La ex ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco quedó en prisión preventiva tras ser formalizada por cohecho y lavado de activos, en una resolución que marca un hito inédito para el sistema judicial chileno, al tratarse de la primera ex suprema enviada a la cárcel durante una investigación penal.

Fiscalía apunta a que los conservadores ayudaban a la ex suprema Vivanco y su pareja a lavar dinero proveniente de los abogados CBM Mario Vargas y Eduardo Lagos, para obtener fallos favorables.

Intercepciones telefónicas al conservador de Puente Alto, Sergio Yáber, dejan entrever que habría pagado $1,7 millones al diputado republicano Cristian Araya, hermano de la jefa de gabinete de Kast, por información para dar un golpe periodístico contra Daniel Manouchehri, diputado que promovió la acusación constitucional que destituyó al ex ministro Antonio Ulloa por sus vínculos con Luis Hermosilla.

En su declaración para la trama bielorrusa, el conservador de Puente Alto, Sergio Yáber, afirma que un “colega y amigo” rechazó representar al Consorcio Belaz Movitec en su disputa contra Codelco: “Estaban dispuestos a pagar lo que fuera necesario por ganar ese juicio”. Tras ser rechazados por ese estudio jurídico, llegaron hasta Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes habrían formado parte del esquema de lavado de activos y coimas para ex suprema Vivanco.

Fiscalía investiga al círculo cercano de Ángela Vivanco, a su esposo Gonzalo Migueles y a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, por el posible pago de $57 millones en coimas por fallos favorables en la Corte Suprema. El consorcio está encabezado por Movitec, de las familias chilenas Duch León y Sekul Camus, y la estatal bielorrusa Belaz.