Sin contrato escrito y por un cánon de $ 280.000 mensuales. Así ha operado el arriendo de este inmueble de 90 mts2, desde 2015, el cual no figuraría en los balances ni reportes de la UDI, lo que contraviene la Ley de Partidos Políticos. Jacqueline Van Rysselberghe, por su parte, negó haber llevado negociaciones con el dueño del inmueble, pese a que este dice lo contrario. 

La firma española se terminó imponiendo a la alianza de Smartmatic con Claro y Entel en un cuestionado ítem de experiencia previa que solo tiene Telefónica en el país, pese a que el proceso ya había sido frenado por el mismo sesgo en agosto de este año. La licitación no incluye servicios para el plebiscito constituyente, al tratarse de un proceso extraordinario.