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Viernes, 19 de abril de 2019
El Paco Gate no acaba en la "Mafia de la Intendencia"

Soto: "Los chivos expiatorios dejan libre de toda mancha a los generales directores de Carabineros"

Victoria Viñals

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Leonardo Soto
Leonardo Soto

El diputado Leonardo Soto y presidente de la última comisión investigadora del caso, conversó con INTERFERENCIA a propósito de la entrevista realizada a un mayor de Carabineros preso por el Paco Gate, quien acusa que el devenir del juicio está exculpando a los peces gordos. 

Este martes INTERFERENCIA publicó una entrevista al mayor (r) Nelson Valenzuela, realizada desde la prisión. Sindicado por la fiscalía como uno de los “líderes” del multimillonario desfalco. En sus declaraciones Valenzuela acusó a la Fiscalía de perseguir responsabilidades individuales y acotadas en vez de apuntar a un conflicto sistémico al interior de la institución.

A propósito de esto, conversamos con Leonardo Soto (PS), quien, desde la Cámara de Diputados, ha participado en diferentes comisiones investigadoras tendientes a clarificar diferentes aristas del multimillonario fraude en Carabineros conocido como Paco Gate.

En la entrevista, el diputado anunció que en marzo presentarán una iniciativa que otorgue facultades al Poder Legislativo para fiscalizar de manera permanente a las Fuerzas Armadas y de Orden, para evitar actuar de manera reactiva, como acusa, han hecho tanto los gobiernos de Michelle Bachelet, como de Sebastián Piñera.

Entre las cosas que Valenzuela expuso en esta entrevista, dijo que "el fraude estaba fuera de control”, que “tiene alcances infinitos” y que “todos se aprovechan del sistema que está corrupto por falta de control”. ¿Qué opina de estas afirmaciones?

Yo tiendo a compartir la afirmación que hace su entrevistado. Toda vez que existen numerosos indicios, que dan cuenta de unos niveles de falta de probidad generalizado en la gestión administrativa e institucional de Carabineros.

Al mismo tiempo, la justicia no ha avanzado con la profundidad que uno esperaría, porque entiendo que existió mucho ocultamiento de pruebas, desaparición de antecedentes, eliminación de correos electrónicos, incluso incineración de documentos oficiales en materia de la gestión de inmuebles fiscales. Esa es una dificultad para poder dimensionar completamente todos los contornos y aspectos que puede tener la situación de falta de probidad al interior de Carabineros de Chile.

En ese sentido, una de las cosas que acusa Valenzuela es que el fiscal a cargo, Eugenio Campos, tiene una línea investigativa que tendría como responsable de los ilícitos a un grupo específico denominado "la Mafia de la Intendencia", lo que supondría acotar el conflicto a ese grupo, con características de asociación ilícita. En ese sentido ¿Cuál es su opinión respecto a la labor de la Fiscalía?

Yo creo que en la opinión pública y también en el Congreso existen muchas dudas y una incredulidad bastante grande respecto a que los altos mandos, como generales directores de la institución, nunca detectaron el funcionamiento de este fraude, del Paco Gate y de otras irregularidades durante 15 años, que es la extensión que al día de hoy se ha determinado.

Hay que elevar el estándar y dar facultades a un poder del Estado distinto, que actúe como contrapeso para que estas instituciones comiencen a recuperar el profesionalismo, el prestigio y la honestidad que en alguna parte de su historia perdieron.

A nosotros nos parece insólita la respuesta de que "nunca nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo", que ha sido la gran defensa que adoptan los generales directores sucesivamente desde Bruno Villalobos hacia atrás.

Eso cuesta creerlo, correspondiendo todas estas actividades a una institución jerárquica, disciplinada, con una estructura muy bien definida, con una supervisión directa de los jefes sobre los subordinados. Pareciera más razonable que también hubiera alguna responsabilidad de quienes les tocó dirigir esta institución, ya sea por acción o por omisión.

Sin embargo la investigación judicial se está acotando cada vez más sobre este grupo cerrado, lo que es muy funcional y conveniente que sean ellos el chivo expiatorio y, por descarte, queden liberados y libre de toda mancha los generales directores de los últimos 15 años, que si duda a mi parecer, deberían tener algún tipo de responsabilidad en todos estos hechos.

