El 19 de octubre de 2019 en el país operaba “un batallón de más de 600 agentes (venezolanos) clandestinos, expertos en guerrilla urbana, quienes ingresaron a Chile como refugiados, muchos de ellos formados en escuelas subversivas cubanas como Punto Zero”.

Así al menos lo sostenía un informe secreto que la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) expuso ante el entonces Presidente Sebastián Piñera en una reunión secreta que se desarrolló a media tarde del mismo día en La Moneda, cuando aún no se decretaba el toque de queda en distintas regiones del país, incluida la Metropolitana.

En la noche del 20 de octubre el Mandatario espetó una oración que sorprendió a muchos: “Estamos en guerra”, dijo convencido. ¿Contra quién? “( …) contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie”. Este último contaba con un alto grado de coordinación y logística “propia de una organización criminal”, insistió el Jefe de Estado en una conferencia de prensa que copó los noticiarios.

El énfasis del escrito militar explicaría -en parte- la invocación bélica del mandatario durante esa jornada, pese a que otros inquilinos de Palacio contaban con antecedentes que mostraban lo contrario, preparados por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) que alertó al menos diez días antes de la explosión social con ataques al Metro, evasión de torniquetes, y destrucción de buses RED.

Sin embargo, la presentación secreta de la DINE, que contaba con el apoyo irrestricto del entonces ministro de Defensa, Alberto Espina, era tajante: “Difundimos, aunque asumimos que esto (la participación de extranjeros) lo deberían tener plenamente identificado y bajo control y vigilancia, tanto la ANI, como los servicios de inteligencia de las FF.AA. y policías”, seguía.

Incomodidad

Lo que terminó con el Presidente Piñera aceptando la tesis de la injerencia venezolana, comenzó el 19 de octubre cerca del mediodía. El entonces director de la ANI, Luis Masferrer, convocó a todos los servicios -en su calidad de coordinador del Sistema de Inteligencia del Estado (SIE)- a una reunión en las dependencias de calle Tenderini.

Como representante del Ejército, estaba el jefe de la DINE, general Humberto Paiva y por la Dirección de Inteligencia de la Defensa (DID) el también general Carlos Ricotti, junto a los representantes del resto de las FF.AA, Carabineros y la PDI.

Masferrer pidió opiniones y cada uno de los oficiales entregó su visión, ya que a las 15:30 los presentes se reunirían con el Jefe de Estado. La idea era coordinar visiones o al menos conocer las diferencias.

Estando en Palacio, los concurrentes repitieron el formato, pero Espina le pidió al Mandatario que escuchara con atención lo que Paiva expondría. Cuando este último aseguró que detrás del estallido social había influencia extranjera, en especial venezolana, todos los jefes de servicio se incomodaron. Y esto porque nadie supo con anterioridad los detalles de lo que oían.

Lo que terminó con el Presidente Piñera aceptando la tesis de la injerencia venezolana, comenzó el 19 de octubre cerca del mediodía. El entonces director de la ANI, Luis Masferrer, convocó a todos los servicios -en su calidad de coordinador del Sistema de Inteligencia del Estado (SIE)- a una reunión en las dependencias de calle Tenderini.

Fuentes que conocieron del encuentro, explicaron que incluso Ricotti frunció el ceño, ya que Masferrer fue sobrepasado en sus atribuciones por Defensa y por extensión el resto de los servicios.

Cuando terminó el ampliado, algunos de los presentes comentaban que Paiva había corrido con colores propios, “porque no se explicaba de otra manera”, comentó que conoció de cerca los pormenores.

La disputa

Los hechos que el espionaje castrense daba por ciertos después de barrer las redes sociales, desataron una pugna soterrada entre Espina y Masferrer por convencer a Piñera del origen y alcance del alzamiento civil.

A diferencia de Espina y de su homólogo militar, el análisis situacional de Masferrer apuntaba a la existencia de un “colchón político”, creado y aumentado durante los últimos años por la Mesa de Unidad Social que nadie tomaba en serio. Y así lo había hecho ver en constantes informes al gobierno.

Uno de ellos, fechado el 8 de octubre de 2019, donde anunciaba que en los días siguientes se desarrollarían sabotajes al transporte público, con ataques a las estaciones del tren subterráneo, “instalación de artefactos explosivos de baja intensidad”, entre otras manifestaciones de desobediencia civil -al que se sumarían los anarquistas-, llamando a elevar urgentemente las medidas de seguridad, tal como lo reveló también El Mostrador.

