- ¿Qué es lo que hace señor en la vida? ¿Estudia o trabaja?- preguntó la jueza del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Alicia Rosende, a Matías Echavarría, acusado de efectuar barricadas en las cercanías del liceo Antonio Hermina Fabres, sede de rendición de la PSU en la comuna de Peñalolén.

- Trabajo, pero en estos momentos quedé sin pega- contestó Echavarría.

La respuesta del imputado desató el malestar de la jueza.

- ¿Y cómo queda sin pega entonces tiene que ser detenido por estos hechos? ¿No le parece una vergüenza, que está impidiendo a otras personas que quieren estudiar, que quieren salir adelante en la vida? Es realmente una vergüenza.

El reproche y juicio de valor de la jueza en contra del joven se hizo antes de que las partes expusieran, luego de que el formalizado diera su nombre y cédula de identidad, según consignó El Mercurio. Esto implica que Rosende, encargada de "la protección de los derechos constitucionales del imputado, de la víctima y de los testigos" durante la investigación –según la definición de juez de garantía de la Defensoría Penal Pública–, habría criticado al formalizado sin antes escuchar los antecedentes del caso.

Para Cristián Cruz, abogado de Derechos Humanos, la interpelación moral de la jueza fue más allá de lo que la ley le permite. "Aprovechar esas instancias para preguntar si siente vergüenza implica ir más allá de la ley, dejando en situación de desventaja al imputado frente a la autoridad, que es el juez", explica.

Cruz indica que, para todos los casos, la labor de los jueces se enmarca en indagar, sancionar y referirse respecto a actitudes sancionables penalmente, función que no incluye un juicio valórico previo a comenzar una audiencia de formalización, como ocurrió en este episodio.

"Un juez no puede ocupar un espacio que se le ha dado para cumplir una función pública para pontificar y moralizar", asegura a INTERFERENCIA otro abogado, quien ha participado en juicios con Rosende como jueza, y que prefirió no dar a conocer su nombre para no verse perjudicado en caso que vuelva a enfrentar a la jueza Rosende. "Ella es formalista, apegada a la norma y no tiene una opinión mal intencionada: es honesta", explica, características que, sin embargo, no justifican según esta fuente el reproche al imputado sin escuchar acusaciones ni defensa, lo cual “implica un prejuicio” con el formalizado.

"En casos más graves para el interés público, con altas autoridades y empresarios, no se dio un espacio para reproches de esta naturaleza", dice este abogado. “Con personas más humildes, la justicia es de otra naturaleza y se aplica otro trato y criterio”.

SQM y Penta

La jueza Alicia Rosende tuvo cierta participación en los casos Soquimich y Penta, que revelaron el financiamiento ilícito a muchas campañas políticas.

En el caso Soquimich, la jueza rechazó una petición del fiscal nacional Sabas Chahuán, en la que solicitaba los antecedentes de aportes reservados que recibió el senador Fulvio Rossi (ex PS) a la empresa minera para las elecciones del 2012. Según Alicia Rosende, no era posible presumir "la existencia del delito tributario que se pretende".

En el marco del caso Penta, la jueza optó por revocar la prisión preventiva de Pablo Wagner (ex UDI), ex subsecretario de minería durante el primer gobierno de Sebastián Piñera e imputado por delitos reiterados de cohecho y lavado de activos. Luego de 52 días en el anexo penitenciario Capitán Yáber –recinto penal especial para reos de alta connotación pública que no hayan cometido crímenes violentos–, la jueza decidió disminuir las medidas cautelares de Wagner al considerarlas excesivas, optando así por el arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Por otro lado, la magistrado también se vio involucrada en la salida alternativa a la que accedió Iván Moreira (UDI) por financiamiento irregular en el caso Penta. El ministerio público le ofreció al exsenador devolver los 35 millones obtenidos de Penta a través de boletas falsas a cambio de suspender la investigación en su contra a cambio de suspender la investigación en su contra, un trato al que la jueza no puso reparos — ni reproches.

Una de las aristas del caso Soquimich incluía al entonces candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (PRO), quien era acusado por la Fiscalía de recibir por parte de la empresa minera 391 millones de pesos a través de facturas ideológicamente falsas. En esa oportunidad, la jueza Alicia Rosende optó por la medida cautelar de arraigo nacional para MEO.

INTERFERENCIA conversó con un periodista que cubrió ambos casos para otro medio, quien aseguró jamás escuchar un comentario o juicio de valor respecto a los imputados durante las audiencias de formalización por parte de la magistrado Rosende. Una fuente del Poder Judicial fue más allá e indicó que nunca había escuchado que un juez reprochara a un imputado al inicio de un juicio.

Las opiniones que expresó la magistrada durante la audiencia de formalización, que dejó al joven con firma mensual, bien podrían constituir un sesgo que raya en la negación de justicia imparcial. “¿En qué país estamos viviendo? No puede ser”, dijo la jueza Rosende. “Están destruyendo al país, no dejan estudiar a los demás por la fuerza. Esto es el colmo”, afirmó la magistrada sin haber escuchado aún los alegatos.

Este medio intentó contactarse con la jueza, quien indicó que "no daré declaraciones".