Este lunes 2 de mayo comenzó una semana maratónica para el Pleno de la Convención con la votación de los últimos dos informes de reemplazo de la Comisión de Principios Constitucionales, culminando la presentación de normas respectivas a esa instancia.
Durante la sesión plenaria ingresó un nuevo artículo al borrador de la nueva Constitución con el que se da rango constitucional a “los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. Así también, ingresaron incisos clave como el derecho de las personas mayores a “obtener prestaciones de seguridad social suficientes para una vida digna" y el establecimiento legal de “un sistema de protección integral de garantías de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.
De ahora en adelante habrá un Pleno por día, comenzando este martes con Sistemas de Justicia; el miércoles con Derechos Fundamentales y Forma de Estado; el jueves con Sistemas de Conocimientos; el viernes será el turno de Sistema Político y la definiciones finales del Poder Ejecutivo y Legislativo, y Medioambiente el sábado, con un articulado que contendrá temáticas como recursos mineros y derechos de agua.
Este martes es el turno de Sistemas de Justicia. El nuevo articulado define el funcionamiento y organización de órganos tan importantes como el Banco Central, que seguirá siendo autónomo; la Corte Constitucional, que sucederá al Tribunal Constitucional; el Consejo Superior del Ministerio Público, que trae de regreso al Fiscal Nacional a pesar de su eliminación en el informe anterior, y las nuevas formas de elección del Contralor General y del Servel.
Este martes es el turno de Sistemas de Justicia, cuyo informe viene renovado tras el rechazo en general la semana pasada. El nuevo articulado define el funcionamiento y organización de órganos tan importantes como el Banco Central, que seguirá siendo autónomo; la Corte Constitucional, que sucederá al Tribunal Constitucional; el Consejo Superior del Ministerio Público, que trae de regreso al Fiscal Nacional a pesar de su eliminación en el informe anterior, y las nuevas formas de elección del Contralor General y del Servel.
Es así que esta nueva propuesta de Sistemas de Justicia apunta directamente a restarle atribuciones al Presidente en el nombramiento de altos cargos públicos, traspasando la selección de los candidatos a concursos de Alta Dirección Pública. En esta línea, para dotar de sentido al “presidencialismo atenuado”, será el Congreso el encargado de votar la mayoría de los candidatos a escoger en la renovada institucionalidad.
De aprobarse el articulado, el Congreso podrá elegir de las ternas propuestas por concurso de Alta Dirección Pública a: el Contralor General, todos los consejeros del Banco Central, cuatro miembros de la Corte Constitucional, cinco consejeros del Servel, tres consejeros superiores del Ministerio Público y a tres consejeros de la Defensoría Penal Pública.
Así también el Parlamento podrá nombrar al Director Nacional de la Agencia de Aguas, de la Agencia de Medioambiente, al Defensor del Pueblo y al Defensor del Medioambiente.
De todas formas, el Presidente se reservará el nombramiento de tres miembros del Consejo de Alta Dirección Pública a partir de una terna presentada por el Congreso. Operación que también funcionará a la inversa, pues el Congreso podrá elegir a tres miembros del Consejo ADP a partir de una terna presentada por el primer mandatario.
Además, el Presidente conservará el nombramiento de tres miembros de la Corte Constitucional, del presidente del Banco Central a partir de los consejeros ya electos por el Congreso y de los doce abogados que formarán el Consejo de Defensa del Estado.
Más atribuciones para la Cámara de las Regiones
El viernes será la última oportunidad para la Comisión de Sistema Político para definir la organización, funcionamiento y atribuciones del Poder Legislativo y Ejecutivo, contenido en su primer bloque temático. Si uno o más artículos no alcanzan los dos tercios, estos quedarán definitivamente descartados del debate constitucional.
De esta forma, tras una nueva discusión en la comisión, el articulado propuesto expande las atribuciones de la Cámara de las Regiones incluyéndose cabalmente dentro del Poder Legislativo en el artículo cinco bis.
Además, con el paso de las negociaciones entre colectivos -donde los socialistas propugnaron por una segunda cámara más parecida al Senado-, las leyes de acuerdo regional, que delimitan el poder legislativo de la Cámara de las Regiones, fueron sumando incurrencias, pasando de siete a diecisiete.
En el proceso, la Cámara de las Regiones adquirió atribuciones legislativas respecto a leyes que: regulen los estados de excepción constitucional; creen, modifiquen o supriman tributos o exenciones y determinen su progresión y proporcionalidad; que directamente irroguen al Estado gastos cuya ejecución corresponda a las entidades territoriales; que implementen el derecho a la salud, derecho a la educación y derecho a la vivienda, entre otras.
Así también, se propondrá ante el Pleno que la cámara regional sea juez en el trámite de las acusaciones constitucionales, estableciendo en el artículo 11 ter que “es atribución exclusiva de la Cámara de las Regiones conocer de las acusaciones que el Congreso de Diputadas y Diputados entable (...). La Cámara de las Regiones resolverá como jurado y se limitará a declarar si la o el acusado es o no culpable”.
Además, el articulado planteará separar la elección presidencial de la legislativa. De modo que el Congreso sea electo “el cuarto domingo siguiente a la elección presidencial, o en conjunto con la segunda elección cuando hubiere”.
En esta línea, Sistema Político propondrá en el Pleno que uno de los requisitos para ser diputado sea “tener avecindamiento en el territorio correspondiente durante un plazo no inferior a dos años”. En tanto, para los representantes regionales será un plazo de cuatro años.
Medioambiente: última oportunidad para nacionalizar el litio
Hasta este martes en la madrugada, la Comisión de Medioambiente continuaba debatiendo y votando las indicaciones y artículos de reemplazo para su segundo informe de normas constitucionales.
El texto contiene temáticas que han sido definidas por los convencionales de la Comisión de Derechos Fundamentales como la caja para pagar los derechos sociales garantizados en el Pleno de 19 y 20 de abril.
Tal es el caso del “Estatuto constitucional de los minerales”, epígrafe del texto que se presentará este sábado y que con ocho artículos define la propiedad estatal de las minas, su explotación y las precauciones medioambientales que el Estado debe tener al explotar estos recursos. Esta será la última oportunidad de la comisión para ‘nacionalizar’ recursos como el cobre y el litio, luego de haberse rechazado las dos propuestas anteriores.
Por ahora, la comisión propondrá al Pleno que “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales (...)”, así como hidrocarburos.
A esto se suma el artículo 27 de la propuesta, con que el Estado se reservará la explotación del litio, minerales no metálicos e hidrocarburos, pues “no serán objeto de autorizaciones administrativas”.
Estas consideraciones no correrán para el cobre, pero se deja abierta la puerta para que otras comisiones formulen propuestas de protección declarando ciertos minerales como “de interés nacional”. Igualmente para “demás sustancias que determine la ley”.
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