El Consejo Nacional Electoral colombiano decidió formular cargos al presidente Gustavo Petro por su candidatura presidencial en 2022, abriendo una investigación. La entidad lo acusa de exceder el límite legal de financiamiento durante la campaña, además de recibir financiamiento de entidades prohibidas. Es la primera vez que el CNE adopta una decisión como esta en contra de una campaña presidencial.

Se le acusa de gastar $5.355 millones de pesos colombianos sobre el límite de $41.731 permitido

En concreto, se le acusa de gastar $5.355 millones de pesos colombianos sobre el límite de $41.731 permitido en total para primera y segunda vuelta, lo que a pesos chilenos equivale a $1.179 millones de exceso. 

Petro recurrió a su cuenta de X para desmentir la acusación, asegurando que se trató de un fallo que contó con “votos de enemigos políticos del presidente en el consejo electoral”, agregando que se trataría de “un golpe de Estado contra el cambio en Colombia y el voto del pueblo”. El mandatario llamó a una movilización popular generalizada, puesto que “una burla al voto popular se responde con el pueblo”. 

El vicecanciller colombiano, Jorge Rojas, confirmó durante la jornada de ayer que el gobierno de Colombia recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar “medidas provisionales para el presidente”. Además, Rojas afirmó que han “recibido llamadas y manifestaciones de solidaridad de varios países de América Latina”. 

El Consejo tiene hasta el 19 de junio de 2025 para sancionar a Petro, fecha en que correrá la prescripción de las irregularidades que se le acusan. Sea cual sea la determinación de la entidad, ésta no podrá remover de su cargo al presidente colombiano

La votación del CNE donde se decidió formular cargos en contra de Petro en su calidad de candidato a la presidencia fue de 7 votos a favor y 2 en contra, con cuatro magistrados pertenecientes a partidos que han sido aliados del actual gobierno de Petro (partido Cambio Radical, el Centro Democrático, La U, el Conservador, el Liberal, y el Verde), según recogió el medio colombiano La Silla Vacía. 

El Consejo tiene hasta el 19 de junio de 2025 para sancionar a Petro, fecha en que correrá la prescripción de las irregularidades que se le acusan. Sea cual sea la determinación de la entidad, ésta no podrá remover de su cargo al presidente colombiano: si bien el consejo tiene la facultad de imponer sanciones administrativas, éste no puede sacar de su cargo al mandatario, ya que para esto último, según establece el Consejo de Estado de Colombia, “la competencia recae exclusivamente en el Congreso de la República”.