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Miércoles, 16 de octubre de 2019
Los crímenes de la dictadura de Pinochet

Sentencia de juez Madrid confirma que Frei Montalva fue asesinado

Manuel Salazar Salvo

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Foto: Biblioteca del Congreso Nacional
Foto: Biblioteca del Congreso Nacional

El fallo condenó a un empleado civil de la CNI, al chofer del ex presidente y a cuatro médicos por sus responsabilidades en el homicidio de Frei Montalva, que murió el 22 de enero de 1982 en la Clínica Santa María. INTERFERENCIA reconstruye los sucesos de esa época.

La sospecha de que el ex presidente Eduardo Frei Montalva fue asesinado por agentes de la dictadura militar del general Augusto Pinochet se ha ido convirtiendo, poco a poco, en una convicción entre gran parte de la ciudadanía. Ello, más por la insistencia de su familia y de algunos personeros políticos, que por la acumulación real de pruebas obtenidas por el juez Alejandro Madrid, quien investiga el caso desde hace más de cinco años. A mediados de 2008, hace más de una década, el ministro Madrid tomó las puntas de varios complicados ovillos que empezaron a llevarlo a esclarecer las circunstancias en que falleció el ex gobernante.

La familia Frei ya tenía en ese momento la “certeza moral” de que el ex mandatario había sido víctima de una secreta manipulación para contagiarlo directamente con algún tipo de elemento tóxico mientras se recuperaba de una intervención quirúrgica en la clínica Santa María, en diciembre de 1981.

Frei Montalva ingresó a la clínica el 18 de noviembre de 1981 para operarse de una hernia en el esófago que le producía una molesta esofagitis. Los reflujos de los ácidos estomacales no lo dejaban comer tranquilo. No podía beber ni media copa de vino, tenía que hacer dieta permanente, dormir semi sentado y consumir antiácidos a cada rato. Su estado le resultaba insoportable y después de consultar sobre los riesgos de la intervención, decidió operarse. Sus médicos de cabecera, los doctores Alejandro Goic y Patricio Silva Garín, le dijeron que no era necesario hacerlo en el extranjero y que la mortalidad en Chile para esa cirugía era del cero por ciento.

La intervención la realizó el doctor Augusto Larraín, uno de los mejores especialistas en el país. La recuperación fue inmediata y a los pocos días lo dieron de alta y retornó a su casa. A los diez días empezó a sentirse mal; padecía una rebelde estitiquez. Goic y Silva concluyeron que tenía una obstrucción intestinal junto al corte realizado en la intervención y que había que operar nuevamente. Lo hicieron el 6 de diciembre. Operó Silva estando Goic presente. Parecía simple pero se encontraron con adherencias de gran magnitud, lo que los médicos denominan “plastrón”, y fue necesario cortar un trozo de intestino y volver a unir.

El peligro mayor era que microbios del tubo intestinal pasaran a la cavidad peritoneal e iniciaran una infección. El equipo médico hizo una prolija limpieza y cerró la herida. El postoperatorio inmediato pareció favorable. Al día siguiente, el doctor Goic recibió un llamado urgente de la clínica. La presión de Frei había caído a cerca de 0 y la fiebre se estaba disparando: tenía un shock séptico ocasionado por una brusca infección.

Se llamó de inmediato al doctor Sergio Valdés, connotado especialista en tratamiento de infecciones, se le suministraron grandes dosis de antibióticos y se le conectó a un ventilador mecánico. Como no respondió con la suficiente rapidez se optó por una tercera intervención, el martes 8 de diciembre, para realizar un aseo quirúrgico completo. Al salir del quirófano respondió bien: disminuyó la temperatura y se estabilizó la presión. Sin embargo, en las horas siguientes presentó nuevas complicaciones. Los médicos optaron por someterlo a una hemodiálisis para aliviar el funcionamiento de sus riñones, muy complicados con el exceso de antibióticos. Siguió permanentemente con drenajes y conectado a ventilación mecánica.

