La acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, se votaría en Valparaíso, la región que más rebajas de condena de este tipo concentra entre los decretos a los que ha accedido Interferencia.
De los documentos que conceden la rebaja citando la Ley 21.421 revisados por este medio, 15 corresponden a personas que cumplían condena en cárceles de la Región de Valparaíso. La Ley 21.421 es la norma que desde 2022 excluye de este beneficio a los condenados por delitos contra menores de edad. "Es indignante que nuestra región registre 15 rebajas de condena bajo estos criterios. Detrás de cada caso hay víctimas y familias que merecen justicia", dijo a este medio el diputado Jorge Brito (FA).
Los 15 casos se reparten en seis recintos penitenciarios de la región. La cárcel de Limache, la de Petorca y la de Casablanca suman cuatro rebajas cada una. El Complejo Penitenciario de Valparaíso, la cárcel de Los Andes y el Centro de Estudio y Trabajo Camino La Pólvora registran una cada uno. Ninguna otra región se le acerca entre los decretos revisados por este medio. La cifra, sin embargo, podría crecer: puede haber otros decretos de este tipo a los que aún no se ha accedido, y varios diputados han exigido al gobierno que los publique todos.
En todos estos decretos, el Ministerio de Justicia concede la rebaja aunque cita la Ley 21.421. Esa legislación se publicó en febrero de 2022 y agregó los delitos contra menores de edad a la lista de casos que no pueden recibir este beneficio. Para concederlo, el ministerio cita la ley o fallos de la Corte Suprema que, en su mayoría, han dicho que la reforma no se aplica a hechos ocurridos antes de que existiera. Los decretos no detallan el delito ni la edad de las víctimas, y las causas judiciales son reservadas.
Lo que ha pasado
El 21 de octubre, Interferencia reveló que el ministerio había acortado las penas de 56 condenados por delitos sexuales contra menores de edad: 27 por abuso sexual y 29 por violación. Desde entonces, la crisis no ha parado de crecer. El 26 de octubre, este medio publicó los decretos que desmienten la llamada "doctrina Rabat": en sus primeros meses, el mismo ministerio había negado rebajas de este tipo, aplicando la prohibición de 2022. Ese mismo día, los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) denunciaron al ministro ante la Fiscalía por prevaricación, el delito que comete una autoridad que resuelve a sabiendas contra la ley.
El miércoles 28 de octubre, Rabat se presentó ante la Cámara de Diputados en una sesión especial. Sostuvo que su ministerio solo firma lo que deciden las comisiones que evalúan a los presos. Esa misma tarde, la Cámara aprobó una resolución que pide al Presidente José Antonio Kast la renuncia del ministro y de los subsecretarios Luis Silva y Pablo Mira, y la oposición anunció la acusación constitucional, el juicio político que puede terminar con la destitución del ministro. Al día siguiente, Rabat anunció una querella contra el diputado Jaime Bassa (FA) por haber vinculado las rebajas con una "red internacional de pedofilia". El jueves 30, el gobierno removió a Silva tras la difusión de un video en que explicaba su firma de los decretos, y lo reemplazó por Josefina Soto. A Rabat, en cambio, lo mantuvo.
El domingo 1 de noviembre, Interferencia dio a conocer que esa defensa no calza con los propios decretos del ministerio. Entre marzo y septiembre, la cartera de Rabat aprobó 11 rebajas pese a que sus oficinas regionales, las Seremi, habían advertido que la ley podía impedirlas, y negó otras 22 que esas oficinas habían dado por buenas. En dos de las aprobadas, firmadas por el propio Rabat en julio, la Seremi del Biobío había advertido que podía aplicarse la norma que excluye del beneficio a ciertos agresores sexuales.
Al día siguiente, este medio describió la peor semana del gobierno de Kast. Según la encuesta Cadem del 1 de noviembre, la aprobación del Presidente cayó a 26%, su nivel más bajo desde que asumió, y un 70% cuestiona que Rabat siga en el cargo. Kast reconoció el error, suspendió nuevas rebajas y anunció una revisión caso a caso de los decretos, pero descartó la salida del ministro y partió de gira a Europa, con escalas en España e Italia. Según esa misma nota, la oposición cuenta con cerca de 64 votos para la acusación y depende del Partido de la Gente (PDG) para alcanzar la mayoría.
