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Viernes, 23 de octubre de 2020
Filial de Graña y Montero

Servel paga más de $700 millones por servicios vinculados al plebiscito a firma ligada a escándalo de corrupción Odebrecht 

Camilo Solís

Adexus recibió una orden de compra por 772 millones de pesos por el desarrollo de software y “datacenter” para realizar el referendo constitucional de octubre. Esta firma es una filial de Graña y Montero, empresa peruana vinculada al escándalo de corrupción política de Odebrecht.

Para alegría de sus detractores, el plebiscito sobre una nueva Constitución fue pospuesto por la pandemia del Coronavirus desde la fecha original del 26 de abril a la del 25 de octubre de este año. Sin embargo, la maquinaria pública-electoral detrás de este proceso ha continuado su marcha.

El jueves de la semana pasada el Servicio Electoral de Chile (Servel), que es el órgano público a quien le corresponde llevar adelante todo tipo de procesos eleccionarios, dio luz verde a una orden de compra con la firma de tecnología Adexus S.A. para la “contratación de los servicios de desarrollo de software y de datacenter para centro de cómputos y procesos electorales de los años 2020-2021”. El ‘comprador’ es el Servel, que anotó la adquisición bajo el rótulo de “Plebiscito”. ¿El precio? Poco más de 770 millones de pesos, con IVA incluido.

En la documentación disponible en el portal Mercado Público se puede observar que este pago corresponde a una “Modificación de Contrato”, el cual se realizó el 27 de marzo de este año. Esto se debe a que Adexus ya había firmado un contrato previamente con el Servel, en el cual se adjudicaba la prestación de estos servicios tecnológicos respecto de todos los procesos eleccionarios a realizarse en los años 2020 y 2021 por una suma total de más de 4.000 millones de pesos.

En el documento de la modificación de contrato se señala que debido a la cláusula novena del contrato original, denominada “Modificación de las Prestaciones”, el Servel “podrá requerir prestaciones adicionales a las originalmente contratadas, siempre que estén debidamente justificadas y sean de la misma naturaleza que las contratadas (...). En tal caso, el precio total del contrato no podrá variar en más de un 30%”. Este 30% corresponde, justamente, a los más de 770 millones de pesos adicionales de la orden de compra de abril. 

La justificación para este pago adicional al contrato original, aparece mencionada en el mismo documento. En este se señala que “se requiere modificar el contrato individualizado precedentemente en el sentido de ampliar el monto y los servicios respectivos. De esta manera, los servicios contratados originalmente podrán ser utilizados en el Plebiscito Nacional (...)”.

El documento señala que estos cerca de 772 millones de pesos adicionales pagados a Adexus, vienen a aumentar el pago total que el organismo público hace al proveedor, “correspondiendo el nuevo importe total del contrato a $4.450.865.507, con IVA incluido”.

Estas compras públicas fueron posibles debido a que Adexus consiguió ganar una licitación pública ante dos competidores: Indra Sistemas Chile y Claro Servicios S.A. Según la descripción de esa licitación, abierta al público el 11 de noviembre de 2019, el servicio requerido consiste en: “(...) efectuar la transmisión de la información electoral de cada mesa receptora de sufragios desde los locales de votación de todo el país, entregando Resultados Preliminares y posteriormente, dando a conocer los Resultados Provisorios generados por los Colegios Escrutadores (...)”

Graña y Montero y el caso Odebrecht

Adexus es una empresa de origen chileno dedicada al rubro de tecnologías de la información que se fundó en 1990. Pero en 2015 se convirtió en una subsidiaria de la conocida empresa peruana dedicada al rubro de la construcción, Graña y Montero, que adquirió a la firma chilena. La entrada de la compañía peruana a la propiedad de Adexus se hizo pública en junio de 2015, a través de un anuncio en que ambas empresas informaron un acuerdo que consideraba la compra por parte de la empresa peruana del 44% de las acciones de Adexus.

En las escrituras públicas, disponibles en el Índice de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, se puede observar el influjo de capital que la compañía peruana inyectó: entre agosto de 2015 y enero de 2016, período en que Graña y Montero entró a la propiedad, Adexus pasó de tener un capital de unos 9.000 millones de pesos, a uno por encima de los 25.000 millones de pesos.

