Carabineros de Chile
Según información disponible en la Cámara, los ministerios de Secretaría General de Gobierno, Mujer y Equidad de Género y Defensa, como también Carabineros de Chile no han contestado ninguna solicitud. Mientras que a nivel de autoridades, tampoco lo han hecho el jefe de asesores del presidente, Miguel Crispi (RD), ni el jefe de Gabinete del mandatario, Carlos Durán (CS).
Desde la institución, confirmaron a Interferencia que la afectación se generó debido a la migración de información de un sistema operativo a otro de una versión superior. Carabineros aclaró que el período de pérdida abarcó cinco meses y fuentes a las que accedió esta redacción señalan que habría comprendido los meses meses entre febrero y agosto de 2024.
El Ministerio Público explicó que no pudo reunir pruebas suficientes para acusar a García-Huidobro de un ataque incendiario en Carahue debido al desistimiento de un testigo. Sin embargo, hace dos meses, la propia fiscalía estuvo de acuerdo con sacarlo de prisión luego de que su defensa presentara antecedentes que demostraban su no participación en el delito.
El ex carabinero será formalizado el 10 de diciembre por una tercera causa, imputado por disparar a un ingeniero en el tórax y la pierna en octubre de 2019, requiriendo intervención quirúrgica. Crespo es acusado de cegar a Gustavo Gatica, estando en medio de juicio oral, y fue recientemente absuelto en otra causa por disparar a la cara de un manifestante a 5 metros.
Entre los 228 casos que la Fiscalía expuso —que inicialmente eran 1396— se describieron las acciones policiales que causaron consecuencias en el estallido social como ceguera unilateral, bilateral, politraumatismos, fracturas, heridas y, en el peor de casos, muerte. Lo anterior, por el actuar policial al margen de los protocolos con funcionarios que no respetaron normas para el uso de la fuerza y el armamento.
En los casos de Vivanco y Matus, el libelo se ampara en la relación que sostenían con el abogado Luis Hermosilla que quedó al descubierto tras revelaciones de los medios de comunicación, mientras que con Muñoz por la presunta entrega de información privilegiada a su hija para su beneficio patrimonial.
En este capítulo, titulado 'El simulacro de ejecución', del libro que Luis 'Puntito' Recabarren escribió junto a su esposa, Sara Recabarren, se relata desde una perspectiva autobiográfica el día en que el autor, acompañado de su abuela Ernestina, va en busca de su tío Mauricio, quien fue detenido por carabineros camino a una manifestación.
A raíz de la publicación del artículo "Nueva fase de plan de seguridad de La Moneda y Carabineros obliga a policías novatos a una jornada laboral de 84 horas a la semana", el departamento de comunicaciones de Carabineros envió el siguiente texto que se reproduce de manera íntegra.
El nuevo despliegue policial genera dudas respecto de su efectividad. Internamente se apunta al general Jean Camus cómo promotor de una política que busca caer bien en el gobierno, pero que podría desgastar a la tropa.
La declaración de César Neira indicó que el Ejército estuvo al menos cuatro meses en los alrededores del despacho de Romy Rutherford en 2019, cuando ella investigaba a la institución castrense. El objetivo, según Neira, era “identificar e informar quienes eran las personas que ingresaban al edificio, para establecer o descartar si estaban vinculados al caso de desfalco denominado ‘Milicogate’ y si estas personas se encontraban en el listado de nombre que nosotros manejábamos”.
Enrique Bassaletti fue dado de baja en octubre de 2021, en medio de cuestionamientos por su rol en el estallido social y por acusaciones de prestar servicios de seguridad a la compañía Chiletabacos estando en funciones. El ex uniformado es cercano a José Antonio Kast, viajando juntos a Hungría y El Salvador hace unas semanas. Actualmente es asesor de seguridad en La Reina, comuna con alcalde UDI.
La funcionaria Tiare Vergara fue sentenciada por el 4° TOP de Santiago a 3 años de presidio menor en su grado mínimo -quedando bajo libertad vigilada- por apremios ilegítimos cometidos en contra de una manifestante; a quien deberá pagar $5 millones por daño moral. Vergara ya había sido condenada por esto, pero la Suprema anuló el primer juicio.
En las interceptaciones, tres policías -de los doce formalizados por corrupción-, hablan sin ambages de qué sienten cuando alcanzan el éxtasis: “Yo llego a la luz verde”, dice uno. El otro le responde: “Me lanzo así de aquí como a la piscina”. Los investigadores de Asuntos Internos de la institución concluyeron que se robaban los estupefacientes en diferentes procedimientos y los almacenaban en sus casas.
El organismo acreditó que una serie de funcionarios “no contaban con el examen sicológico para trabajar en la unidad COP. Otros no aptos, siguieron trabajando. Otros carecían de autorización para manejar carabinas antigases y antidisturbios”. Y más: 754 solicitudes de imágenes hechas por la fiscalía, la PDI, el INDH, entre otros, “se les respondió en su oportunidad, la inexistencia de una evidencia audiovisual, sin dar una justificación de dicha ausencia”.
Este lunes, José Antonio Kast criticó el trabajo de la persecutora a quien tildan de ideologizada, juicio que se sumó al que diputados del Partido Republicano hicieron durante el debate por las reglas de uso de la fuerza. Chong, también ha sido criticada por figuras de Chile Vamos desde su rol en los casos contra el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez y el ex carabinero, Sebastián Zamora.