En cinco páginas, usando fuentes abiertas, cerradas y las redes sociales, la ANI aseguraba que estudiantes, “distintos sectores de izquierda y anarquistas”, convocaban con el siguiente mensaje: “frente al alza del pasaje, el pueblo se levanta, evade, movilízate, sabotea”. 

Y agregaba una cronología de marchas y movilizaciones que llegaba hasta el 14 de octubre.

La “apreciación” de los analistas de la ANI, detallaba incluso los lugares donde se producirían los incidentes, “los que provocarían daños con lanzamiento de artefactos incendiarios tipo Molotov y daños estructurales (...) ya sea a Metro o a paraderos de la Red”.

Y agregaba: “Este llamado a sabotaje y evasión, se suma a llamados de solidaridad realizados durante la semana anterior desde sectores anarquistas y el llamado por un noviembre negro “(...) elevando la alerta por eventuales ataques incendiarios/explosivos de grupos anarco-insurreccionales (...)”.

El análisis también fue enviado el mismo 8 de octubre -con carácter de urgente- a la oficina del presidente del Metro, Luis Le Grange y al gabinete de la ministra de Transportes, Gloria Hutt. Sin embargo, no hubo nadie que lo recibiera, debiendo esperar hasta el día siguiente para entregarlo, tal como lo informó Radio Bío Bío.

El documento prospectivo fijaba como punto de inflexión, el alza del pasaje en $30 -que había comenzado a regir el 6 de octubre- como la gota que rebasó el vaso de las injusticias sociales. De acuerdo a varias fuentes de la ANI, durmió el sueño de los justos, al igual que en La Moneda.

Por entonces la ANI era el quinto enjuague de la inteligencia nacional, recibiendo críticas transversales desde el mundo político porque no adelantaba escenarios para evitar ataques en La Araucanía, combatir al crimen organizado ni menos a los movimientos anarquistas.

Seis meses después de esos informes, el Presidente Piñera sufrió un traspié el 18 de marzo de 2020 pasado, cuando dijo en una entrevista con el canal Mega, que había tenido información el 18 de octubre de 2019 de que elementos contrarios al gobierno incendiarían estaciones de Metro. 

“El 18 de octubre, cuando supimos que iban a atacar las estaciones del Metro, que fueron 136 en total, hablamos con el general (Mario) Rozas y dijimos que se necesitarían mínimo 10 carabineros en cada una para protegerlas. O sea, 1.360 efectivos policiales, y no los teníamos”. El mismo día, través de un comunicado, tuvo que explicar sus dichos.

Agente influencer

El contenido del informe del Ejército que La Moneda conoció el 19 de octubre de 2019, fue derivado a la ANI donde las Divisiones de Inteligencia (DII) y Contrainteligencia (DCO) se dieron a la tarea de verificar si la versión tenía algún asidero.

Distintas fuentes de la ANI consultadas, aseguraron entonces que los datos entregados por el espionaje castrense no se condecían con la realidad.

Una copia íntegra de ese informe secreto del organismo civil revelaba que el supuesto comandante de los agitadores venezolanos en Chile, era Pedro Carvajalino.

Según el documento del Ejército, Carvajalino pertenecía a “la organización chavista gubernamental Zurda Konducta (que) sería uno de los comandos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN (...)  a cargo de la ofensiva insurreccional para Chile”. 

Y agregaba: “Contaría para sus operaciones al interior de Chile con un batallón de más de 600 agentes clandestinos expertos en guerrilla urbana, quienes ingresaron a Chile como refugiados, muchos de ellos formados en escuelas subversivas cubanas como “Punto Zero”.

En la contrarrespuesta que la ANI envió a Palacio como una segunda versión de los hechos, se acreditaron varios puntos. 

Por ejemplo, Carvajalino no era venezolano, sino colombiano, nacido en Barranquilla en 1983; no tenía ingreso alguno a Chile, y en el país chavista se desempeñaba como un mediático influencer y conductor de televisión. Una de las principales características como “media man” era contar con un humor mordaz, rayano en el absurdo.

Por esta razón, indica el documento, es que Carvajalino no contaba con el perfil “para ser un agente  de inteligencia”.

