Sus servicios se consideran por el gobierno como un trabajo esencial, pero las empresas no los reconocen como trabajadores. Tampoco hay ley que los proteja, pues los proyectos duermen en el Congreso. Ante eso, la respuesta ha sido la sindicalización y la judicialización de sus casos, como lo es el primer juicio colectivo contra Pedidos Ya, aplicación que desvinculó a varios ridders por protestar por sus derechos laborales. 

La emergencia sanitaria por Covid-19, con las medidas de confinamiento, clausura económica y distanciamiento social, ha significado un tiro de gracia para una generación de jóvenes que ya atravesaban un escenario complejo antes de la pandemia debido al endeudamiento, las precarias condiciones laborales y áreas profesionales ya copadas de egresados. La OIT advierte que son los jóvenes los que se verán más afectados a largo plazo por la crisis que conlleva la pandemia.

Restaurantes, hoteles y el comercio se han visto paralizados frente a la nula visita de turistas. Por una parte, la isla le ha ganado al coronavirus, sin contagios nuevos en más de 80 días. Pero las autoridades y los comerciantes coinciden en que el gobierno no ha tomado medidas para evitar el encarecimiento de alimentos ni generar nuevos empleos, para una población que en un 80% vive del turismo.

A los despidos y reducciones de personal mediante planes de retiro producto de la situación económica en medio de la crisis sanitaria, se suma la posibilidad de que esos puestos de trabajo ya no vuelvan a estar disponibles en el futuro. Las oficinas serán cada día menos usadas y la industria inmobiliaria ya comienza a sentir el efecto del teletrabajo.

Miles de trabajadoras y trabajadores salieron a las calles de todo el país en una nueva conmemoración del 1° de Mayo, ocasión en la que se oyeron demandas por mejoras en las políticas que regulan el empleo y también un especial reproche a la labor de Mauricio Peñaloza, de la Dirección del Trabajo, a quien acusan de ser un obstáculo para los sindicatos.