El ministro de Justicia había sugerido la renuncia de Yáñez. El denominado 'criterio Tohá', que insta a las autoridades a renunciar ante procesos judiciales para no entorpercer la labor de las instituciones, lo presionaba también. Además, lo ocurrido con el ex director de la PDI, Sergio Muñoz, también influyó. Sin embargo, el contexto cambió con el asesinato de tres carabineros y la formalización en contra de Yáñez se aplazó. Así, continuará en el cargo por los próximos meses a tan solo días de que su salida fuera prácticamente un secreto a voces.
Con datos y testimonios de víctimas, la fiscal Ximena Chong formalizará al director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y otros ex generales el 7 de mayo. Las cifras son clave para evaluar el conocimiento de Yáñez, Rozas y Olate sobre los efectos de las actividades de control de orden público bajo su mando.
El 22 de octubre, el vehículo del funcionario de fiscalía fue robado, siendo hallado por personal policial el 2 de noviembre y entregado en la 56° Comisaría de Peñaflor a las 10 am. A plena luz del día y bajo custodia, volvió a ser robado. La institución denunció los hechos al Ministerio Público y abrió una investigación administrativa.
El vehículo de Daniela Araya, cónyuge del teniente coronel Rodrigo Pérez, no fue retirado de circulación pese a dictarse una orden de retiro. La institución policial indicó que se abrió un proceso administrativo para determinar por qué no se cumplió con los protocolos y fue devuelto a sus dueños pese a no contar con revisión técnica, permiso de circulación e ir con la licencia vencida.
El pasado viernes se ordenó el retiro por documentación vencida del automóvil de Daniela Araya, la esposa del teniente coronel Rodrigo Pérez. Tampoco hubo tramitación ante el Juzgado de Policía Local. Al día siguiente -y mientras debía estar retenido-, el auto aprobó su revisión técnica después de fallar un primer intento.
Hasta ahora, la agrupación armada RML -que se adjudica “más de 100 acciones en los más de 10 años de existencia”-, solo ha reivindicado sus actos a través de comunicados, tal como lo hizo en esta ocasión para desmarcarse de los once detenidos. Entre ellos se encuentran dos policías, uno de los cuales también respondía ante Forestal Arauco, según antecedentes de Fiscalía.
La senadora rechazó públicamente la contratación de la empresa de seguridad donde trabaja Crespo -propiedad de su esposa y suegra- por parte de la Delegación Presidencial del Maipo. El ex carabinero acusó -mediante un recurso de protección- que las palabras de la senadora le valieron amenazas y lo obligaron a iniciar un tratamiento psiquiátrico.
Un nuevo informe de Contraloría –el tercero desde 2017– devela que el Fondo, financiado con descuentos al sueldo de los carabineros, continúa operando con alarmantes observaciones: cuentas millonarias sin respaldo, sistemas contables sin trazabilidad y funcionarios que ingresan información financiera a la vez que fiscalizan, entre otras.
Diputados del FA, DC, PC, PS, RN, Republicanos, UDI, e independientes estudiaron el caso desde enero de este año. Detallan irregularidades por parte del Servicio Médico Legal y Fiscalía a la hora de investigar las circunstancias en que cinco personas fallecieron al interior de la fábrica de Kayser durante el estallido social, caso que a cuatro años de ocurrido continúa desformalizado.
Con la motivación de generar “una discusión técnica en torno a una cuestión que se muestra problemática desde el estallido social de 2019”, el abogado Daniel Soto -ex profesor de DD.HH. en Carabineros- pretende “establecer mecanismos que permitan distinguir con cierta nitidez jurídica, y práctica, en qué oportunidades el ‘palo policial’ está legitimado y amparado por la ley, y en qué otras se trata de violencia policial y constituye delito”.
El Cabo 1° Huenchuvil y el Sargento 2° Mora están identificados como quienes participaron de la muerte del weichafe de la CAM, pero la investigación continúa desformalizada. La abogada de la familia del fallecido denuncia la pérdida de evidencia. Además, revela que la capucha que utilizaba Marchant no fue analizada, y que al momento de la pericia se habría lavado el cuerpo.
Sorprende comprobar ahora la recuperación de la imagen de nuestras policías y Fuerzas Armadas. En menos de un año y coincidiendo con la gestión del presidente Gabriel Boric, podemos comprobar cómo los carabineros han pasado de villanos a héroes ¿Qué hay detrás de tan inesperada popularidad?
Mediante prensa han sido informadas 28 instancias donde carabineros y detectives de la PDI usaron armas de fuego entre el 9 de marzo y el 9 de abril. Robos, VIF y asaltos a funcionarios son algunas de las circunstancias en que se usó el arma de servicio. Incluye el uso de la UZI en San Antonio que terminó con un civil con siete balas en su rostro.
INTERFERENCIA revisó cuántos policías uniformados han sido víctimas de homicidio. De los Directores Generales que han comandado la institución desde 2001, el fallecido director Bernales vivió un asesinato cada 114 días, mientras que la dirección actual acumula uno cada 124. Tanto en 2015 como en 2016, durante los mandatos de González Jure y Bruno Villalobos, se registraron 3 homicidios en un mes, al igual que ahora.
Un acuerdo entre el Ejecutivo y la oposición, en el que ambas partes cedieron posiciones, logró cambios y límites a la 'legítima defensa privilegiada'. Los senadores aprobaron la normativa que amplía las circunstancias en que los policías pueden hacer uso de su arma de servicio y las garantías procesales correspondientes con amplia mayoría, pese a las objeciones iniciales del gobierno, organizaciones de derechos humanos e incluso El Mercurio.
