Donald Trump no sólo quiere quitarles las corresponsalías a los bancos extranjeros del caso Odebrecht, sino que también multarlos en cientos de millones de dólares y dejar ese dinero para el tío Sam. 

Adexus recibió una orden de compra por 772 millones de pesos por el desarrollo de software y “datacenter” para realizar el referendo constitucional de octubre. Esta firma es una filial de Graña y Montero, empresa peruana vinculada al escándalo de corrupción política de Odebrecht.

Hace dos años Giorgio Martelli, ex administrador de la campaña presidencial, se auto-inmoló asegurando que esos fondos financiaron sus trabajos profesionales. Chong no siguió la hebra del caso, levantando sospechas de favoritismo político.

La compleja situación política que ha vivido Perú desde la dimisión del expresidente Pedro Pablo Kuczynski suma el escándalo en el ente persecutor, por la renuncia del Fiscal Nacional, tras el retiro –después revocado– de dos fiscales que investigaban las ramificaciones en ese país del caso Odebrecht.

En menos de dos días, Pedro Chávarry removió y restituyó a los fiscales que persiguen a Keiko Fujimori y Alan García, entre otros políticos vinculados al caso más grande de corrupción de Latinoamérica. El presidente peruano, Martín Vizcarra, va ahora por la cabeza del persecutor.