En enero de 2019 Radio Bío Bío informó que el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la Región Metropolitana había pagado 2.495 millones de pesos a la Constructora Cosal S.A, por 341 días extras, debido a los retrasos en las expropiaciones en la zona donde irá el corredor de Avenida Independencia. 

La Contraloría General de la República había aprobado el pago el 12 de septiembre de 2018 y el dinero ingresó a la constructora en octubre de ese año, según informó ese medio. En esa oportunidad, la radio reportó un informe de auditoría de Contraloría fechado con anterioridad; el 28 de mayo del año pasado, el que advertía de las pérdidas que podría generar al Estado los retrasos del Serviu en las expropiaciones. 

Nueve meses después, a mediados de octubre de este año, el diputado Gonzalo Winter (CS) realizó una solicitud de información al Serviu Metropolitano, a propósito del mismo caso, solicitando los gastos generales a cuenta de los cuales el Serviu se desprendió de casi 2.500 millones, en favor de Cosal, a cargo de la construcción del eje de movilidad Independencia Tramo 1 entre Avda. Santa María y Dorsal. 

En dicha oportunidad, el parlamentario ofició al Ministerio de Vivienda y Serviu Metropolitano para que expliquen e identifiquen, entre otras cosas, las razones del pago y a cuánto asciende el monto total pagado a Cosal por concepto de gastos generales desde que se iniciaron las obras del Corredor Independencia. 

Cabe señalar que la obra, cuya fecha de inicio fue el 17 de octubre de 2016 con un plazo de ejecución de 540 días corridos por un monto original de contrato por $23.285 millones, ya presenta más de 600 días de retraso. 

Dos momentos que marcan una trama más profunda tejida dentro del Departamento de Pavimentación y Obras Viales del servicio, en una historia que involucra acusaciones de presiones a funcionarios fiscales para que firmen informes favorables a otorgar el pago de gastos generales a la empresa constructora; una alarmante rotación de directores de obras a cargo del proyecto, algunos de los cuales además recurren a licencias médicas por estrés; sumarios por hostigamiento de superiores y concursos a cargos estratégicos que se declaran desiertos y que luego son designados a discreción.

Todos hechos debidamente acreditados por abundante información oficial a la que tuvo acceso INTERFERENCIA, los cuales terminaron favoreciendo invariablemente a la empresa Cosal, propiedad de Samuel Levy, misma constructora que se benefició con la licitación a dedo para construir edificios del Poder Judicial en 2011, según reportó El Dínamo.

Allende y la caja de los gastos generales

César Allende era el director de obras del Serviu Metropolitano para el proyecto del corredor de Avenida Independencia cuando aprobó el pago de los 2.500 millones a cuenta de los gastos generales de la entidad pública y en favor de Cosal. 

El cargo es muy relevante, pues según el decreto supremo 236, los gastos generales de cada proyecto son decididos en la práctica por una sóla persona: el director de obras a cargo de cada proyecto. Cuando éste entrega su informe, actúa como una especie de ministro de fe, ya que ni la Subdirección Jurídica ni la Contraloría tienen los conocimientos técnicos ni tampoco la capacidad de enviar a alguien a fiscalizar en terreno, por lo que esas instancias aprueban estos gastos revisando que todo esté ajustado al protocolo legal, basándose exclusivamente en la documentación presentada y confiando de esa manera en el criterio de cada director de obras.

Tal como informó Radio Bío Bío en su artículo de enero, Allende fue destituido del contrato del Corredor Independencia el 4 de octubre del año pasado por orden de la entonces jefa subrogante del Departamento de Obras de Pavimentación del Serviu, María Eugenia Pulgar, quien alertó de las presuntas irregularidades en el pago a cuenta de estos gastos generales a Cosal.

Al ser sacado Allende, asumió como directora de obras su subrogante, Andrea Rojas, quien reportó, con el respaldo de Pulgar, que los segundos gastos generales solicitados por la empresa a raíz de dificultades en la conexión al colector de aguas lluvias existente, no debían pagarse. Este informe técnico fue ratificado por la Subdirección Jurídica del Serviu. 

Fue entonces que Rojas, ejerciendo su cargo de directora de obras, denunció haber recibido una serie de presiones que dificultaron el ejercicio de su trabajo, lo que terminó con la profesional con licencia médica y solicitando un sumario por hostigamiento en contra de Allende, a quien acusa de haberla presionado para favorecer a Cosal con los gastos generales. 

Luego de que Pulgar respaldase el informe de Rojas que negaba el pago del segundo monto de gastos generales a Cosal, se anunció un concurso para optar al cargo definitivo que ella ocupaba de manera interina. Esta instancia, en la cual Pulgar aparecía como mejor aspectada dada su experiencia laboral, finalmente fue declarada desierta. 

Luego de ese evento, Pulgar -según ella denuncia- comenzó a recibir presiones por parte del subdirector de Pavimentación, Robinson Gallardo, para aprobar el segundo informe, ante lo cual renunció y entabló una denuncia formal en el Serviu, lo que implicó un sumario abierto en contra de Gallardo y Allende, por hostigamiento y malas praxis laboral. 

Hoy, Allende ocupa de manera interina el cargo que Pulgar no ganó en el concurso declarado desierto.

Los casos de Pulgar y Rojas no son los únicos. Presiones similares parecen haber ocurrido en otros funcionarios que han sido asignados a la vacante de director de obras de este proyecto bajo el Serviu Metropolitano. Ello se ratifica al observar las órdenes de servicio que indican que en un período de menos de un año, hubo tres directores de obra y cinco subrogantes sólo para este proyecto. Vale decir, ser director de obra del corredor de Avenida Independencia parece significar tomar un fierro caliente del que nadie quiere hacerse cargo, dados los antecedentes de presiones y hostigamiento descritos anteriormente. 

INTERFERENCIA intentó comunicarse con el Departamento de Comunicaciones del Serviu Metropolitano para obtener una versión frente a esta situación, pero se indicó que no pueden entregar una respuesta oficial debido al paro de funcionarios.

Cabe recordar que el Serviu Metropolitano fue el que sufrió un incendio el 23 de marzo de este año, en el cual se habrían perdido una gran cantidad de los proyectos de obras en evaluación que ahora se están contratando, lo cual obligó a ingresar nuevamente toda la documentación de base (ver artículo El extraño incendio en el Serviu del que nadie quiere hablar de INTERFERENCIA).