¿A qué causas o razones atribuye la utilización de estos chivos expiatorios?

Es difícil aventurar una conclusión definitiva respecto de porqué este fraude se ha acotado sólo a lo que se denomina la “Mafia de la Intendencia” y han quedado liberados de todo cuestionamiento los generales directores. Yo tiendo a creer que pueden haber dos órdenes de situaciones.

Primero, tiene que ver con que varios de los que hoy día están procesados y que probablemente van a ser llevados a juicio por la Justicia, conservan beneficios previsionales que les permiten percibir una pensión de retiro que le da cierta estabilidad a futuro y en la obtención de esos beneficios previsionales han participado también las autoridades superiores de la institución.

En segundo lugar, sin duda también ha sido importante para impedir el avance de estas investigaciones judiciales, la desaparición de pruebas. Han habido numerosos documentos que han sido eliminados de la institución. Han sido incinerados algunos de ellos con o sin fundamento reglamentario. Por otro lado, también han desparecido respaldos, disco duros de los informáticos que habrían sido clave para poder acreditar algún tipo de responsabilidad hacia arriba.

Desde la Cámara ¿Hay algún tipo de acción que se vaya a tomar a partir de marzo en relación a esta materia?

Para nadie es un misterio que en estos últimos tres años, tanto Carabineros como las Fuerzas Armadas han generado en su interior numerosos casos de corrupción en áreas muy específicas y también a nivel general. Estas situaciones no son sin duda manifestaciones aisladas, sino que son manifestaciones de un problema estructural y permanente que tienen ambas instituciones que le están causando un daño gigantesco, tanto a las propias instituciones militares y policiales, como a la democracia que ha sido incapaz - hasta ahora -  de poder detectar la magnitud completa de estos casos.

"Buscan simplemente trasladar este problema a los Tribunales, para que hagan su trabajo, pero sin hacerse cargo de que las autoridades políticas que estaban encargadas de fiscalizar y supervisar, fueron simpre autoridades que no hicieron su trabajo".

Creemos que es fundamental que se establezca una política de fiscalización y control mucho más profunda y extensa que lo que ha sido hasta ahora. Para ello es fundamental que estas instituciones sean fiscalizadas por el poder ejecutivo, que son sus jefes políticos y civiles - el ministro del Interior por parte de Carabineros, y el ministro de Defensa por parte de las FFAA- sino también por el Poder Legislativo. Al igual que en Estados Unidos, el Poder Legislativo tiene que tener la capacidad permanente de solicitar información, de hacer comparecer a los altos mandos a dar explicaciones desde el punto de vista administrativo e institucional y político, de manera general y continua.

Por eso, desde el Partido Socialista vamos a presentar una iniciativa para crear una nueva comisión permanente de fiscalización de los actos de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Una comisión que no se aboque al estudio particular de alguna arista específica, sino que más bien fiscalice de manera permanente y continua todo el funcionamiento de estas instituciones. Hay que elevar el estándar y dar facultades a un poder del Estado distinto, que actúe como contrapeso para que estas instituciones comiencen a recuperar el profesionalismo, el prestigio y la honestidad que en alguna parte de su historia perdieron.

¿Cómo evalúa la actuación que ha tenido el gobierno - tanto el ministro del Interior como el de Defensa- en estos casos?

Si uno analiza estos casos de corrupción, tanto el gobierno anterior como este gobierno, sin duda han tomado medidas reactivas ejercidas con posterioridad a que se conocen los hechos. No ha existido una política de anticipación a los mismos. En su persecución buscan simplemente trasladar este problema a los Tribunales, para que hagan su trabajo, pero sin hacerse cargo de que las autoridades políticas que estaban encargadas de fiscalizar y supervisar, fueron simpre autoridades que no hicieron su trabajo. Ahí este gobierno y el anterior debieran hacer un mea culpa verdadero e integral, asumir la falta de fiscalización que por décadas permitió este nivel de descomposición institucional.

También noto que este gobierno particularmente ha buscado bajar siempre el perfil de estos problemas, de estas crisis, circunscribiéndolos sólo a unas personas en específico, y no asumiendo que estamos en presencia de una de las crisis más profundas que enfrenta nuestra democracia. La actividad política en general debería ser capaz de prevenir y anticiparse a estos episodios generalizados de corrupción.

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