Pese a que los antecedentes surgieron hace dos años, aún no hay formalizados en la arista más cuantiosa del Caso Convenios. Escuchas ilegales, dos fiscales removidos y persecutoras vinculadas a uno de los investigados, son algunos de los episodios que ha protagonizado el Ministerio Público.

Las escuchas telefónicas indagadas por la PDI pusieron al presidente Gabriel Boric como protagonista por un posible financiamiento a su campaña con platas de la fundación. A esto se suma que Alberto Larraín tuvo una llegada fallida al Gobierno e incrementó en 10 veces los convenios que su fundación obtuvo con la actual administración. 

Entre los 26 teléfonos pinchados para la investigación del caso figura el de la ex esposa del fundador de ProCultura, Alberto Larraín. En las conversaciones se interceptó una con el presidente Boric, en la que analizan esta artista del Caso Convenios. El fiscal Cooper también solicitó intervenir el celular del mandatario, pero la medida fue rechazada por el tribunal. El persecutor justificó la medida en conversaciones de Larraín que apuntan a “un posible financiamiento irregular de campañas políticas".

La acción legal apunta al creador de Procultura, Alberto Larraín, y da cuenta de cinco convenios firmados por casi $405 millones entre 2021 y 2023. En un correo, Larraín aseguró que no podrán justificar el desarrollo de los proyectos y dejó en libertad de acción a la firma para que adopte las medidas que estime pertinentes.

En Concepción nunca se abrió una investigación sobre ese caso y Paul Esquerré, es dueño de una consultora implicada y miembro de una de las familias más influyentes de esa ciudad. La persecutora asegura que se inhabilitó de causas vinculadas a esa familia, pero un correo da cuenta que solicitó datos relacionados al personaje.