Ante la fuerte ola de violencia callejera que vive el país colombiano bajo el gobierno de Iván Duque, el director de la secretaría de Derechos Humanos de Bogotá renunció acusando insubordinación policial, agresiones sistemáticas a los manifestantes por parte de la policía y falta de contundencia en el rechazo de las autoridades a las violaciones a los DD.HH.

Son amigos, vacacionan juntos y enfrentaron el estallido social estrechamente con discursos similares. La continuidad que representaría el nuevo general director abre las incógnitas sobre si seguirán las violaciones a derechos humanos como también los casos de corrupción, puesto que los oficiales clave en estas situaciones –incluido Yáñez– siguen firmes en el alto mando.

La oposición parece estar cuadrada en aprobar hoy martes la acusación constitucional contra el ministro del Interior. En 90 páginas, los diputados de oposición –incluida la Democracia Cristiana–, apuntaron a la violencia de Carabineros y el trato deferente a camioneros y a marchas del rechazo por sobre las manifestaciones contrarias a la ideología del gobierno.

A un año del caso, ayer jueves se realizó la reconstitución de escena del crimen que dio muerte a Manuel Rebolledo. El único imputado en el caso no asistió a la diligencia, por lo que los padres de la víctima exigen al fiscal Julián Muñoz que lo reformalice y solicite la prisión preventiva. En tanto, la familia también señaló que nunca han sido contactados por el gobierno.

El martes pasado el gobierno ingresó una iniciativa que podría transformar de raíz el Tratado de Roma y el compromiso de Chile con la Corte Penal Internacional. Una de sus principales modificaciones es que quedaría en manos de autoridades políticas decidir el accionar en Chile de ese tribunal internacional. Ello ocurre cuando en La Haya avanza lentamente una acusación en contra de Piñera y otros altos funcionarios por supuestos crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el estallido social.