Las sociedades de garantía recíproca son empresas que actúan como avales de las pymes que necesitan obtener un crédito de la banca. Vale decir, la sociedad de garantía recíproca no presta dinero, sino que entrega un certificado de fianza a la pyme que requiera de financiamiento, plazos para pagar o menores tasas.

En enero, Alejandro Araneda Fuentes se querelló contra los controladores de MásAval, una sociedad de garantía recíproca, que sirvió como su aval para un crédito de más de $1.300 millones que solicitó en representación de Inmobiliaria Los Mogotes, entre junio y septiembre de 2019. (Lee la querella completa haciendo clic aquí).

Entre los 17 empresarios querellados que figuran en las sociedades relacionadas a MásAval destaca el nombre de Juan Sebastián Piñera Morel, hijo del difunto ex presidente Sebastián Piñera. 

Sin embargo, la acción penal -patrocinada por el estudio jurídico Mohor y Asociados- señala que los créditos no fueron solicitados a un banco, sino que MásAval habría gestionado directamente las operaciones con las sociedades MA Capital y Addwise “aprovechando la condición de debilidad de mí representada”.

La querella que se tramita en el Cuarto Juzgado de Garantía señala que MA Capital es una sociedad constituída por los mismos socios de MásAval (hoy conocida como Maxxa) y que funcionaría como financista para los clientes de la SGR. 

Con ello, el escrito acusa que MásAval habría evadido la ley de SGR, pues ella impide que los controladores de una sociedad de garantía recíproca entreguen créditos. Para lograrlo, los controladores de MásAval habrían “creado una sociedad paralela que se ocuparía de operar los créditos”, en este caso MA Capital.

Entre los 17 empresarios querellados que figuran en las sociedades relacionadas a MásAval destaca el nombre de Juan Sebastián Piñera Morel, hijo del difunto ex presidente Sebastián Piñera. 

Según el escrito, Piñera Morel es socio de MásAval a través de BP Capital SpA, la que participa en Inversiones San Crescente, la que a su vez participa en MA Holding SpA, socia de la SGR.

Consultamos a la oficina de Sebastian Piñera Morel para saber si había sido notificado y cuándo se haría parte de la causa como querellado. 

Desde la oficina respondieron que “Sebastián Piñera Morel no participaba de la empresa en cuestión en el periodo que hace referencia la querella”.

Desde la oficina respondieron que “Sebastián Piñera Morel no participaba de la empresa en cuestión en el periodo que hace referencia la querella” y que “su salida de la sociedad MA Holding SPA y la venta de la totalidad de acciones por parte de Inversiones San Crescente sucedieron en marzo de 2018”.

Además de Piñera Morel, la querella también va contra los controladores de MásAval, vale decir MA Holding, Inversiones San Crescente y Gestora Kawésqar, cuyos socios son José Tomás Lavín Burgos, director legal de la auditora Deloitte; José Miguel Bulnes Valdés y Felipe Larraín Aninat, propietarios de Volcom; Bernardo Simián Soza, director suplente en Aguas Andinas; Franco Acchiardo Olivos, ex director de Cruzados SADP; Alejandro Poklepovic Zegers; Gonzalo Pizarro Brignardello; Lucas Marinovic Carrasco y Cristian Rodríguez Silva.

Ahora bien, la hipótesis de los querellantes es que “todas estas sociedades, en la práctica, corresponden a una unidad de negocios, desarrollada específicamente así con dos finalidades, vulnerar la prohibición legal de objeto exclusivo y vulnerar la normativa sobre límite de intereses en las operaciones crediticias”.

El escrito apunta a que "lejos de ser un asunto que afecte solo a mi representado, se trata de un sistema integrado, destinado a aumentar ficticiamente la deuda de las víctimas. Para ello se deberá investigar por parte del Ministerio Público no solo el caso que se presenta, sino las relaciones con las compañías que operan con las empresas de Garantía Recíproca, para establecer el volumen de operaciones entre ellas, a fin de determinar si efectivamente se trata de un mecanismo integrado entre al menos dos empresas, en forma recurrente, para eludir la ley".

“Si el legislador hubiera querido que las sociedades anónimas de garantía recíproca se dedicaran también al negocio financiero directamente, no habría existido la imposición legal de ser empresa de giro único u objeto exclusivo”, apunta la acción penal.

Usura y comisiones

Para los querellantes, todo lo antes descrito habría “posibilitando que a través de comisiones y otros gastos se vulnere el interés máximo legal”, acción que configura el delito de usura.

Al respecto, el escrito señala que la inmobiliaria de Araneda “suscribió pagarés por obligaciones que en su conjunto sumaban $1.327.881.434”. “No obstante los valores de la deuda contraída, la realidad práctica es que Los Mogotes sólo recibió la suma de $1.069.405.146”.

Por ello, los querellantes solicitaron como diligencia el peritaje de estos perjuicios, que según su cálculo ascendería a la suma aproximada de $309.379.730.

El perjuicio habría sido sufrido debido a una tasa de interés sobre el 1% legal. 

“Si uno incorpora el valor de gastos y comisiones y los considera todos como interés, tal y como lo ha indicado nuestra jurisprudencia”, señala el escrito, “la tasa de interés pasa a ser el señalado en la última columna del recuadro 01 (7,39%; 6,180%; 6,306%; 5,135%, etc.), excediendo en varios puntos los valores permitidos por nuestra legislación”.

Recuadro 01.

Recuadro 01 adjunto en la querella contra MásAval.

Recuadro 02 adjunto en la querella contra MásAval.

Recuadro 02 adjunto en la querella contra MásAval.

Por ello, los querellantes solicitaron como diligencia el peritaje de estos perjuicios, que según su cálculo ascendería a la suma aproximada de $309.379.730.

Así también, la acción penal solicitó citar a declarar a los querellados, entre ellos Sebastián Piñera Morel. Además de, solicitar “la exhibición de la totalidad de los documentos por medio de los cuales se llevaron a cabo las operaciones con mi representada”.

En vista que para los querellantes la relación entre MásAval, MA Capital y Addwise constituiría el “mayor fraude de este tipo del que tengamos conocimiento”, también solicitaron como diligencia determinar qué porcentaje de las operaciones de la sociedad de garantía recíproca realizan estas las prestamistas, “para efectos de establecer la estructura jerárquica y las relaciones de negocios de las querelladas para determinar si funcionan o no como una unidad de negocio”.

Estafador estafado

El nombre del querellante Alejandro Aravena Fuentes no es desconocido a nivel de tribunales. 

En agosto de 2016, Araneda fue condenado por estafa reiterada tras la denuncia de comités de vivienda de Requinoa y Rengo que entre 2009 y 2010 habrían sido engañados por Egis Pangal, empresa de Araneda, haciéndoles pagar por costos operacionales para poder asegurar su vivienda.

Araneda aceptó los hechos de la acusación y los antecedentes de la investigación, siendo condenado a remisión condicional por 540 días, concluyendo en agosto de 2018.