El informe de la Contraloría Regional de Valparaíso señala eventuales ilegalidades en el proyecto que contemplaba la construcción de un terminal de buses de la empresa de Reinaldo Sánchez en un inmueble propiedad del Serviu, además de un retén policial a un costado que sería donado por la firma transportista. El caso ya había sido denunciado por INTERFERENCIA en junio de este año. 

Cosal, responsable de la construcción, recibió $ 2.500 millones en octubre de 2018 como compensación por retrasos. Según el protocolo, esto lo decide sólo una persona: el director de obras del Serviu a cargo. El problema es que ha habido tres directores de obra y cinco subrogantes en menos de un año, en medio de un clima de acusaciones de presiones y hostigamientos para favorecer los pagos.