Diversas personas, vestidas de blanco, que parecían enfermeras, médicos o personal auxiliar de salud, ingresaban a la habitación de Frei sin que nadie supiera quiénes eran ni qué tareas cumplían. La gran mayoría de ellos hasta ahora no han sido identificados.

Diversas personas, vestidas de blanco, que parecían enfermeras, médicos o personal auxiliar de salud, ingresaban a la habitación de Frei sin que nadie supiera quiénes eran ni qué tareas cumplían. La gran mayoría de ellos hasta ahora no han sido identificados.

El doctor Goic recordaría años después: “El presidente nunca despegó. Estaba mejor o peor. Desesperadamente se le operó por cuarta vez. Se trajeron antibióticos desde Estados Unidos y de Francia, lo último que conocía la ciencia médica. Se consultaron los mejores especialistas extranjeros”.

La familia se contactó incluso con los médicos que habían operado al Papa Juan Pablo II después del atentado en su contra. Recomendaron no moverlo de Chile.

Varios amigos se turnaron para vigilar por las noches el ingreso al pabellón donde se encontraba el ex mandatario. Ninguno de ellos, sin embargo, seguía sin poder controlar el acceso del personal médico a la UTI.

El 17 de diciembre fue sometido a una cuarta operación para limpiarle su cavidad peritoneal, invadida por sustancias purulentas producidas por la infección que se hacía incontrolable. En la clínica se congregó para asistirlo un selecto grupo de médicos entre los que figuraban Vicente Contreras, Juan Luis González, Gonzalo Sepúlveda, Ramón Valdivieso, Juan Pablo Beca, Mauricio Parada, Carlos Zabala y Juan Reyes, entre otros.

Alguien cercano a la familia recibió una llamada donde le afirmaron que un paramédico de apellido González estaba infectando al ex mandatario. Hicieron rápidas averiguaciones, pero no había nadie con ese apellido entre el personal médico.

Los esfuerzos fueron inútiles. Frei Montalva sufrió progresivas fallas multisistémicas que culminaron con su muerte a las 17:00 del viernes 22 de enero, cinco días después de haber cumplido 71 años.

Muestras y autopsia

Pocos minutos después del fallecimiento del ex gobernante llegaron a la Clínica Santa María los médicos patólogos de la Universidad Católica, Helmar Rosenberg Gómez y Sergio González Bombardiere, acompañados por el auxiliar Humberto Gallardo, para embalsamar el cadáver y efectuar una autopsia, trabajo que realizaron sin que hubiese nadie presente, según declaró Rosenberg ante el juez Madrid.

El equipo había sido enviado por el doctor Hernán Barahona, jefe de los anatomo patólogos del Hospital Clínico de la UC, a petición, aparentemente, de los médicos encargados por la familia Frei, los doctores Patricio Rojas y Patricio Silva, para servir de enlace con los distintos profesionales de salud involucrados en la atención del ex presidente.

Rosenberg aseguró ante el juez Madrid que sacaron muestras del hígado, riñón y pulmones de Frei Montalva, tarea que concluyeron cerca de las 21 horas. Más tarde, en el Hospital Clínico de la UC, fotografiaron las vísceras y prepararon muestras para efectuar posteriormente la microscopía electrónica. Rosenberg agregó que, a mediados de marzo de 1982, tras concluir las pruebas de laboratorio, realizó un protocolo manuscrito de todo lo encontrado, información que entregó al doctor Barahona. Poco después, por instrucciones de su jefe, se reunió con los doctores Rojas y Silva para darles a conocer los antecedentes recogidos, sin que ellos pidieran otros análisis adicionales.

Aquella autopsia permaneció extraviada durante casi 20 años, hasta que en enero del año 2003 fue encontrada en uno de los archivos del hospital de la UC, rotulada como NN. Incautada por el juez Madrid, fue exhibida a la secretaria Carmen Barahona Solar, encargada en 1982 de transcribir las cintas donde los patólogos de la UC grababan las autopsias que realizaban. Para sorpresa del magistrado, la mujer indicó que el informe encontrado no correspondía en su totalidad al que ella había transcrito con su máquina de escribir; es más, la autopsia entregada por la UC estaba escrita en computador e impresa en un papel diferente al que ella utilizaba.

