Una inusitada manifestación de unos sesenta suboficiales y oficiales descontentos de baja graduación irrumpió en la sesión ordinaria del Senado haciendo sonar sus espadas con el propósito de presionar por la aprobación de las reformas alessandristas. 

El episodio, que se recuerda como “Ruido de sables”, fue organizado por el coronel Marmaduke Grove Vallejo, el capitán Carlos Millán Iriarte y otros, pero estos dirigentes permitieron que el también coronel Carlos Ibáñez del Campo les usurpara el liderazgo y control del movimiento político castrense. Ibáñez ingresó en la política cuando capitalizó astutamente el descontento castrense-popular en un clima de inestabilidad y alboroto político. Marmaduke Grove pudo entonces haber sido el primero, no el segundo.

Un llamado “Comité Militar” de oficiales progresistas seguidores de Grove, muchos que en 1933 fueron co-fundadores del partido Socialista, arrastró a otros militares que no comulgaban con sus ideas. Como seguir la corriente dominante también significaba continuar en la carrera castrense, asumieron “de los dientes para afuera” la moda del “militar socialista”. Estos oficiales fueron al palacio La Moneda para expresarle su malestar a Alessandri y a exigirle el despacho de otros proyectos de ley que permanecían pendientes, por ejemplo el establecimiento de la jornada laboral de 8 horas, poner límites al trabajo infantil y femenino, creación de la Inspección del Trabajo, seguro obligatorio e indemnización por accidentes, tribunales de conciliación y arbitraje y otras leyes sobre cooperativas y materias previsionales.

El presidente Alessandri cambió el gabinete, mientras el Congreso, por temor a un golpe militar, aprobó todas las leyes en la jornada del 8 de septiembre de 1924. El Comité le pidió entonces a Alessandri que disolviera el Congreso Nacional, emergiendo una situación que el jefe del Estado ya no podía controlar. El Presidente renunció, pidió refugio en la Embajada de Estados Unidos y luego partió a Argentina, Francia e Italia. Aunque su renuncia no fue aceptada le dieron “licencia” para ausentarse del país por seis meses. El 9 de septiembre de 1924 asumió como Vicepresidente el general de división Luis Altamirano Talavera, que se desempeñaba como ministro del Interior, pero a los dos días, el 11 de septiembre, mediante otro golpe, se proclamó presidente de una Junta de Gobierno integrada por él mismo, el almirante Francisco Nef y el general Juan Pablo Bennet. Luego quebraron el orden constitucional disolviendo el Congreso y aceptaron la renuncia de Alessandri, imponiendo de manera brutal el término del régimen parlamentario.

Ibáñez fue enviado en misión a Europa, mientras sus partidarios se alejaban del nuevo gobierno. El 23 de enero de 1925 el partido militar de Ibáñez derrocó a la Junta de Altamirano. Sus seguidores se tomaron el Palacio de La Moneda, proclamaron su apoyo al retorno de Alessandri y establecieron una nueva Junta, presidida por Pedro Pablo Dartnell. El 27 de enero de 1925, el caudillo castrense nombró al político alessandrista Emilio Bello Codesido como presidente de la Junta de Gobierno, integrada por el general Pedro Pablo Dartnell y el almirante Carlos Ward. Pero en la oscuridad, Ibáñez ejercía el “poder real” desde la cartera de Guerra, que fue su caballo de batalla hasta que se hizo del poder presidencial en 1927.