Para que la acusación prospere, primero tiene que aprobarla la Cámara. Si eso ocurre, el Senado actúa como jurado y decide si el ministro es culpable. Por eso importa también la postura de los cinco senadores de la región.
“Su permanencia es insostenible”
Brito fue tajante sobre la acusación. "Vamos a aprobar la acusación constitucional contra el ministro Rabat. Su permanencia es insostenible", declaró a Interferencia. Agregó que su sector está "condicionando partidas del Presupuesto del ministerio de Justicia y de la presidencia de la República", porque "no puede ser que el gobierno rebaje condenas por delitos tan graves y nadie asuma la responsabilidad política". El diputado del Distrito 7 pidió además revisar los decretos: "Exigimos revisar los decretos y que quienes hayan sido liberados indebidamente vuelvan a prisión. Las víctimas no pueden seguir pagando las consecuencias de las decisiones del gobierno".
Nelson Venegas (PS), diputado del Distrito 6, sostuvo que la oposición ya no tiene otro camino. "Hemos agotado todas las instancias con el Gobierno para tratar de solucionar este tema. Tuvimos una sesión especial donde el ministro tenía que traer antecedentes y no los trajo. No ha entregado la información respecto de todos los decretos a través de los cuales se realizó la rebaja", dijo a este medio. Para Venegas, el ministro no cumplió con la Constitución, "por cuanto ahí mismo se señala que ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias un ministro de Estado debe dejar de hacer lo que la Constitución le ordena".
El diputado socialista también apuntó a La Moneda. "Tenemos un ministro que sigue ahí y se sigue desfondando ya no sólo el Gobierno sino que la confianza pública. Chile entero está preocupado de esta situación y la política tiene que ser capaz de resolverlo, mientras el Presidente se va a compartir con sus amigos ideológicos a España", afirmó. Y cerró: "Por eso, por supuesto que estoy a favor de una AC, más que por lo político por el tema humano, porque estamos hablando de violación de niños y de niñas, no de otra cosa".
La diputada Francisca Bello (FA), también del Distrito 6, se refirió al número de casos en la región. "Somos la región más afectada del país entre las 56 rebajas de condena que firmó el Gobierno a condenados por abusar y violar a niños, niñas y adolescentes. Y el número final todavía no se conoce, una incertidumbre que ya es una ofensa para las familias que esperan respuestas", afirmó a Interferencia. Para Bello, "no hubo una orden que obligara a entregar el beneficio, sino una decisión política con la firma del ministro Rabat".
Por eso, explicó, apoyará la acusación: "Respaldamos la Acusación Constitucional que ya anunció la oposición: cuando se trata de niños no hay margen para el error ni para la excusa, y quien firmó estas rebajas debe responder políticamente". La diputada también criticó la respuesta del gobierno: "Hoy el Gobierno congela los decretos y promete leyes, pero llega tarde, como quien aparece con el balde cuando la casa ya se quemó. Las familias de la Región de Valparaíso merecen saber, caso a caso, qué pasó".
La oposición de la región, en bloque
Luis Cuello (PC), diputado del Distrito 7, es uno de los impulsores de la acusación y del camino penal contra el ministro. "Creo que hay méritos suficientes para una acusación constitucional", dijo a BioBioChile el 31 de octubre, y agregó: "me da la impresión de que aquí hay una suerte de protección muy obsesiva hacia el ministro Rabat". Ese mismo día, en Radio Universidad de Chile, sostuvo que el ministro "infringió el principio de legalidad de los artículos 6 y 7 de la Constitución", los que obligan a las autoridades a actuar solo dentro de lo que la ley les permite.
Sofía González (PC), del Distrito 6, pidió a la Contraloría revisar la legalidad de los decretos, según recogió Emol. El 28 de octubre, al solicitar por Transparencia las comunicaciones entre Rabat y el Presidente Kast, dijo a Puranoticia: "El Gobierno ha entrado a un túnel sin salida en donde cada vez es más oscuro".