De hecho, el mismo Carvajalino publicó en sus redes sociales dos fotos del mismo día 19 de octubre. Una abiertamente trucada, donde aseguraba estar en Santiago participando de las protestas y en paralelo, otra recorriendo Buenos Aires.

El informe castrense sindicaba también como infiltrado del chavismo al periodista Pablo Jofré, reconocido analista internacional de HispanTV y Telesur.

Este último fue detenido el 19 de octubre de 2019 en la 19º Comisaría de Providencia. El documento militar muestra un pantallazo del video donde Jofré es conducido por Carabineros hacía un vehículo institucional, que puede encontrarse en YouTube. 

Según la ANI, difícilmente podría ser un agente del SEBIN, pues para ello debería mantener -señala el informe- un perfil más bajo “y por sobre todo más oculto”.

Le seguía la ciudadana venezolana Josefina B., refugiada y residente en Chile desde 2016.

El Ejército la apuntó como otra revolucionaria del país petrolero, ya que había participado en una actividad en el Paseo Bulnes, a metros de las oficinas de la DINE, en favor del presidente Nicolás Maduro, el 16 de marzo de 2019.

A través de fuentes cerradas, detalla el documento de la ANI, la mujer sí participó de la convocatoria, pero no en favor del actual régimen socialista, sino en contra. Tanto es así que el evento fue liderado en Chile por Guarequena Gutiérrez, la entonces embajadora y representante del líder opositor a Maduro, Juan Guaidó.

Otro supuesto “coordinador y agitador” era Carlos Prieto, quien tampoco existía. La única información que entregó la institución armada fue la copia -tomada de las redes- donde un sujeto que aparece en el “timeline” de @thailandesa, asegura estar en Chile provocando destrozos y sabotaje.

De hecho, un Carlos Prieto aparentemente real, se quejaba por el uso de de una foto que estaba en el whatsapp de una conocida. Por cierto,  Carlos Prieto nunca ha ingresado a Chile según la ANI, por lo que la información, como fundamento, no era suficiente para establecer que efectuaba actos violentistas en el país.

Diferencias insalvables

El abogado Luis Masferrer asumió la dirección en la ANI el 16 de abril de 2018, previa aprobación del Presidente.

Básicamente, su misión al frente del organismo, permitiría modernizar al cuestionado servicio, cuya ley data de 2004 y no le entrega facultades para realizar labores operativas. En otras palabras, espionaje civil sin calle. 

Dentro del trabajo que debía desarrollar, estaba la generación de vínculos con la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Impuestos Internos, Gendarmería, crear la Escuela Nacional de Inteligencia, entre otros aspectos que apuntaban a un perfil de gestión más operativo.

Sin embargo, a poco andar, las diferencias con el Ministerio de Defensa comenzaron a hacerse patentes, básicamente porque las críticas transversales hacia la ANI apuntaban a que no proporcionaba la información requerida para enfrentar la violencia en La Araucanía, el aumento del crimen organizado, el narcotráfico, entre otros tópicos.

Las contradicciones de estilo con Defensa no eran nuevas. Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, el entonces director de la ANI, Gonzalo Yussef tuvo importantes diferencias con el general (r) y subsecretario de Defensa, Óscar Izurieta. ¿La razón? Este último buscaba que la producción de inteligencia del órgano civil fuera también transmitida a la cartera.

El hecho, tal como publicó The Clinic, no dejó de ser uno de los tradicionales roces que surgen entre servicios, pero lo cierto es que Yussef contaba como un aliado irrestricto: el entonces ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter que roncaba en Palacio.

Aún cuando los tiempos y las razones cambiaron, la relación entre Masferrer y Espina cayeron en la misma dinámica. Mientras que este último fue acercándose cada vez más al Presidente con la información de inteligencia que entregaba el Ejército, Masferrer era cada vez menos escuchado.

Conocidos son los vínculos de Espina con la inteligencia colombiana. Un ejemplo de ello ocurrió a fines de 2008, cuando recibió desde funcionarios cercanos al expresidente de ese país, Álvaro Uribe, un informe que vinculaba al PC chileno y a grupos mapuches con las FARC. Luego, Espina lo entregó al Ministerio Público, acusando que el entonces director de la ANI, Gustavo Villalobos, lo había guardado en el cajón de su escritorio para que durmiera el sueño de los justos.