Este embrollo fue una de las principales líneas de investigación del juez Madrid, quien no consiguió precisar lo que verdaderamente ocurrió en aquel procedimiento forense.

El fatídico martes 8

El martes 8 de diciembre de 1981, mientras Frei Montalva ingresaba al quirófano para un aseo quirúrgico de urgencia que lo sacara del shock séptico en que se encontraba, en la  galería N° 2 de la Cárcel Pública cuatro presos políticos del MIR –los hermanos Ricardo y Elizardo Aguilera, Guillermo Rodríguez Morales y Adalberto Muñoz Jara-, junto a cuatro presos comunes, eran víctimas de un envenenamiento colectivo con la bacteria Clostridium botulinum, la que fue sembrada en su comida por manos anónimas. Seis de ellos lograron salvarse gracias a los contactos de la Vicaría de la Solidaridad y del Codepu, que consiguieron el anticuerpo de la toxina en Estados Unidos y Argentina. Dos de los presos comunes, Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Pacheco Díaz,  murieron los días 9 y 20, víctimas de una “intoxicación aguda inespecífica”, según precisó el Servicio Médico Legal.

Poco tiempo después, la tecnóloga médica Eliana Gladys Marambio, del entonces Instituto Bacteriológico, quien había diagnosticado la intoxicación por botulismo en los reos, intentó rescatar parte del intestino del primer fallecido en el Servicio Médico Legal para estudiarlo y analizarlo. Las muestras habían desaparecido.

Las toxinas botulínicas se cuentan entre las más tóxicas que existen. Los síntomas comienzan con náuseas, diarrea, mareo y debilidad, y a éstos se les suman más adelante visión doble, dificultades respiratorias debidas a la acumulación de flema y convulsiones, hasta que se produce la muerte.

Las toxinas botulínicas se cuentan entre las más tóxicas que existen. La variedad denominada cepa A es mortífera para el ser humano utilizada en una proporción de una milésima de millonésima de gramo por kilo del cuerpo humano, lo que le confiere un potencial tóxico 100.000 veces superior al gas nervioso sarín. Producida por la bacteria Clostridium botulinum, esta toxina es una sustancia blanca cristalina que se disuelve fácilmente en agua cuando está molida en polvo fino. Podría emplearse en ataques con aerosol (pese a que en contacto con el aire se descompone y pierde rápidamente gran parte de su toxicidad) o para contaminar los alimentos, y en este último caso produciría la intoxicación conocida como botulismo. Los síntomas comienzan con náuseas, diarrea, mareo y debilidad, y a éstos se les suman más adelante visión doble, dificultades respiratorias debidas a la acumulación de flema y convulsiones, hasta que se produce la muerte.

Conexión con Berríos

Al promediar el otoño de 1995 fue encontrado en una playa de Uruguay el cadáver del químico de la DINA Eugenio Berríos, quien había sido sacado de Chile en 1991 por agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, para evitar que revelara ante la justicia la información que tenía sobre una enorme cantidad de actividades secretas de la DINA y del Ejército. Berríos fue ejecutado con dos balazos en la nuca y sepultado cabeza abajo y sus manos amarradas con alambre, un método empleado por diversas organizaciones mafiosas para eliminar a los traidores.

En los meses siguientes, poco a poco empezaron a conocerse las actividades de Berríos, en especial su papel como fabricante de gases y toxinas diversas para el uso de la DINA y de unidades muy secretas del Ejército. Se conoció la manipulación de gas sarín, empleado en varios asesinatos cometidos por agentes de la DINA y en la producción de agentes químicos para una eventual guerra con Perú o Argentina. También se supo de su enorme interés por conseguir nuevos métodos de refinación de cocaína, droga a la que era adicto.

