La multinacional AngloAmerican interpuso una querella por el delito de estafa en contra de quienes resulten responsables, pero que apunta al creador de la Fundación Pro Cultura, Alberto Larraín.

La acción legal incoada en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, da cuenta de cinco convenios firmados por la minera con Procultura por casi $405 millones entre 2021 y 2023 referidos a diagnósticos patrimoniales, y uno referido a un programa de “bienestar y salud mental”.

De la cifra señalada -y de acuerdo a una carta enviada a la entidad que hoy es investigada por la fiscalía en gran parte de Chile por fraude al fisco entre otros delitos- hay más de $290 millones cuya ejecución y destino no han sido justificados.

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El término de los convenios entre esta última y la ONG creada y dirigida por el siquiatra Alberto Larraín desde 2010, quedaron plasmados en dos e-mails incluidos en la acción legal, a los que accedió Interferencia.

Fechados en mayo pasado, fueron enviados por María Jesús Jaqueih, asesora de la unidad de Medios de Vida, dando cuenta de la determinación.

En su respuesta, Larraín aseguró que desde noviembre de 2023 entraron en una “situación de insolvencia a raíz de la decisión del Gobierno de dar por terminado 15 años de trabajo de la fundación, cerrando todos los canales para dar continuidad con los proyectos”.

En esa línea sostuvo que, como le era imposible cumplir los compromisos adquiridos, la metálica quedaba en libertad de acción: “Obviamente ustedes pueden tomar las acciones que estimen convenientes, así como también la fundación lo hizo, y seguir los conductos regulares”.

En el mismo mes, la actriz María Constanza Gómez, quien fungía como directora de Comunicaciones y Desarrollo Social, también mantuvo contacto digital con Jaqueih.

Gómez aseguró que la “situación a la que nos vimos arrastrados durante el 2023 nos superó, no solo porque jamás imaginamos tener que lidiar con tal cantidad de injurias y calumnias, sino que también el golpe de la difamación mediática dañó nuestra capacidad de seguir trabajando”.  

“Es así que tuvimos que despedir a los más de 200 trabajadores de la fundación y hoy no contamos con más que mis manos para intentar dar respuesta a todos”, continúa el mail

Y cerró: “Dado lo anterior, te agradecería podamos contar con plazos más extensos para ir respondiendo a lo que solicitan, porque me es humanamente imposible lograr cumplir con las fechas que propones, sin embargo me interesa poder entregarles la mayor cantidad de respaldos e informes de todo lo ejecutado”.

La acción legal -patrocinada por los abogados Cristian Muga y Rodrigo Ávila- no solo busca la eventual recuperación del dinero, sino además demostrar que no se encuentra vinculada a delitos de corrupción. Lo anterior porque al tratarse de una firma transnacional, las autoridades del país de origen podrían iniciar investigaciones para determinar si existe vinculación criminal con los delitos indagados en Chile.

AngloAmerican es una multinacional con sede en Londres, Inglaterra, y mantiene operaciones en Chile en las minas Los Bronces, El Soldado y Collahuasi.

El nuevo fiscal

Actualmente el caso Pro Cultura es investigado por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, bajo delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, lavado de activos, entre otros. 

La semana pasada, Cooper ordenó una serie de allanamientos e incautaciones, entre ellas en la residencia de Larraín donde se requisaron equipos tecnológicos.

La última arista de Pro Cultura que lleva Cooper, vincula a la ex pareja del Presidente Gabriel Boric, Irina Karamanos. De acuerdo a información de prensa, la profesional habría realizado “abonos sospechosos” a la fundación por más de $5 millones entre 2021 y 2023.

Se indaga si eventualmente se trató de pagos que luego reembolsó a la empresa de Larraín como una fórmula de blanquear aportes.

Si bien Karamanos ha negado los hechos, lo cierto es que el actual perseguidor del caso no ha descartado ni confirmado alguna responsabilidad de la cientista social.

A principios de octubre, en tanto, la abogada de Pro Cultura, Susana Borzutzky, renunció al patrocinio, argumentando diferencias en la estrategia legal para enfrentar el caso.

La jurista fue inquirida sobre si la decisión tuvo relación con la aparición de Karamanos en la investigación, pero declinó comentar.

El caso Palma

Antes de Cooper, la indagatoria estuvo en manos del ex titular de Aysén Carlos Palma. Este último se encuentra suspendido de su cargo, debido a una investigación que sustancia su colega de Los Lagos, por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla y la removida ministra de la Suprema, Ángela Vivanco a través de su pareja Gonzalo Migueles.

Antes de ser suspendido, Palma -y tal como reveló Interferencia- apuntó sus dardos a la administración como gobernador regional de Claudio Orrego. Básicamente por la transferencia de $1.680 millones a la fundación de Larraín por la vía “asignación directa” destinados a un programa a prevención del suicidio .

A juicio de Palma -por entonces- existían “situaciones indiciarias de delito” tal como señalaba la solicitud de medidas intrusivas presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago

De acuerdo al documento, Larraín fue designado en calidad de director de la Corporación de Desarrollo Regional, “cargo propuesto por el gobernador regional Claudio Orrego Larraín y aprobado por el Consejo Regional”.

Palma argumentó que Larraín renunció en septiembre de 2022 y apenas ocurrido ese hecho firmó un contrato con Pro Cultura, siendo este último director de la misma.

“Se han suscitado hallazgos que hacen indispensable incorporar y utilizar dicha información en la presente arista, donde se investigan los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y apropiación indebida, ocurrida en la Región Metropolitana”, escribió el suspendido Palma.

Conocida la situación, Orrego interpuso una querella criminal y negó cualquier irregularidad.

En su oportunidad, consultado por este medio, señaló: “se han logrado 1.721 intervenciones positivas para evitar suicidios, se ha capacitado en detección temprana de ideación suicida a 2.612 personas y se han realizado 560 atenciones de urgencia por intento suicida”. Y que el Gobierno Regional que dirige nunca actuó de manera ilegal.

Palma también investigó a María Constanza Gómez, a quien imputa la apropiación indebida de $300 millones”.