Tras las tres rebajas de condena concedidas por los delitos de tortura y secuestro calificado, —dos de ellas a presos de Punta Peuco—, el Gobierno sostiene ahora por escrito que otras dos debieron otorgarse. Según documentos a los que accedió Interferencia, el subsecretario de Justicia, Luis Silva Irarrázaval, informó a la Corte de Apelaciones de Santiago que el Ministerio no podía negar el beneficio a los ex agentes de la CNI Heraldo Velozo Gallegos y Patricio González Cortez, y hasta ahora solo los tribunales han impedido que se concrete. Los dos oficios responden a una solicitud de informe de la presidenta de la Corte, Marisol Rojas Moya.

Quiénes son los condenados

Velozo y González fueron agentes de la ex CNI. Velozo era cabo segundo del Ejército y González, empleado civil del Ejército en la Brigada Azul. Ambos fueron condenados por los secuestros calificados de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, cinco miembros del FPMR detenidos entre el 9 y el 10 de septiembre de 1987, como represalia por el secuestro del coronel Carlos Carreño.

Según el procesamiento del ministro Mario Carroza, las víctimas fueron retenidas en el Cuartel Borgoño, asesinadas y lanzadas al mar frente a Quintay, atadas a durmientes de ferrocarril. Sus cuerpos nunca fueron identificados. González cumple desde 2017 una condena de diez años y un día en Colina I, y con la rebaja que reclama su pena habría terminado en septiembre de 2025. La de Velozo, de ser aplicada, habría terminado en febrero de ese año. González fue además condenado como cómplice por los homicidios de Fuenteovejuna, en 1983.

La “doctrina” del Ministerio de Justicia

Según los oficios, la ley de reducción de condenas permite descontar dos meses cuando el reo ha cumplido menos de la mitad de la pena y tres cuando ha cumplido más, siempre que haya sido calificado con conducta sobresaliente. Silva argumenta que la facultad del Ministerio no es discrecional: solo puede negarse por las causales de exclusión que enumera la propia ley, y “la gravedad del delito, el bien jurídico afectado o el tamaño de la pena” no figuran entre ellas.

Según los oficios del subsecretario, ambos reos acumulan 19 meses de rebaja por conducta sobresaliente y no concurriría en ellos ninguna causal de exclusión, de modo que el Ministerio, escribe Silva, no tenía margen para rechazarlos, y repite en los dos documentos que la rebaja “debió haberse otorgado”. Es una interpretación que contradice la del propio Ministerio bajo el gobierno anterior y la de los tribunales que han revisado los casos.

Dos lecturas opuestas

El exministro de Justicia Jaime Gajardo había rechazado ambas solicitudes en septiembre de 2025 con otro razonamiento. Según un decreto que cita El Mostrador, aplicó el Estatuto de Roma: quien fue condenado por crímenes de lesa humanidad puede acceder a una rebaja solo si manifestó “desde el principio y de manera continua” su voluntad de cooperar con la justicia. En el caso de González, escribió Gajardo, la sentencia consigna que negó su participación, por lo que no se le reconoció la atenuante de cooperación.

Los condenados recurrieron de amparo y las cortes rechazaron los recursos. El 7 de octubre, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones volvió a rechazar el de González, al sostener que la ley concede “un beneficio y no establece un derecho”, por lo que el condenado tiene “una mera expectativa”, y que los 19 meses nunca fueron otorgados por la autoridad que debe decidirlo. Es la lectura contraria a la del subsecretario, para quien el beneficio es exigible si se cumplen los requisitos.

Las audiencias de Silva

El registro de Ley del Lobby muestra que el 21 de septiembre Silva recibió en audiencia a Christian y Felipe Haase, que representaron a su padre, el coronel en retiro Nelson Haase Mazzei. Según el registro, la reunión contó con una asesora jurídica del subsecretario, y los hermanos expusieron antecedentes sobre el estado de salud de su padre y las condiciones en que cumple su condena en el Complejo Penitenciario Alto Bonito.

Haase Mazzei fue condenado por los homicidios de Víctor Jara y Littré Quiroga, en 1973, y estuvo prófugo desde 2023 hasta su detención, el 25 de julio de este año. La audiencia con el subsecretario se realizó casi dos meses después de su captura.