En octubre del año 2000 desde La Moneda se pidió al director de Investigaciones que hiciera una prospección sobre las probabilidades de que el ex presidente Frei Montalva hubiese sido envenenado. El director Nelson Mery encargó la tarea a uno de sus mejores agentes, Nelson Jofré, quien inició su pesquisa en el Instituto de Salud Pública. A las pocas semanas, el detective había conseguido algunos datos sorprendentes.

Uno de ellos señalaba que en julio de 1981, por encargo del jefe de seguridad del entonces Bacteriológico, el comandante Jaime Fuenzalida Bravo, un funcionario de la entidad había retirado desde la Cancillería, ubicada entonces en el palacio de La Moneda, un pequeño paquete que contenía en su interior un tubo con Clostridium botulinum. La toxina, que había llegado por valija diplomática, quedó en manos del director del instituto, el coronel Joaquín Larraín Gana.

El detective Jofré pudo establecer los lazos que existían entre el Bacteriológico y el Complejo Químico del Ejército ubicado en Talagante, pero su búsqueda también permitió descubrir la existencia del hasta entonces muy secreto Laboratorio de Guerra Bacteriológica, que funcionaba en calle Carmen 339 y que dirigía el médico Eduardo Arriagada Rehren.

Desde el Bacteriológico se suministraban equipos, muestras químicas y biológicas, además de animales para experimentación, no sólo a algunas unidades militares, sino que también a algunos médicos de la Colonia Dignidad. Otro antecedente inquietante hallado por Jofré fue la relación que mantenía Eugenio Berríos con varios profesionales del edificio que hasta hoy se levanta en calle Maratón, muy cerca de la avenida Grecia.

Poco después de conocerse los resultados del trabajo de Jofré, la familia Frei se hizo parte de la investigación judicial por el secuestro y asesinato de Eugenio Berríos, que llevaba en el Sexto Juzgado del Crimen la jueza Olga Pérez, y que muy poco había avanzado hasta entonces.

La tramitación del caso, sin embargo, cambió radicalmente a partir del 31 de enero del año 2003, cuando asumió el proceso el juez Alejandro Madrid, quien abrió nuevas líneas de investigación.

El chofer enquistado

Raúl Lillo Gutiérrez, un ex agente de la DINA y de la CNI, perteneciente a la Brigada Político Sindical de ésta última, y luego miembro de la Unidad Especial de la DINE,  reveló al juez Madrid una conversación que mantuvo con el químico de la DINA Eugenio Berríos, mientras lo cuidaba estando retenido en Uruguay. Berríos –aseguró Lillo– le comentó que en diciembre de 1981, había logrado introducir una toxina preparada por él, en unos tarros de conserva a la ex Cárcel Pública para envenenar a unos miristas.

Luis Becerra, chofer y hombre de confianza de Eduardo Frei Montalva, actuó como informante de la DINE hasta mediados de la década de los ´90, cuando trabajaba con Andrés Zaldívar.

Otro dato del inusual currículo de Lillo interesó al magistrado. Lillo Gutiérrez, mientras estuvo en la DINA, en la CNI y luego en la DINE había sido el agente de control de Luis Becerra, chofer y hombre de confianza de Eduardo Frei Montalva, quien actuó como informante de la DINE hasta mediados de la década de los ´90, cuando trabajaba con Andrés Zaldívar.

El objetivo de Berríos en la Cárcel Pública, por encargo de un hasta ahora anónimo jefe, aparentemente no eran los miristas que resultaron afectados, sino el jefe de la Fuerza Central del MIR, Carlos García Herrera, quien había integrado el comando del MIR que ejecutó el 15 de julio de 1980 al coronel Roger Vergara, director de la Escuela de Inteligencia que el Ejército mantenía en la localidad de Nos.

Por esas semanas, el coronel Vergara dirigía una muy reservada investigación sobre un cuantioso fraude de IVA, cercano a los 20 millones de dólares, y algunos otros negocios oscuros que había emprendido el general Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, a través de varias empresas creadas por él y un reducido grupo de amigos. Nunca se supo quién dio la orden de eliminar al coronel Vergara, un atentado inexplicable en aquel tiempo, y que motivó al general Augusto Pinochet para sacar al general (r) Odlanier Mena, adversario acérrimo del ex jefe de la DINA, del mando de la CNI. Años después se sabría que Eugenio Berríos había recibido también una petición de Manuel Contreras para preparar un veneno que pudiera agregársele al té que habitualmente se le servía en las tardes al general Mena.

