En la empresa salmonera Ventisqueros, comunicar un embarazo no significó recibir protección. Para varias trabajadoras fue el comienzo de una etapa en que conservar el empleo entró en conflicto con el cuidado de su salud, la maternidad y el sustento familiar. Entre hostigamientos, amenazas de desafuero y pérdida de derechos, la presión se extendió mucho más allá de la planta de procesamiento.

Bárbara fue una de ellas. «Yo llegaba a mi casa llorando. Mi esposo me decía: “Tírate una licencia”. Pero una licencia afecta económicamente y por mucho que una se sienta mal, a veces no la dan. Al jefe de turno, le mostré mi carné maternal, donde decía que mi embarazo era de riesgo, que tenía una amenaza de aborto y un pequeño desprendimiento de placenta. Presenté todos mis documentos, pero no sirvió», relata.

Las presiones que enfrentó Bárbara reaparecen en los relatos de Gloria y Tania, cuyos apellidos se reservan por seguridad. Sus casos muestran una conducta empresarial que amenaza el embarazo, el postnatal y el cuidado de sus hijos e hijas, y que se prolonga en juicios que pueden mantenerlas durante años con ingresos reducidos o sin remuneración.

El abogado del sindicato Ventisquero, Pablo Saball, representa 18 casos vinculados a desafueros maternales entre 2023 y 2026. En todos, la empresa intentó obtener la separación de funciones sin remuneración. El embarazo interrumpió además el paso habitual, desde contratos a plazo hacia contratos indefinidos, dejando a las trabajadoras sin bonos, aguinaldos y otros beneficios.

Ventisqueros es filial del grupo familiar alemán Schörghuber. Opera en Chile desde hace más de 37 años, emplea a cerca de 1.300 personas y produce alrededor de 50.000 toneladas de salmón al año. Su dimensión y su discurso de sostenibilidad contrastan con las condiciones denunciadas dentro de la planta de proceso en Chinquihue, Puerto Montt.

Embarazos en riesgo bajo la presión de producir

En la empresa, la presión sobre las embarazadas se expresa en prácticas cotidianas de control que les impedían descansar o apartarse del ritmo de producción intensiva. «En el sector de filete era una pelea para que nos pasaran sillas. A mí me mandaron a trabajar despinando y las personas eran inhumanas. Nosotras no podíamos responder como queríamos. Nos obligaban a entrar y, si nos quedábamos un poco afuera, nos retaban. Era como que nosotras éramos niñas para el jefe de turno y los supervisores. Las puertas de los casilleros y de la ropería estaban cerradas para que no entráramos a sentarnos. Si una se sentaba, le llamaban la atención», recuerda Bárbara.

Gloria enfrentó una situación similar. Pese a presentar antecedentes médicos, continuó sometida a condiciones que agravaron su embarazo. «Estando embarazada, se pasa frío en la planta y no tienen espacio, ni siquiera para poder tomar algo caliente. Había muchas trabajadoras que tuvieron sangramiento durante su embarazo, incluyéndome. Mi embarazo fue de alto riesgo. Presenté mis documentos médicos porque tuve sangramiento en mis últimas semanas de embarazo. Mi documentación dice que fue por el frío y por pasar mucho tiempo de pie. También por estar tanto tiempo mojada. Tenías que estar todo el día así. Eso me generó una infección durante mi último tiempo de embarazo. Pero la respuesta de la empresa fue que no contaban con un espacio donde pudieran reubicarnos», denuncia.

La reubicación tampoco significó protección para Tania. El traslado a la ropería abrió otra etapa de maltrato que continuó después del postnatal. «La gente que trabajaba ahí te trataba mal porque decía que no hacías nada, pero el mismo jefe nos autorizó solamente a doblar ropa, entregarla, recibirla y contarla. Cuando volví de mi licencia y entré a la planta a cumplir de nuevo mis labores en Higiene, los supervisores no te tomaban en cuenta. Incluso uno me dijo: “Tú eres aquí un número nomás. Tú no eres de mi grupo, así que no me importas”».

Los antecedentes médicos no significaron una reubicación segura; las pausas y los asientos se convirtieron en motivo de discusiones; y la posibilidad de perder un embarazo no modificó el trato cotidiano de la empresa.

Leche materna extraída en un baño y desechada

Después del parto, la vulneración continuó. Gloria y Tania debieron extraerse leche materna en los baños de la planta. La sala que la empresa anunció en distintas ocasiones nunca estuvo disponible durante el periodo relatado por ellas.

