A dos años del megaincendio de Valparaíso, Contraloría General de la República publicó cinco informes de auditoría cuestionando el uso de los recursos públicos por parte de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, las municipalidades de Quilpué y Viña del Mar y la Dirección Regional de Arquitectura.
La principal entidad pública cuestionada es la Delegación Presidencial de Valparaíso, entonces encabezada por Sofía González (PC), hoy diputada electa. La delegación habría pagado sobreprecios y omitido controles básicos en los contratos para trabajos de emergencia por más de $8.900 millones. Los antecedentes fueron remitidos al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Ministerio Público, que ya abrió una investigación penal.
La principal empresa cuestionada es San Nicolás SpA, la que recibió $6.725 millones a través de cuatro tratos directos y dos licitaciones para arrendar maquinaria y prestar servicios de despeje y demolición de viviendas afectadas por el megaincendio.
Sin embargo, el informe de Contraloría cuestiona la idoneidad de la empresa para ejecutar dichos trabajos, acusa que habría cobrado precios mayores a la competencia y constata una denuncia de camioneros que fueron subcontratados por San Nicolás para realizar dichos servicios por los que no habrían recibido el pago correspondiente.
Pero, ¿quién está detrás de San Nicolás SpA?
Según el último registro público disponible, de noviembre de 2023, los únicos accionistas de San Nicolás SpA son Tomás Avilés Tillería, de 20 años, y Catalina Jara Briones, de 25.
Tomás Avilés figura como representante de San Nicolás SpA ante la Delegación de Valparaíso y su firma se encuentra en las resoluciones que regularizaron los millonarios contratos.
Con apenas 19 años firmó el primero de los millonarios contratos por los servicios de arriendo y operación de maquinaria, el 18 de julio de 2024, por $465.908.800. El siguiente fue el 2 de septiembre del mismo año por $3.233.053.166. Luego, el 3 de septiembre por $1.230.364.800 y el 5 del mismo mes $548.732.800. El 14 de octubre otros dos contratos más por $157.270.400 y $50.360.800. Finalmente, el último fue firmado el 24 de diciembre por $1.041.012.000. En todos también firmó la delegada Sofía González.
Firma de Tomás Avilés junto a la de Sofía González, en contrato por $3.200 millones.
El informe de Contraloría apunta a que, en el marco de los contratos auditados, la delegación pagó a la empresa San Nicolás SpA un eventual sobreprecio de $2.725.987.740, comparado con los valores pagados por la Municipalidad de Quilpué a una empresa diferente por los mismos servicios de arriendo de camiones tolva, retroexcavadoras y minicargadores, incluyendo conductor y combustible.
Así también, se observó un eventual sobreprecio de $1.036.336.252 por el arriendo de retroexcavadoras y minicargadores, incluyendo conductor y combustible, en comparación con los montos pagados por el mismo municipio a una empresa distinta.
Contratos examinados por Contraloría, respecto a la gestión del megaincendio de Valparaíso 2024.
El gerente general
Ahora bien, parece claro que los jóvenes no están detrás de la empresa.
En los contratos originales, de febrero de 2024, como representante de San Nicolás SpA figura Pedro Briones González, padre de la accionista Catalina Jara Briones. En las cotizaciones presentadas a la delegación, Briones figura como gerente general de la empresa.
Según registros públicos, San Nicolás SpA fue constituida como empresa el 30 de marzo de 2021 por María Briones González, hermana de Pedro Briones, situando su domicilio en la comuna de Coronel. En 2022, la propiedad cambió en favor de Wilson Fredy Vergara Mardones, empresario transportista de la misma ciudad. Finalmente, en 2023 pasó a la hija de Briones y Avilés, del que Interferencia no ha podido recabar mayor información.
Intentamos contactar a Pedro Briones a través de los números disponibles en Mercado Público para tener su versión de los hechos, así como las razones para que su su hija y Avilés sean los accionistas de San Nicolás SpA, pero no obtuvimos respuesta.