Médicos de la DINA

El año 2003 la familia Frei redobló sus esfuerzos para esclarecer la muerte del ex presidente. Repusieron las dudas y aprehensiones que había tenido el médico que operó a Frei inicialmente, el doctor Augusto Larraín, primo de los hermanos Zaldívar Larraín. También se insistió en que la familia no había autorizado ni la autopsia ni la extracción de muestras de tejidos luego del fallecimiento. Pidieron, además, que se investigara al personal médico y paramédico que trabajaba en la clínica Santa María en 1981.

Se insistió en que la familia no había autorizado ni la autopsia ni la extracción de muestras de tejidos luego del fallecimiento. Pidieron, además, que se investigara al personal médico y paramédico que trabajaba en la clínica Santa María en 1981.

Surgió entonces una nueva vertiente de sospechas. A lo menos tres médicos que habían prestado servicios a la DINA –los doctores Pedro Valdivia Soto, Sergio Vélez Fuenzalida y Enzo Fujije– laboraban en la clínica en el período en que Frei Montalva estuvo internado.

Los tres formaban parte de un grupo más amplio de galenos y paramédicos que colaboraron con los agentes de la DINA y de la CNI en los interrogatorios y torturas de prisioneros no sólo en los cuarteles secretos sino que en las clínicas Santa Lucia y London, donde murieron o fueron asesinados una cantidad hasta ahora no precisada de opositores a la dictadura militar. En diversos procesos judiciales se ha determinado que a numerosos secuestrados se les inoculó diversos agentes químicos y biológicos que, en varios casos, les produjo la muerte.  

A partir de abril del año 2005, el juez Madrid se abocó en un proceso aparte a tratar de despejar las crecientes dudas sobre la muerte del ex presidente Frei Montalva. Una de las aristas fue investigar si existía personal médico o auxiliar en la clínica que trabajara secretamente para alguno de los aparatos represivos de la dictadura y que pudiesen haber “plantado” alguna toxina en el cuerpo del ex gobernante. Otra línea de investigación siguió los peritajes forenses a muestras de tejidos del cadáver de Frei para identificar la existencia de sustancias tóxicas que le pudieran haber producido la muerte.

Por esos días, la jefa de los peritos del juez Madrid, la doctora Carmen Cerda, estremeció los ámbitos políticos y de tribunales al declarar en el diario La Segunda, refiriéndose a la muerte de Frei Montalva: “Hubo intervención de terceros. Le administraron un conjunto de sustancias en distintas ocasiones”. La afirmación fue mediatizada por el magistrado, quien mantuvo siempre una cuidadosa reserva de sus progresos. Una parte considerable del largo expediente lo conservó celosamente guardado bajo siete llaves, sin que nadie lo conociera íntegramente.

De allí que las especulaciones han sido muchas: el ex presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle ha insistido en que su padre fue envenenado con gas mostaza, prueba, según él, obtenida en un laboratorio de Bélgica. No obstante, eso no ha sido confirmado por el juez, quien sí ha encargado distintos análisis a varios laboratorios del exterior. En 2016 un laboratorio descartó definitivamente la existencia de gas mostaza en el cuerpo del ex presidente.

Otro antecedente que manejó con sumo cuidado el juez Madrid fue el nombre, la chapa, la identidad falsa de un probable funcionario de la Clínica Santa María que habría sido el portador de las toxinas que provocaron la muerte de Frei Montalva.

El juez Madrid, un investigador riguroso que prestigia a la magistratura, avanzó lenta pero inexorablemente hasta obtener el convencimiento jurídico de que Frei Montalva fue asesinado y que para ello se montó una secreta operación de muy vastas proporciones. Seis personas fueron condenas por el magistrado, pero gran parte de aquella siniestra trama aún permanece en las penumbras.

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