La junta de gobierno, manejada desde la sombra por Ibáñez, le pidió a Alessandri que regresara del exilio en Europa para completar su mandato a partir del 20 de marzo de 1925. El 18 de septiembre de 1925 su gobierno promulgó una nueva Constitución patrocinada por los militares, y firmada, entre otros, por Ibáñez. El texto de 1925, debatido por una asamblea constituyente designada a dedo por Alessandri y sus cercanos, reemplazó la carta fundamental de 1833 y estuvo vigente hasta el golpe cívico militar del 11 de septiembre de 1973. Su contenido reafirmó al Ejecutivo, alargó la presidencia de cinco a seis años, separó definitivamente al Estado de la Iglesia y puso término al régimen parlamentario. (Chile ha tenido 10 textos constitucionales –1811, 1812, 1814, 1818, 1822, 1823, 1828, 1833, 1925 y 1980– más un proyecto de constitución federal, que no prosperó, en 1826. En ninguna participó democráticamente el pueblo. Todas fueron manufacturadas por las elites del poder de cada época).

Pese a los cambios y reformas, Alessandri se enemistó para siempre con Carlos Ibáñez del Campo, quien lo trajo de regreso a la Presidencia y se enquistó en su gobierno como ministro de Guerra, desde donde manejaba el poder de fuego del Estado. Alessandri hizo un cambio de gabinete para deshacerse de Ibáñez, pero éste se negó a renunciar permaneciendo como único ministro. Cualquier comunicación oficial resultaba nula sin su firma. Alessandri decidió irse a casa, pero antes de renunciar el 1 de octubre de

1925 hizo una última jugada para evitar que Ibáñez lo reemplazara como Vicepresidente, cargo que le correspondía por ser el único ministro en funciones. El León de Tarapacá nombró en Interior a su contendor electoral de 1920, Luis Barros Borgoño, quien ejerció como jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1925 hasta el 23 de diciembre de 1925, siempre en constante conflicto con Ibáñez, que continuó en su gabinete como ministro de Guerra.

El Vicepresidente Barros Borgoño tuvo que convocar a elecciones presidenciales. Emiliano Figueroa Larraín concitó el beneplácito de políticos y militares, convirtiéndose en candidato de unidad. El 24 de octubre de 1925 derrotó a José Santos Salas, abanderado progresista de la recién creada Unión Social Republicana de Asalariados, movimientos obreros, sindicales, grupos y partidos de izquierda. Figueroa asumió el 23 de diciembre de 1925 manteniendo a Ibáñez como ministro de Guerra. Como un “mono porfiado” atornillado en el poder por su control del partido militar y su poder de fuego, al fin Ibáñez asumió Interior. Figueroa no cumplió el período de 5 años por sus continuos encontrones con Ibáñez y gobernó hasta el 7 de abril de 1927.

El ministro de Guerra asumió la cartera de Interior tras la renuncia de Manuel Rivas Vicuña. El mismo día de la renuncia de Figueroa el bi-ministro de Guerra e Interior Ibáñez asumió “legítimamente” la Vicepresidencia por algo más de 3 meses. Enseguida, convocó a elecciones presidenciales efectuadas el 22 de mayo de 1927, en las que aseguró su triunfo como único candidato. Cambió la Vicepresidencia por la Presidencia formal el 21 de julio de 1927, después de fusionar la Policía Rural con el Cuerpo de Carabineros, que bajo la dependencia del Ministerio del Interior. Los “pacos” nacieron como custodios de los bienes de la oligarquía, aunque también fueron la guardia pretoriana del dictador, su propio sostén político armado, una suerte de ejército privado.

Diecinueve gobiernos en doce años

Entre 1920 y 1932 la vida política de Chile tuvo 19 jefes de Estado. Cuatro fueron elegidos en las urnas (incluidas dos elecciones de Alessandri). Los demás fueron presidentes o vicepresidentes de facto, designados tras nerviosos nombramientos de ministros del Interior o militares, como Blanche, y el civil Dávila que se auto-designaron “presidente provisional”, siempre por el apetito de gobernar y, de paso, “servir a la patria” solventando vacíos de poder generados por la propia dinámica del carrusel de cuartelazos militares:

