El reportaje publicado por INTERFERENCIA este jueves, titulado Y sí sabía: Van Rysselberghe se contactó hace un mes con dueño de sede Bulnes 80 de la UDI para arreglar arriendo irregular y atraso de pagos, generó reacciones al interior de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y también en el Servicio Electoral (Servel).

El reportaje detalla cómo el propietario de la oficina 21 de Paseo Bulnes 80, Jaime Gallegos Costa, fue contactado por Jacqueline Van Rysserlbergue, presidenta de la UDI, hace cerca de un mes. Según Gallegos la presidenta lo contactó para solucionar la irregularidad en que se mantiene el arriendo de la oficina, que se ocupa como sede comunal de la UDI, y que no tiene contrato de arriendo y con deudas impagas de arrendamiento.

Según Gallegos, en variadas ocasiones él quiso regularizar el arriendo de dicha oficina ante Juan Arce, un dirigente de la UDI local de Santiago Centro, pero nunca tuvo éxito. En las transferencias bancarias del dueño, a las que tuvo acceso INTERFERENCIA, se puede observar varias correspondientes a otro dirigente local del partido, Julio Salinas, las que son irregulares y no corresponden, en ocasiones, a la totalidad del monto acordado de 280 mil pesos.

Van Rysselberghe aseguró este jueves que la afirmación de Gallegos sobre su intención de negociar la deuda del arriendo de la oficina y regularizar esta situación es "completamente falsa".

"Dice que alguien usó mi nombre para hablar con el señor [Gallegos]. Yo no lo conozco, yo no he hablado nunca con él, yo no le he pedido a nadie que hable en mi nombre con él y nosotros como política de la directiva tenemos que no arrendamos sedes comunales porque sería una discriminación contra otras comunas, o si tuviéramos recursos tendríamos que arrendarles a todos como cuando tienes una gran familia o no les arrendamos a ninguno", agregó Van Rysselberghe.

La arista del Servel

Según la Ley Orgánica Constitucional Sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, el Servel podrá iniciar un procedimiento administrativo sancionador “de oficio por la Subdirección competente o por denuncia fundada presentada por cualquier elector ante ella”. 

Son varios los puntos los cuales el Servel podría investigar -sin denuncias mediante- por contravención a la Ley Orgánica de Partidos Políticos, como por ejemplo el Artículo 41, el que los obliga a llevar "un libro general de ingresos y egresos, uno de inventario y uno de balance, debiendo conservar la documentación que respalde sus anotaciones". 

Nada de lo relativo al arriendo de la sede de Bulnes 80 estaría en esos balances, al no existir un contrato formal de arriendo. Según han explicado al interior de la colectividad, esos gastos habrían sido realizados por militantes individuales, pero aún así la ley los obliga a registrar "ingresos procedentes de los aportes de personas naturales".

También ese articulado obliga a los partidos a "mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, el informe mensual de sus ingresos y gastos, actualizados trimestralmente [y] desglosado[s]".

El Artículo 49, por su parte, obliga a los partidos políticos a "mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, en forma completa, actualizada y de un modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito, los siguientes antecedentes actualizados, al menos, trimestralmente [entre lo que se encuentra] el "domicilio de las sedes del partido".

Todas estas contravenciones a la ley, dependiendo de su gravedad, conllevan sanciones, que van de multas hasta incluso la disolución del partido.

 Consultado por el tema por INTERFERENCIA, el director del Servel, Raúl García, declinó referirse personalmente a la polémica, pero hubo una respuesta oficial de su repartición: “Servel está analizando los antecedentes, para establecer la necesidad de una investigación que determine si existieron o no infracciones a las leyes electorales”.

Consultado por el mismo tema, Alfredo Joignant, integrante del Consejo del Servel aseguró que no maneja detalles del tema, pero que “por ahora no se está investigando el caso”. Afirmó que para que esta investigación sancionatoria se iniciara, sería necesaria una denuncia.

Consultado por INTERFERENCIA sobre una posible investigación del Servel, el consejero Andrés Tagle declinó comentar el asunto.