Fue notoria la ausencia de menciones al proceso constituyente en los programas de gobierno de algunos candidatos presidenciales y en sus respectivos guiones para los debates de televisión. Los seis competidores de las primarias de julio olvidaron el carácter transicional que tendrá, esta vez, el cargo al que aspiran e hicieron caso omiso del irrelevante papel de sus ofertas frente al mandato constituyente que tendrán que implementar durante su gobierno. 

Ignorar la obligada subordinación del futuro gobierno al mandato constitucional que emane del poder constituyente es una nueva expresión de la soberbia política en las prácticas tradicionales de los aspirante a La Moneda.

Apenas 120 días habrán transcurrido desde su investidura, cuando el nuevo Presidente o Presidenta deba convocar al plebiscito de salida del proceso constituyente y sostener sobre sus hombros la titánica tarea de poner en marcha una nueva Constitución. De ahí que la pregunta adecuada no es si alcanzan los recursos ni los plazos para ejecutar las medidas de sus ambiciosos programas de gobierno; sino en qué cajón reposarán aquellos textos mientras el Poder Ejecutivo lleve a cabo la implementación del nuevo pacto social.

Por eso pareciera que los candidatos malinterpretaron el concepto de página en blanco que se le concedió a los constituyentes. No se trataba de una hoja libre para escribir programas de gobierno en el escritorio de un candidato, sino de un espacio reservado a los autores de la nueva carta fundamental. Es el poder constituyente y no el poder constituido el que dispone de la página blanca.

La pregunta adecuada no es si alcanzan los recursos ni los plazos para ejecutar las medidas de sus ambiciosos programas de gobierno; sino en qué cajón reposarán aquellos textos mientras el Poder Ejecutivo lleve a cabo la implementación del nuevo pacto social.

Y el sarcasmo es justo porque algunos programas de la derecha llegan al absurdo de no escribir ni una sola palabra sobre la implementación de la nueva Constitución, mientras en la izquierda comprenden mejor el contexto, pero aventuran reformas estructurales sin saber si coincidirán con el nuevo pacto escrito en la Convención.

Por ejemplo, Daniel Jadue tuvo la prudencia de asumir el compromiso de impulsar reformas legales para modificar “el entramado legal” que permita implementar la nueva Constitución. Sin embargo, después de recorrer siete reformas profundas para dignificar la calidad de vida del pueblo, queda la impresión de que había leído por anticipado la nueva Carta Magna, incluso antes de que se constituya la Convención el próximo 4 de julio. 

El frenteamplista Gabriel Boric también tuvo la prudencia de comprometerse en su programa a “implementar la nueva institucionalidad aprobada de forma responsable y con respeto al estado de derecho”. Pero, acto seguido plantea un nuevo enfoque de desarrollo para Chile que también supone una especie de premonición inspirada en una constitución no escrita todavía. 

El problema no radica en la calidad de sus propuestas, sino en la imprudencia de adelantarse al nuevo ciclo político que se inicia y a las transformaciones que definirá el poder constituyente.

La inusitada indiferencia frente al proceso que tendrá lugar en la Convención Constitucional  también fue notoria en los foros de televisión. Y no sólo en las respuestas de los candidatos; no existió alguna pregunta de las y los periodistas acerca del desafío de conciliar un programa de gobierno con un proceso constituyente.

Ni hablar de los programas de los candidatos de Chile Vamos. Salvo una somera alusión en el documento de Ignacio Briones, los textos de Sebastián Sichel y Mario Desbordes soslayan por completo el nuevo pacto. Y desde luego tampoco hay señales en el power point de Joaquín Lavín.

Tal vez por ser el último en las encuestas, la mención de Briones es más humilde: “igual de importante que contar con una nueva Constitución será que el nuevo Estado y el Nuevo Presidente impulsen reformas audaces que traduzcan los mandatos” de esa Carta Magna, dice el candidato en su propuesta.

La inusitada indiferencia frente al proceso que tendrá lugar en la Convención Constitucional  también fue notoria en los foros de televisión. Y no sólo en las respuestas de los candidatos; no existió alguna pregunta de las y los periodistas acerca del desafío de conciliar un programa de gobierno con un proceso constituyente.

En lugar de evadir la evidente soberanía de la Convención Constitucional, el sistema político y los candidatos presidenciales debieran preguntarse sobre el proceso de implementación de la nueva institucionalidad que emergerá del constituyente. 

En buena hora llegan las propuestas de transformaciones, pero en esta ocasión el soberano para decidir su viabilidad es el poder constituyente, no el nuevo Presidente. Los candidatos padecen un extraño síndrome de amnesia constitucional que los ha llevado a confundir la pagina en blanco con una página invisible.