Confinados en Rapa Nui

El 21 de julio de 1927 Ibáñez comenzó un gobierno que viró rápido hacia la dictadura, tónica que mantuvo hasta su caída, el 26 de julio de 1931. Su régimen autoritario estableció censura para la prensa opositora, relegó o expulsó del país a viejos políticos de la era parlamentaria, declaró fuera de la ley al partido Comunista, reprimió al movimiento sindical que no seguía las directrices corporativistas de su gobierno y en 1930 estableció un congreso títere cuyos miembros designó a dedo en las Termas de Chillán, recordado como el Congreso Termal, presidido por el radical Juan Antonio Ríos. El dictador militar se enemistó también con los militares izquierdistas liderados por Marmaduke Grove que facilitaron su ascenso al poder. Los persiguió, encarceló, relegó, deportó y exilió mientras imitaba las políticas corporativistas y nacional-populistas de apariencia “socialista” del italiano Benito Mussolini, periodista y militar que fue líder máximo del Partido Nacional Fascista desde noviembre de 1921 y contemporáneo del austríaco alemán Adolfo Hitler, jefe absoluto del Partido Obrero Alemán desde 1921, precursor del Partido Nazi. Ambos murieron en 1945 tras perder la II Guerra.

En ese clima, Ibáñez envía a sus adversarios más conspicuos a Rapanui, jamás utilizada como prisión política, sino como leprosario. Nunca se confinó a presos comunes, sólo a transgresores políticos que no siempre captaron las tensiones soterradas que vivían los autóctonos sometidos a la dictadura de la Sociedad Explotadora de Isla de Pascua, de Williamson & Balfour.

En 1920 cuatro “blancos” armados de la SEIP sometían a 250 pobladores nativos en un régimen de virtual esclavitud, ante la indiferencia de la marina que supuestamente “controlaba” la isla con un subdelegado y la visita anual de un buque. En Hanga Roa, convertida en “reducción indígena”, entre muchos otros abusos de poder, estaba prohibido cruzar las alambradas para buscar mejores lugares de pesca y de dónde extraer mariscos, alimento principal de los isleños. A la llegada de los relegados aún no estaba resuelta la situación política creada por la rebelión acaecida en julio-agosto de 1914, bajo el liderazgo de María Angata Veri Tahi. Esta agitación culminó en agosto de 1915 con un conato de revolución donde pereció –o fue ejecutado por la comunidad– un alto empleado de la SEIP reconocido por su prepotencia y abusos, el francés Baptiste Cousin.

La rebelión fue plenamente justificada por el comandante del buque- escuela Baquedano, Fernando A. Hernández, quien a su paso por la isla describió a la “más explotadora de las Compañías que puedan estar autorizadas por el Gobierno de Chile” y que ha cometido “actos criminales” y “abusos incalificables durante 20 años”. En 1917 la SEIP consiguió extender la concesión (obtenida en 1895) hasta 1936 y luego hasta 1953. La administración de la Armada duró de 1953 a 1966. 

Diversos autores coinciden en que la resistencia frente al poder colonial británico tuvo un efecto de “justicia”, entre otros factores por el apoyo a los isleños del Obispo y Vicario Castrense Rafael Edwards, quien en 1916 denunció por la prensa la explotación brutal de la SEIP, así como la apropiación indebida de sus tierras. Hacia la llegada de los deportados políticos, los nexos coloniales con los rapanui pasaban de “autoritarios” y “expoliadores” a “paternalistas” y “caritativos”, bajo una forma híbrida de poder y de un aparente pluralismo, en que participaban los “malos” (rapanui díscolos, jóvenes) y los “buenos” (naturales sumisos a la SEIP).

Éste era el panorama cuando Ibáñez desató su temprana persecución implacable de opositores políticos de izquierda y derecha, con énfasis en los comunistas, militares disidentes y alessandristas. El primer grupo de siete deportados llegó a Rapa Nui a comienzos de marzo de 1928: Eduardo Alessandri Rodríguez, Manuel Hidalgo Plaza, Carlos Millán Iriarte, Gaspar Mora, Luis A. Prousa, Florencio Rozas y Roberto Yungue.

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