Ahora bien, la revisión del nombre de Briones en el Poder Judicial arrojó un recurso de amparo ingresado contra el Juzgado de Garantía de Concepción para evitar la aplicación de una tobillera electrónica, en el marco de una denuncia de violencia intrafamiliar en su contra.
Según la respuesta del juzgado, el acusado mantenía una orden de detención desde el 18 de noviembre de 2024 por no acudir a la instalación de la tobillera, además de una denuncia anterior de la misma víctima realizada en Viña del Mar, que acabó en una suspensión condicional. Finalmente, el recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones en diciembre de 2024 y la causa penal figura concluida y bajo reserva.
Pedro Briones como gerente general de San Nicolás SpA.
El lazo de San Nicolás SpA con las empresas subcontratadas
En 2024, la Contraloría Regional de Valparaíso recibió una denuncia de 13 camioneros que acusaron no recibir el pago adeudado luego de ser subcontratados informalmente para prestar servicios de extracción de los escombros que quedaron tras el megaincendio de Valparaíso de febrero de ese año.
La denuncia de los camioneros, contenida en el informe de Contraloría, acusa que prestaron servicios a Comercial Renova SpA, la que a su vez fue subcontratada por San Nicolás SpA, empresa elegida por trato directo para realizar los trabajos y prestar las máquinas.
Los afectados recurrieron hasta el domicilio que San Nicolás SpA declaró en Concepción ante la Delegación Presidencial. Sin embargo, en el lugar constataron que la oficina correspondía a un estudio contable. De ello, los denunciantes concluyen que “San Nicolás SpA sería una empresa sin domicilio real, que simula actividades empresariales y que no tiene bienes ni patrimonio, lo que, a su juicio, podría configurar un eventual fraude al fisco”, apunta el informe de Contraloría.
El informe describe que la Delegación Presidencial recibió la denuncia en octubre de 2024 por parte de los camioneros afectados y que Sofía González sostuvo una reunión de lobby el 19 de noviembre de 2024 con ellos, pero que la entidad no habría “realizado diligencias mínimas orientadas a investigar o esclarecer” los hechos.
En su defensa, la Delegación Presidencial argumentó que, si bien un denunciante fue recibido a audiencia, éste no habría presentado documentos que acreditaran una relación formal entre su empresa y San Nicolás SpA. Según el informe, “tampoco encontraron evidencia que vinculara a San Nicolás SpA con Comercializadora Renova SpA”.
Sin embargo, el lazo es más que claro.
Registros públicos demuestran que, desde 2017, Cristian Ramos Carrasco y Pedro Briones han sido socios en Maquinarias Sur Chile Limitada, Transportes Perfección SpA y Huella Verde SpA. Así también, Ramos Carrasco fue accionista de Comercializadora Renova SpA, entre septiembre y octubre de 2022, pero vendió su participación a Ester Acuña Opazo en un millón de pesos en cosa de un mes. Misma operación que hizo en Transportes Perfección, donde Acuña es hoy la única accionista.
Y si bien ya no tiene participación societaria, registros de InfoLobby señalan que Ramos Carrasco actuó como gestor de intereses de Comercializadora Renova durante una reunión con el Director Regional de Senapred de O’Higgins, Marcelo Montesinos, el 25 de julio de 2025. (Revise el registro aquí).
En detalle, Contraloría apunta a que Comercializadora Renova habría prestado al menos dos camiones aljibes, un camión cama baja, cuatro camiones tolva, una camioneta, dos excavadoras y un minicargador y hasta 15 trabajadores a San Nicolás.
Constitución Huella Verde SpA.
Otro lazo de Briones con las empresas subcontratadas es con Maquinarias Temuco Limitada, la que, según el informe de Contraloría, habría prestado un camión aljibe, dos camiones tolva, una camioneta y una excavadora y cinco trabajadores.
Registros públicos describen que Maquinarias Temuco Limitada fue constituida en 2016 por Angélica Garay Melita y Cecilia Vergara Pino y Pedro Briones Gonzalez, quien vendió su participación a la primera y abandonó la sociedad en 2018.
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