Gloria sufrió dos episodios de mastitis porque no se respetaban sus horarios de extracción. El tiempo utilizado era descontado y las trabajadoras disponían de solo 20 minutos para ir al baño durante toda la jornada, diez en la mañana y diez en la tarde. De ese mismo tiempo debían obtener los minutos necesarios para extraerse leche.

Para Tania, el regreso del postnatal significó enfrentar sola las necesidades de lactancia de su hija. Al buscar una solución por parte de la compañía, recibió una respuesta que evidencia el trato denunciado por las trabajadoras. «Cuando volví de mi licencia, mi hija tomaba leche materna exclusiva. Yo empecé a decir que era indignante sacarse leche en un baño donde otras personas estaban haciendo sus necesidades y no tener dónde dejar la leche. Fui a hablar a Recursos Humanos y me dijeron: “Es lo que hay. Si te gusta, bien; si no, te puedes ir. Aquí nadie te tiene obligada a estar”. […] La leche que me sacaba en el trabajo tenía que desecharla porque estaba contaminada. Tampoco teníamos dónde conservar la leche, ni nos daban permiso para llevar algo donde conservarla», denuncia.

La Dirección del Trabajo ha establecido que el empleador debe dar facilidades para extraer y almacenar leche materna dentro de la jornada laboral, permitir el uso de refrigeradores u otros medios disponibles y cumplir las normas de salud, higiene y seguridad. El tiempo utilizado no puede considerarse como no trabajado. En Ventisqueros, esas obligaciones fueron subordinadas a los tiempos de la línea.

El desafuero como política contra la maternidad

El desafuero maternal es una mala práctica empresarial. Que el procedimiento esté contemplado en la legislación chilena no legitima su utilización contra mujeres embarazadas, menos aun cuando interrumpe la continuidad laboral de trabajadoras que la empresa puede mantener contratadas y se acompaña de hostigamiento, pérdida de beneficios, separaciones sin sueldo y despidos posteriores.

En los 18 casos que representa el abogado Saball, el embarazo quiebra una trayectoria laboral que normalmente conduce al contrato indefinido. Mientras los juicios se prolongan, las trabajadoras quedan sin bonos de producción, aguinaldos y beneficios de escolaridad y Navidad. La diferencia puede representar entre 50% y 60% adicional de remuneración.

De acuerdo con los antecedentes entregados por Pablo Saball, una causa puede tardar dos años en primera instancia y más de un año adicional si llega a la Corte de Apelaciones. Ventisqueros no acepta las fórmulas de conciliación promovidas por los tribunales y mantiene los procesos hasta una sentencia ejecutoriada. El tiempo judicial se convierte en presión económica sobre mujeres embarazadas o con hijos pequeños.

«En mi opinión, esto representa una política de la empresa de no aceptar a las trabajadoras embarazadas y, por lo tanto, no proteger la maternidad. Ni siquiera llegando a un acuerdo, sino manteniéndolas en condiciones de pobreza debido a la larga duración de los juicios laborales en la región», precisa el abogado.

El caso de Tania muestra cómo la sola amenaza de desafuero puede condicionar todo un embarazo. Durante meses quedó a la espera de un proceso sobre el cual la empresa no le entregaba información. «Transcurrió mi embarazo y yo preguntaba por qué no se me notificaba la demanda. Hasta que me acerqué al juzgado para conocer en qué estaba mi caso y me dijeron: “No tiene ninguna demanda de su empleador, nada”. Volví a la empresa y me dijeron: “Cuando regreses de tu licencia, lo conversamos”. Me dejaron con un contrato congelado, no tenía ningún beneficio ni estaba haciendo antigüedad en la empresa», explica.

Solo cuando anunció que recurriría a la Inspección del Trabajo, la empresa reconoció la fecha en que debía pasar a contrato indefinido. Cuando su hija cumplió un año y 84 días, fue despedida por necesidades de la empresa. Tania interpreta ese recorrido a partir de lo que vio entre sus compañeras. «Yo creo que lo hacen con el fin de que una se vaya, porque con otras chicas les funciona. Se van por tanto hostigamiento y pierden todos sus derechos», sostiene.

Sin sueldo mientras el juicio continúa

Gloria fue notificada de su demanda de desafuero después de regresar del postnatal y retomar sus turnos. Ventisqueros la acusó de doce inasistencias y de abandonar su puesto de trabajo. Sus registros de entrada y salida muestran que trabajó durante los días cuestionados. La única ausencia fue autorizada mediante un permiso firmado y timbrado por la propia empresa.