Jaime Bassa (FA), del Distrito 7, quedó en el centro de la polémica por sus dichos sobre una red de pedofilia, que motivaron la querella del ministro. "Me da lo mismo que haga el ministro, no me va a asustar con esto", respondió en una entrevista citada por Chilevisión. En la misma conversación aclaró: "Si me preguntan si Rabat es pedófilo, no. Evidentemente, no".
En el Senado, Diego Ibáñez (FA) fue de los primeros en pedir la salida del ministro. "Yo creo que él tiene que renunciar, creo que es insostenible, es revictimizante, desde el punto de vista de las víctimas", dijo a CNN Chile, donde además condicionó su voto al presupuesto de Justicia: "Al Ministerio de Justicia, al menos mi voto no va a estar disponible mientras él sea ministro". La senadora Karol Cariola (PC) calificó las rebajas como "un acto de impunidad frente a niños y niñas que van a quedar condenados para toda su vida", según Puranoticia, aunque no se ha pronunciado públicamente sobre la acusación.
El oficialismo, dividido
Dentro del oficialismo, la voz más inesperada fue la de Hotuiti Teao (IND-UDI), diputado del Distrito 7. El 27 de octubre, en T13, dijo que "si hoy día hubiera una acusación constitucional, obviamente que yo la votaría a favor", según la versión que reprodujo Radio Universidad de Chile. "Cuando pongo a las familias en el centro, no me voy a perder nunca", agregó en el mismo programa, según T13. Días después matizó su postura. En un comunicado citado por El Mostrador, afirmó que "si existía una posibilidad jurídica de impedir estas rebajas, había que utilizarla", pero condicionó su voto a conocer los capítulos de la acusación.
Luis Pardo (RN), diputado del Distrito 6, reconoció el daño, pero marcó una diferencia. "El costo político es enorme", dijo, según El Mostrador. Y agregó: "Una cosa es decir que sería bueno que el ministro renuncie, y otra cosa es votar a favor de una acusación constitucional".
Los republicanos de la región cerraron filas con el ministro. Luis Sánchez (Republicano), del Distrito 7, sostuvo en la Cámara que apoyar la resolución que pidió la renuncia no equivale a apoyar la acusación: "Yo no creo que necesariamente por votar a favor un proyecto de resolución se vota a favor una acusación constitucional", dijo, según Cooperativa. Benjamín Lorca (Republicano), del Distrito 6, afirmó durante la sesión especial que "pedir la cabeza del ministro hoy no resuelve nada, de hecho obstaculiza", consignó el Diario Financiero.
El presidente del Partido Republicano y senador por la región, Arturo Squella (Republicano), es uno de los principales defensores de Rabat. "Se puede tener la frente en alto tal como la tiene el ministro Rabat", dijo a Cooperativa. En una entrevista con El Mercurio aseguró que el ministro "sin duda contará con el respaldo de todas las bancadas". El senador Andrés Longton (RN) también descartó la salida de Rabat. Consultado en Primera Pauta sobre si el ministro debía dejar el cargo, respondió: "No, para mí no, de ningún modo".
La llave del PDG
Los votos del Partido de la Gente pueden decidir la acusación en la Cámara, y dos de sus diputados son de la región. Juan Marcelo Valenzuela (PDG), jefe de la bancada y diputado del Distrito 7, se mostró escéptico. "Mi pega es hacer leyes para cerrar la brecha, y no voy a desgastarme en tratar de bajarle un ministro al gobierno", dijo en Pauta. Aun así, admitió que "si hubiésemos estado en el Ejecutivo, probablemente no se hubiese sostenido en el cargo" y anticipó que la votación "probablemente va a terminar siendo voto a voto". En Radio Infinita, reconoció que en su bancada "hay visiones encontradas".
Sobre Javier Olivares (PDG), del Distrito 6, no se conocen declaraciones públicas sobre la acusación. El presidente del PPD, Raúl Soto, dijo a El Dínamo que en el PDG "hay otros que todavía no han decidido, o que están en contra como el diputado Olivares".
La acusación se votaría en los próximos días en el Congreso, en Valparaíso, la misma región donde estaban presas las 15 personas cuyas condenas se rebajaron. "Las familias de la Región de Valparaíso merecen saber, caso a caso, qué pasó", insistió Bello.
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