Civil v/s militar

Así las cosas, cuando se produjo el estallido social en octubre de 2019, la tesis militar del “enemigo interno” se impuso en La Moneda en desmedro de la civil, que apuntaba a un crecimiento de las organizaciones sociales, por cierto, sin presencia extranjera que las avivara ni financiara.

A medida que aumentaban las protestas a nivel nacional, La Moneda conoció íntegramente el informe preparado por la ANI, refutando la información entregada por el Ejército sobre la existencia de 600 agentes venezolanos operando en Chile.

Coincidentemente, el hecho derivó en que el 15 de noviembre de 2019, Masferrer presentó su renuncia al cargo, la que fue aceptada por el Jefe de Estado. En su reemplazo llegó el contralmirante en retiro Gustavo Jordán, quien inició un nuevo proceso de cambios que ha incluido más de 20 despidos y la llegada de personal en retiro de la Armada.

En la “comunidad” de los servicios, la Dirección de Inteligencia de la Armada es conocida por su sigla Dirinta. Medio en broma, medio en serio, bajo la administración Jordan fue conocida “Aninta” o bien Agencia Nacional de Inteligencia de la Armada.

Big Data

A mediados de diciembre, la teoría del enemigo extranjero azuzando a las masas para debilitar al gobierno, volvió a la pauta de los medios. Ocurrió porque el gobierno entregó al Ministerio Público un informe Big Data, se decía, preparado con la tecnología más avanzada.

Con el paso de los días comenzaron a conocerse detalles, cuando La Tercera reveló que tenía 120 páginas, donde la mentada influencia extranjera eran los adherentes al K-Pop, la cantante Mon Laferte, tuiteros a lo largo y ancho del mundo, futbolistas, entre otros.

Posteriormente -y en medio de una ácida pugna con el Ministerio Público por la credibilidad y utilidad de la información para un proceso penal- el mismo medio reveló que la empresa española Alto Alalitycs era la autora del documento.

En el gobierno, tanto el entonces ministro del Interior Gonzalo Blumel y la vocera Carla Rubilar, intentaban defenderlo con todo, pero el secreto terminó por destaparse cuando Interferencia reveló que el holding Quiñenco, del empresario Andrónico Luksic, lo había entregado al gobierno, previas reuniones, el 2 y 3 de diciembre de 2019 en dependencias de la ANI.

De hecho, el 23 de septiembre del mismo año, a través de un dictamen, la Contraloría reveló que la ANI lo recibió, sin costo alguno para el fisco, ya que la firma ibérica se lo regaló en calidad de muestra.

Lea el dictamen

Como haya sido, los informes de la ANI, que estimaban que el estallido tenía como “colchón político” la construcción de poder de las organizaciones sociales, estuvieron siempre en conocimiento de La Moneda. 

Cercanos a Sebastián Piñera, indicaron que fue el propio Espina quien azuzó la tesis de la presencia extranjera, pero que el Jefe de Estado siempre optó por la prudencia sobre la información.

Lo anterior se vio reflejado en la entrevista que otorgó en noviembre de 2019 al diario El País de España.

Seis meses después de esos informes, el Presidente Piñera sufrió un traspié el 18 de marzo de 2020 pasado, cuando dijo en una entrevista con el canal Mega, que había tenido información el 18 de octubre de 2019 de que elementos contrarios al gobierno incendiarían estaciones de Metro. 

“No descarto nada. He recibido mucha información, alguna de ella de origen externo, que afirma que aquí hubo intervención de Gobiernos extranjeros. Pero quiero ser prudente, hemos entregado esa información a la Fiscalía, que es la que por mandato de la ley debe investigar los delitos en Chile”, indicó Piñera al medio europeo.

Respecto del informe de la ANI que anunciaba graves manifestaciones diez días antes del estallido social, se indicó que Piñera solo tuvo conocimiento de él cuando lo reveló Radio Bío Bío en marzo de 2020. 

Como haya sido, lo cierto es que los informes pudieron influenciar la oración “estamos en guerra”, que pronunció el 20 de octubre de 2019 y mirado con distancia determinaron el curso de acciones políticas adoptadas por el Mandatario cuando se avanzó el estallido social.

En torno al informe Big Data, aseguran las mismas fuentes, Piñera siempre lo tomó como un dato más que revelaba que a través de las redes sociales, Chile era atacado constantemente.

En 2020 el exministro Espina y actual miembro del Consejo de Defensa del Estado (CDE),  fue consultado, declinó pronunciarse.