La salmonera pidió separarla provisionalmente sin goce de sueldo. El tribunal revocó esa medida y ordenó mantener el pago íntegro de sus remuneraciones mientras permaneciera separada de sus funciones. Al momento de la entrevista, Ventisqueros no había cumplido la resolución y Gloria figuraba con un permiso por inasistencia sin goce de sueldo. Su abogado anunció una solicitud de apremio.

La resolución incumplida trasladó el conflicto judicial a la vida cotidiana de Gloria y de su hija de 11 meses. «Me ha afectado muchísimo, ya que hay que pagar el arriendo, la luz, la leche y los pañales. Todo en realidad es un gasto, más cuando un bebé es todavía tan pequeño», explica.

Las dificultades para conciliar trabajo y cuidados continuaron después del embarazo. Tania relata la respuesta que recibió durante una emergencia médica de su hija: «Cuando necesitaba permisos, nunca me ayudaron. Si mi hija caía hospitalizada, no me tomaban las licencias y tenía que ir directamente a la empresa, aunque ella estuviera hospitalizada. A los seis meses le dio neumonía y estuvo a punto de ser intubada. Como empresa me dijeron: “Tu licencia, ya, eso no tenemos nada que ver nosotros; arréglatelas tú”», denuncia.

Mujeres que se fueron sin nada

El abogado registra despidos ejecutados apenas terminó el fuero maternal, incluso con juicios pendientes. En tres casos la empresa invocó el vencimiento del plazo convenido, pese a que había transcurrido uno o dos años desde la fecha original del contrato. En otros dos aplicó necesidades de la empresa. Las trabajadoras rechazaron los finiquitos y presentaron acciones judiciales.

Bárbara resume su experiencia en una demanda básica hacia quienes administraban estos procesos dentro de la empresa: «Que sean humanos».

Agrega que «en Recursos Humanos eran todas mujeres, pero seguían lo que decía la empresa. Entiendo que necesitan el trabajo y que pueden perderlo, pero alguien tenía que apelar por nosotras».

El impacto de los desafueros se extendía al resto de las trabajadoras y debilitaba la disposición a enfrentar judicialmente a la empresa: «Nos contaron de embarazadas que habían sido desaforadas y se fueron sin nada. La situación más grave era la de una compañera que ya estaba fuera de la planta, que perdió el caso de desafuero. Eso igual nos desanimaba».

El deterioro emocional, el temor al desempleo y la desigualdad económica frente a una empresa transnacional empujan a muchas trabajadoras a desistir. Acudir a tribunales las obliga a resistir durante años para defender derechos que debieron ser protegidos desde el primer día.

Los estándares que Ventisqueros no cumple con sus trabajadoras

En junio de 2026, Ventisqueros presentó su Reporte ESG 2025 y afirmó avanzar hacia una acuicultura sostenible, innovadora y «centrada en las personas». La empresa exhibe certificaciones internacionales y declara que busca crear valor para sus trabajadores, las comunidades y el entorno. Los testimonios muestran la distancia entre esa imagen comunicacional y las condiciones reales dentro de la planta en Chinquihue.

«Aquí hay una contradicción grave entre la realidad y las políticas en la práctica de la empresa con lo que declara y las certificaciones que tenga en materia de calidad», advierte Saball.

Los altos estándares que una transnacional salmonera presenta ante los mercados internacionales deben comenzar por sus trabajadoras. En Ventisqueros, los derechos se fueron perdiendo a medida que avanzaba el embarazo. Primero el contrato y sus beneficios, después la posibilidad de descansar, ir al baño o proteger una gestación en riesgo, luego la lactancia y los permisos para cuidar a los hijos, finalmente, el empleo.

Al entregar su testimonio, Tania dirige la mirada hacia las trabajadoras que siguen en la planta. «Nadie más debería pasar por algo así. Una ya no puede hacer nada por lo que vivió con la empresa, pero puede ayudar a que a otras trabajadoras no les suceda lo mismo».

Los casos denunciados confirman la existencia de trabajo forzado en las áreas centrales de la economía exportadora chilena, denunciadas desde el 2019 tanto a nivel de las autoridades gubernamentales nacionales como en instancias internacionales.

Analizados a la luz de los 11 indicadores de la OIT para identificar trabajo forzado, los testimonios reúnen al menos cinco de ellos: abuso de la vulnerabilidad, engaño, intimidación y amenazas, retención de salarios y condiciones laborales abusivas. El embarazo y la necesidad económica fueron utilizados como mecanismos de coerción, bajo la amenaza de perder ingresos, beneficios o el empleo.

Lee el artículo original en el sitio web del Centro Ecoceanos y Fundación Libera