Los caminos se cierran para el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. Pese a que el director subrogante de la Conadi, Fernando Sáenz, le ha seguido prestando apoyo negando la ilegalidad de la compra de tierras que realizó en la comunidad mapuche Mariano Millahual de Pucón, las iniciativas en contra de la adquisición toman fuerza.
Durante la mañana del jueves un grupo de diputados de oposición anunció la creación de una comisión investigadora por este caso, y también por todas las compras irregulares de tierras indígenas en las regiones del Bío Bío, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos.
Al respecto la diputada mapuche, Emilia Nuyado (PS), señaló que “esta comisión investigadora va a permitir revisar qué significa la tierra indígena. Hemos tenido algunos informes que ha entregado la Conadi favorables a esta compra que realizó el subsecretario, por lo tanto la comisión tiene que revisar aquellas tierras que se encuentran aledañas en el conservador de Pucón, asimismo revisar una serie de registros en notarías y conservador para que se pueda revisar con claridad lo que señala la Ley Indígena en sus artículos 12 y 13”, dijo.
La congresista agregó que además del énfasis en el caso de Rodrigo Ubilla, se analizarán antecedentes de otras compras realizadas por privados y también de arriendos por 99 años en distintas comunidades indígenas.
Un hecho que destaca de la acción de los congresistas es que para conformar esta comisión investigadora se juntaron 62 firmas de la oposición, incluyendo por ejemplo al diputado Matías Walker, del ala conservadora de la Democracia Cristiana.
Los diputados fijaron un plazo de 120 días para investigar. De esta forma la comisión se desarrollará de forma paralela a la consulta a los pueblos originarios que el gobierno espera realizar en mayo. Uno de los puntos de esa consulta, que busca actualizar la Ley Indígena de 1993 es, precisamente, modificar el punto que prohíbe la enajenación de tierras indígenas.
El próximo miércoles se votará la comisión investigadora en sala. De ser aprobada, durante la semana siguiente se conformaría y según adelantaron desde el equipo de Emilia Nuyado, una de las primeras acciones sería citar al subsecretario Ubilla, quien se ha excusado en dos ocasiones ya de asistir a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originario para dar sus explicaciones por su compra de tierras.
Las acciones de la comunidad
El nuevo espaldarazo que le dio la Conadi al subsecretario del Interior, también generó molestia al interior de la Comunidad Mariano Millahual, que emitió un comunicado en el cual reiteraron su disposición a esperar el pronunciamiento de la Contraloría Regional, respecto a la solicitud que realizaron el 15 de marzo.
En esa oportunidad y a través de su werkén, Carlos Quiñenao, le pidieron a la autoridad administrativa regional que se manifestara respecto a la legalidad de los dichos del director (s) de la Conadi, quien en cuanto INTERFERENCIA reveló la compra de terrenos de Ubilla en la comunidad mapuche, emitió una serie de declaraciones respaldando al segundo hombre del ministerio del Interior. En este sentido, solicitaron que se iniciara un sumario administrativo con el fin de determinar eventuales irregularidades y se ordenara a la Conadi, tal como se ha hecho en otras oportunidades, demandar la nulidad del contrato de compraventa realizado entre el subsecretario y Guadalupe Moris.
El contralor regional de La Araucanía, Rafael Díaz-Valdés, dio inicio al proceso solicitando al director nacional (s) de la Conadi emitir un informe que dé cuenta de la situación demandada por la comunidad .
"Dicho informe deberá ser preparado con intervención de la asesoría jurídica o abogado de esa entidad (...) Además, deben remitirse todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente las presentaciones de que se trata", ordena el documento al cual INTERFERENCIA tuvo acceso exclusivo.
En los próximos días vence el plazo estipulado por el órgano contralor para que la Conadi entregue su versión de los hechos y los documentos que respalden las actuaciones de sus autoridades.
En el comunicado emitido por la comunidad, también acusaron a la Conadi de realizar una “defensa corporativa respecto de un alto funcionario de gobierno, no escatimando en recursos y no advirtiendo plazos para la generación de antecedentes para su defensa”. A juicio de la comunidad, estas acciones dan cuenta de un “evidente abandono de deberes producidos por este tipo de acciones que vulneran abiertamente nuestros derechos y los de todas las comunidades constituidas al amparo de la Ley 19.253”.
Asimismo solicitaron a la Conadi la elaboración de un informe jurídico administrativo que dé cuenta de “la pérdida territorial que hoy posee la comunidad Mariano Millahual, incluida la venta generada al Sr. Ubilla. Dicha petición será presentada formalmente al Consejo Nacional de la Conadi, de manera que sea este espacio el lugar en que en lo sucesivo se resuelva la controversia generada por la deficiente, parcial y arbitraria interpretación generada por el fiscal nacional (S) de la Corporación”.
Finalmente, declararon que este es sólo el inicio “de nuestro proceso de restitución territorial a través de los mecanismos que para este efecto ha dispuesto el Estado chileno, esperando que resuelva con la misma diligencia y recursos puestos a disposición del Sr. Rodrigo Ubilla en el más breve plazo, en favor de cada uno de los integrantes de nuestra comunidad”.
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