Graña y Montero es una empresa de gran antigüedad y envergadura en el país vecino. Un ranking del sitio AméricaEconomía.com, realizado en 2014, la situó en el primer lugar dentro de las grandes empresas de su rubro. Su patrimonio en 2014 se calculaba en torno a los 1.144 millones de dólares.

Sin embargo, esta empresa adquirió notoriedad en los últimos años debido a sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, la cual se vio implicada en graves casos de corrupción, los que incluían el pago de millonarios sobornos a autoridades políticas de al menos 12 países. Esto salió a la luz pública cuando el 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo publicó una investigación que denunciaba el pago de 788 millones de dólares a funcionarios públicos de distintos países latinoamericanos para así adjudicarse la realización de numerosos proyectos de infraestructura. Uno de los países latinoamericanos afectados por el escándalo de Odebrecht fue precisamente Perú, que entre otras cosas, llevó a la caída del Presidente Pedro Pablo Kuczynski en marzo de 2018.

Pero la telaraña entre Odebrecht, Graña y Montero y la política peruana se venía tejiendo hace años.

En 2005 la empresa peruana se adjudicó junto a Odebrecht el proyecto de ejecución de la Carretera Interoceánica tramo sur 2 y 3 en Perú. Esta contó con un soborno de alrededor de 20 millones de dólares pagados al entonces presidente Alejandro Toledo, según la confesión de ejecutivos de Odebrecht. Esto significó que el 4 de diciembre de 2017 la justicia peruana ordenara prisión preventiva para los ejecutivos de las empresas involucradas.

Además de esto, la empresa protagonizó un bullado escándalo por su participación en la construcción de determinados tramos de la línea 1 del Metro de Lima. Estas obras se adjudicaron a una sociedad en la que participaban Odebrecht y Graña y Montero en 2009, mientras Alan García cumplía con su segundo periodo en la presidencia de Perú. En abril de 2019, en el marco de las investigaciones que se llevaban en contra de Graña y Montero por los episodios de corrupción, el ex funcionario de Odebrecht, Jorge Barata, admitió ante la justicia que ambas empresas habían realizado sobornos para adjudicarse la licitación de dichos proyectos. El día 17 de ese mes, Alan García se suicidó en su residencia en Lima cuando la policía lo fue a buscar en el marco de este caso.

Además de Adexus, Graña y Montero tiene presencia en Chile a través de la empresa de ingeniería y construcción Vial y Vives. Esta subsidiaria de Graña y Montero se ha adjudicado grandes contratos en el sector minero privado, siendo relevante el que corresponde al proyecto Quebrada Blanca en la región de Tarapacá. Adexus, por su parte, tiene numerosos contratos con el sector público, dentro de los que destaca el desarrollo de servicios tecnológicos con el Registro Civil.

Graña y Montero ha manifestado en numerosas ocasiones, desde su llegada en 2015, su voluntad de desprenderse de Adexus. La vez en que estuvieron más cerca de hacerlo fue cuando llegaron a un acuerdo no vinculante para vender Adexus al fondo Advent International, el cual tiene presencia en Chile a través de su participación en Casinos Enjoy. Sin embargo, esta venta no llegó a buen puerto.

Luego de fracasar en este intento de venta, el 19 de noviembre de 2019 Adexus inició un proceso de reorganización. La empresa declaró al diario La Tercera que “desde hace un tiempo, Adexus ha venido teniendo problemas de liquidez de corto plazo. La situación por la que está atravesando Chile ha acentuado este problema (...)”. Según este artículo, la deuda de Adexus asciende a más de 36.000 millones de pesos

Graña y Montero informó en enero de 2020 que se aprobó esta reorganización con el voto favorable de más del 80% de los acreedores de la empresa. Mediante este acuerdo, Adexus “se comprometió a pagar la deuda en un plazo máximo de seis años (...). En paralelo, reveló un plan de reducción de costos, donde solo en diciembre [de 2019] desvinculó a 14% de los trabajadores”.

INTERFERENCIA contacto ayer en la tarde al Servel para conocer más detalles sobre los servicios prestados por Adexus. Sus representantes declinaron contestar por no contar con tiempo suficiente para responder.

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