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Jueves, 18 de Abril de 2024
Comuna de Arauco

Forestal Arauco reclama territorio mapuche con documento dado por Ponce Lerou en 1976

Maximiliano Alarcón G.

La comunidad Yani Lov Rali Cura pretende recuperar unos cementerios indígenas. Sin embargo, una denuncia por robo de madera ha hecho que la Fiscalía del Bío Bío desconozca los títulos de propiedad de los mapuche, dando crédito a documentos del yerno de Augusto Pinochet, cuando este fue director de Conaf en los años 80.

Admision UDEC

El pasado 11 de abril Fuerzas Especiales de Carabineros irrumpió con violencia en la comunidad mapuche Yani Lov Rali Cura, situada en la costa de la comuna de Arauco, Región del Bío Bío.

La razón fue un denuncio por parte de la La Forestal Arauco, que acusó el hurto de madera por parte de otra empresa del mismo rubro, pero más pequeña -Forestal Bustos- la que habría sacado el material desde dicho territorio sin derecho a hacerlo.

Al llegar Carabineros a la comunidad, se encontraron con que los mapuche se negaban al ingreso de los uniformados, aduciendo que los terrenos de Yani Lov Rali Cura, les pertenece y no a la empresa de propiedad de los Angelini. Por lo que el retiro de madera no era un hurto, sino que un acto legítimo de sus dueños, los que contactaron a la Forestal Bustos para esos efectos.

Los mapuche viven en esas tierras desde hace más de cien años y tienen documentos que acreditan que el fundo les pertenece. Específicamente un título de merced del año 1869 y un título de dominio vigente de 2005, que dan cuenta de ello. Una documentación que INTERFERENCIA tuvo a ojos vista.

Por su parte, Forestal Arauco dice que también puede acreditar la propiedad. Para esto la empresa presentó un compromiso de forestación y una promesa de compra venta acordada con Conaf en 1976. Dicha documentación tiene la particularidad de que cuenta con la firma del entonces yerno de Augusto Pinochet y director de Conaf, Julio Ponce Lerou.

Hasta ahora hay tanquetas de Carabineros asediando a la comunidad y los habitantes están en permanente tensión. En tanto, la controversia jurídica sobre quién es dueño del fundo no tiene solución en el corto plazo, pues todavía no hay alguna disputa formal presentada ante tribunales.

La Fiscalía del lado de los Angelini

El 15 de marzo pasado Carabineros interceptó dos camiones de la Forestal Bustos en la ruta P-40. Según la versión de los uniformados, recibieron el llamado de trabajadores de la empresa Maxon, la cual presta servicios para la Forestal Arauco en el fundo Yani -emplazado en la comunidad mapuche- denunciando que los vehículos transportaban madera robada desde aquel lugar.

Después de incautar los camiones y entregar la madera a la Forestal Arauco, la Fiscalía inició la investigación del hurto. En este contexto decretaron una medida de protección a pedido de la empresa del grupo Angelini, con el fin de resguardar la explotación de las plantaciones en el fundo.

Con esto, el Ministerio Público dio por hecho que el terreno pertenece a la Forestal Arauco. Según dijeron a INTERFERENCIA desde comunicaciones de la Fiscalía del Bío Bío, los fiscales hasta ahora no tienen antecedentes formales de que el fundo sea propiedad de la comunidad mapuche.

En cambio, los persecutores dicen que la Forestal Arauco sí acreditó la propiedad. No señalaron a este periódico específicamente de qué documentación se trata, puesto que es materia de la investigación, pero indicaron que hay un “plan de manejo” otorgado por Conaf, el que autoriza a la empresa a intervenir el terreno.

Hasta el cierre de la edición INTERFERENCIA buscó comunicarse con Forestal Arauco, sin éxito.

La legalidad de Ponce Lerou

A través de fuentes que conocen el conflicto, INTERFERENCIA accedió al documento de Conaf que benefició a la Forestal Arauco. Este es un pacto que hizo la empresa en 1976 –en plena dictadura– con el entonces yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, quien ocupaba el puesto de director de Conaf.

Tras el Golpe de Estado de 1973, las tierras que habían sido expropiadas con la Reforma Agraria de los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, pasaron a manos de la Conaf. En este contexto, la institución que era dirigida por Ponce Lerou realizó el trato con la Forestal Arauco.

El contrato estipula un compromiso de forestación por treinta años y una promesa de compra venta. El valor pagado por el predio fue de $250 pesos de la época por hectárea, sujetos a la variación del IPC y un interés del 8% sobre el valor reajustado.

Posterior a la medida de protección ordenada por la Fiscalía, el 11 de abril pasado, Fuerzas Especiales llegó hasta el fundo, momento en que comenzaron los enfrentamientos entre la comunidad y los uniformados.

Según videos publicados por el medio mapuche Aukin en sus redes sociales, cuando llegó Carabineros los comuneros mostraron la documentación, sin embargo los uniformados no lo tomaron en cuenta. En el lugar había un funcionario de la Forestal Arauco, quien no portaba la acreditación de propiedad de la empresa en aquel momento.

Cementerios bajo pinos y containers

La Forestal Arauco reclama su derecho a explotar el bosque plantado, pero la comunidad mapuche involucrada en este conflicto exige la salida de la empresa y que se respeten las tradiciones que se han visto afectadas por la presencia de los Angelini.

En concreto, distintos habitantes del lugar aseguraron a INTERFERENCIA que la denuncia de robo de madera es una excusa para detener un proceso que los habitantes de Yani realizan desde hace más de cuatro años: la recuperación de cementerios indígenas afectados por las actividades de la Forestal Arauco.

Al interior de la comunidad existen dos cementerios, entre los cuales se encuentran los cuerpos de una machi y del fundador de Yani Lov Rali Cura, Juan Huenchuman, según informó Radio Kvrruf. Uno de estos está actualmente escondido bajo containers de la Forestal Arauco, mientras que sobre el otro hay plantaciones de la misma empresa.

Esto último es lo que motivó el conflicto, según los mapuche. En el proceso de recuperación de los lugares sagrados, la comunidad llegó a un acuerdo con la Forestal Bustos para que retiraran los árboles que violan el espacio ancestral. Esto no sería un hurto, tomando en cuenta que la propiedad es de los mapuche, pero dada la controversia jurídica en este caso, la acción patrimonial se ha visto frenada con la medida de protección de la Fiscalía.



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Comentarios

Comentarios

Esta claro que las dictaduras gobiernan por decreto, asi se apropian de los bienes comunes

Otra injusticia más hacia los pueblos ancestrales

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