Ayer martes 7 de julio  fue un día especialmente tenso para el presidente Sebastián Piñera. Además de los constantes problemas políticos que atraviesa –tanto por la pandemia como por el estallido social que está en una suerte de entretiempo– ahora el mal rato para el mandatario vino con el fuego amigo enviado desde la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Una serie de ataques comunicacionales se publicaron ayer desde el gremialismo hacia La Moneda. Uno fue la carta emitida por la Comisión Política de la colectividad en la cual criticaban la conducción del Ejecutivo, aludiendo directamente al ministro del Interior, Gonzalo Blumel. También se dio a conocer una misiva de siete diputados de la UDI, con la que criticaron el plan de ayuda a la clase media presentado por Sebastián Piñera, incluso abriéndose a legislar sobre el retiro del 10% de los fondos de las AFP. 

Pero el golpe más fuerte vino de la senadora y presidenta de la tienda, Jacqueline van Rysselberghe, quien en conversación con La Tercera, afirmó que “La propuesta del gobierno en clase media es insuficiente y creo que, a diferencia de otras oportunidades, esta vez diremos que es insuficiente”.

En términos normales, el estilo de Van Rysselberghe acostumbra a que cuando quiere torcerle la mano a Piñera, ataca a través de la prensa. Por ejemplo, en la primera designación de gobernadores del actual mandato, la senadora se quejó a través del diario El Sur sobre los nombramientos, consiguiendo finalmente que le quitaran el cupo al PRI en la Provincia de Bío Bío, para ubicar a alguien más afín a la congresista. También hizo algo semejante tras el cambio de gabinete de principios de junio, con la llegada de Cristián Monckeberg (RN) a Desarrollo Social a principios de junio, sin que hubiese habido ninguna señal de mejora en la distribución del poder para su partido.

De tal modo, todas las jugadas de esta semana del gremialismo parecen indicar que el botín esta vez es el Ministerio del Interior, debido a que los dardos apuntan directamente a Gonzalo Blumel, quien asumió de sorpresa el cargo en octubre pasado, cuando el cupo estaba reservado para el gremialista Felipe Ward, pero resultó ser descartado por declaraciones pasadas en donde dijo que los derechos humanos eran “una especie de cajero automático que usa la izquierda para sacar plata”.

Sin embargo, al parecer, hay un análisis más de fondo al cual reacciona el partido: 

El gobierno -y en particular Piñera- no lograron revertir el desprestigio alcanzado tras el estallido social, dado el manejo errático de la pandemia, tanto en un nivel sanitario, con más de 300.000 casos de Covid-19, como en el político, con medidas sociales que no han logrado mostrar al gobierno del lado de las personas que sufren los peores efectos económicos de la pandemia. 

Si la pandemia de Covid-19 en algún momento fue vista como una oportunidad, esa impresión parece desvanecerse por completo luego de cuatro meses de gestión, dado el contenido explosivo del debate público, el que día a día aproxima más y más al estallido social con la pandemia. Algo que erosiona la escuálida popularidad de Piñera, quien había logrado que al menos el electorado de derecha dura comenzara a aprobar su gestión.   

Lo anterior es particularmente preocupante para la UDI, pues -en concreto- ha llevado a poner en cuestionamiento aspectos clave del modelo, como lo son la intangibilidad de los fondos de las AFP o los derechos de propiedad de las empresas prestadoras de servicios, incluso en el seno mismo de la discusión del propio sector. 

Ante eso, la estrategia adoptada por la UDI sería alejarse del gobierno, sin retirarse de él, generando una especie de oposición interna que permita marcar la diferencia entre la UDI y Piñera. En otras palabras, hacer más o menos lo mismo que hizo la DC con el gobierno de Michelle Bachelet. Esto con la esperanza de que el candidato que los represente le baste con decir que “Piñera lo hizo mal” y que ese juicio sea verosímil.

Qué dicen las encuestas

Si bien el oficialismo maneja varias encuestas privadas y no es posible saber sus resultados, hay encuestas abiertas que permiten observar datos preocupantes para cualquier actor oficialista.

En la última Criteria de junio de 2020, la desaprobación del gobierno llegó al 79%, subiendo 9 puntos respecto del mes anterior, cuando el castillo de naipes del entonces ministro de Salud Jaime Mañalich daba la impresión de estar en pie. Esto es alcanzando niveles similares a la desaprobación en tiempos de estallido social.

Más reciente es el Barómetro del Trabajo, de las encuestadoras Mori y Fiel, realizada para el Gran Santiago. 

Algunos resultados del estudio; 86% considera que se gobierna “para grupos poderosos en su propio beneficio”; 91% considera que “es injusta” la distribución del ingreso y 73% piensa que el gobierno está más preocupado de los empresarios que de los trabajadores, en instancias en que el 88% se considera “clase trabajadora”. 

Además, 79% se inclinaría por la opción Apruebo para el cambio de Constitución, en instancias en que varias ayudas sociales han sido rechazadas por considerarse “inconstitucionales”.

Lo anterior en un contexto en que el 56% no le cree a Piñera, 72% desaprueba al gobierno en términos generales, 76% desaprueba el manejo del gobierno de la pandemia y solo 57% considera que la oposición lo ha hecho mal o muy mal.