A principios de enero diversos medios de comunicación informaron de la suspensión por tres meses de la directora regional de Gendarmería en la Araucanía, coronel Denise Melgarejo, por un sumario iniciado en 2022 y resuelto en diciembre de 2025, en que se la culpó por comprar un departamento mientras era beneficiaria de una vivienda fiscal.

La filtración de dicho sumario acarreó consecuencias insospechadas para el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez Riquelme, que hoy enfrenta dos acciones judiciales presentadas por la coronel Melgarejo.

La primera se trata de un recurso de protección ingresado el pasado 7 de enero ante la Corte de Apelaciones de Temuco y que acusa al director nacional de no haberse abstenido de resolver el sumario en su contra. 

Según el escrito, Pérez habría mantenido un contacto con Melgarejo desde el año 2020 a través de mensajes de WhatsApp, descrito como “expresiones personales, insinuaciones de carácter afectivo y manifestaciones impropias y de índole privada que no corresponden a una relación funcionaria y jerárquica, pues son ajenas a cualquier tipo de contexto profesional o institucional”.

En esta línea, el recurso apunta un pantallazo de WhatsApp, fechado el 14 de febrero de 2020, en que Pérez escribe: "Ud es una mujer encantadora y cada vez que la veo lamento no haber hecho las cosas mejor para haberla hecho mi mujer".

Captura de mensaje del director nacional de Gendarmería.

Captura de mensaje del director nacional de Gendarmería.

El recurso apunta a que “como lamentablemente ocurre en este tipo de situaciones, la negativa a corresponder o tolerar dichas conductas derivó, con posterioridad, en una afectación concreta y verificable de su situación funcionaria, manifestada entre otros aspectos en el resultado del sumario administrativo cuyo acto terminal es precisamente dictado por la misma autoridad que incurrió en dichas conductas e insinuaciones previas”.

En este sentido, el recurso busca la invalidación de las sanciones resueltas por el director nacional Rubén Pérez, quien “se encontraba legalmente impedido de intervenir y resolver, por afectarle una causal de abstención”

La segunda acción judicial es una tutela laboral, que busca una indemnización de $50.000.000 por daño moral y el cese inmediato de los actos de acoso contra la coronel Melgarejo. 

En la demanda, se describe otro hito crítico en el desgaste de la relación entre los directores. 

Según el escrito, en agosto de 2025, Melgarejo discutió a Pérez la aceptación de un recurso jerárquico en favor de AMV, empresa encargada de la licitación para la normalización eléctrica en la Cárcel de Angol por más de $600.000.000. La coronel debatió dicha medida, pues consideró que la resolución dictada por el director nacional “concedía un beneficio económico sin cumplir los requisitos legales, vulnerando el principio de juridicidad y probidad administrativa”.

Dicha defensa del patrimonio fiscal habría generado una "gran molestia" en el director nacional, marcando el inicio de una persecución sistemática.

En resto de la acción describe un "cuadro de violencia institucional" manifestado por en la anotación de demérito registrada por el director nacional en un “lenguaje descalificatorio, estigmatizante y humillante, que atribuye a la denunciante “falta de interés”, “incapacidad para ejercer el mando” y “negligencia inexcusable”, configurando un juicio de desvalor personal incompatible con el deber de trato digno”.

En esta misma línea, apunta a la agilización del sumario en su contra, por hechos ocurridos en 2019, puestos a investigación en 2022 y resueltos en diciembre de 2025, para aplicar sanciones que impedirían a la oficial seguir ascendiendo, provocando una "muerte profesional" simbólica.

Consultamos a Gendarmería por los hechos descritos en las acciones judiciales presentadas por la coronel Melgarejo, pero no hemos recibido respuesta hasta el momento de publicación de este artículo.