El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y el Movimiento Socioambiental Comunitario por el Agua y el Territorio (MOSACAT) anunciaron que recurrirán a la movilización y a las vías administrativas y judiciales para impugnar la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que deja al data center de Google en Cerrillos fuera de la obligación de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Ambas organizaciones denuncian que el organismo acogió el planteamiento de la multinacional y dejó sin respuesta los argumentos que presentaron para exigir su evaluación y la participación de la comunidad.

Para el director de OLCA, Lucio Cuenca, la resolución constituye un “nefasto precedente” para los derechos ambientales de los habitantes de Cerrillos y Maipú y la protección de los ecosistemas. Su alcance, advierte, se extiende a los demás territorios potencialmente afectados por el Plan Nacional de Data Centers, presentado en 2024.

El conflicto enfrenta a las comunidades con una multinacional que busca instalar infraestructura de gran escala sin someterla al procedimiento de evaluación ambiental. Para las organizaciones, la actuación del SEA y los cambios regulatorios que han elevado los umbrales de ingreso facilitan ese propósito y debilitan las posibilidades de intervención de quienes habitan el territorio.

Cuenca sostuvo que el cambio al Reglamento del SEIA realizado durante el gobierno anterior elevó el umbral de almacenamiento de combustible que determina el ingreso de estos proyectos. A su juicio, esto permite que infraestructuras de alto impacto queden fuera de un proceso obligatorio de evaluación ambiental con participación ciudadana.

La modificación del reglamento mediante el Decreto Supremo N°17 de 2025 incluyó un aumento de los umbrales de almacenamiento de sustancias peligrosas y agregó una longitud mínima de dos kilómetros para el ingreso de líneas de transmisión de alto voltaje. Ambos criterios forman parte de los fundamentos utilizados por el SEA para descartar el ingreso del proyecto de Google.

Lucio Cuenca advierte que la legislación ambiental en Chile no cuenta con una tipología específica que asegure la evaluación integral de los centros de datos. En esas condiciones, elevar los umbrales de las instalaciones que podían determinar su ingreso deja mayor libertad a las empresas a costa de los derechos de las comunidades cercanas y del medio ambiente.

Los antecedentes que el SEA no respondió

OLCA y MOSACAT, con apoyo de la Oficina de Abogados Protección de Derechos Humanos, hicieron llegar al SEA un “téngase presente” con antecedentes que, según las organizaciones, fundamentaban la obligatoriedad de someter el proyecto a evaluación ambiental y participación ciudadana.

Lucio Cuenca denunció que esa presentación no fue incorporada al expediente y que sus argumentos tampoco recibieron respuesta en la resolución. “Más allá de que la carta de pertinencia sea una consulta al SEA, procedimiento donde no está reglada la participación ciudadana, nos asiste el derecho constitucional a petición y el derecho de acceso a la participación consagrado en el Acuerdo de Escazú, cuestiones que el SEA vulnera flagrantemente”, afirmó.

La crítica apunta también a que el organismo examinó la iniciativa de Google como un proyecto nuevo. Para el director de OLCA, se trata materialmente del mismo centro de datos presentado en 2019, cuya aprobación ambiental fue anulada parcialmente por el Segundo Tribunal Ambiental, y que la multinacional vuelve a impulsar con modificaciones.

En febrero de 2024, el tribunal ordenó retrotraer la evaluación para incorporar los efectos del cambio climático sobre el componente hídrico. El fallo estableció que faltaban antecedentes para justificar la inexistencia de impactos significativos sobre el Acuífero Santiago Central y dispuso considerar una eventual modificación del sistema de enfriamiento de los servidores.

“El SEA aceptó una falacia de Google”, señaló Cuenca sobre su revisión como proyecto nuevo. Para OLCA, el antecedente judicial exige evaluar ambientalmente la iniciativa que ahora se tramita en el mismo predio y que presenta características sustancialmente coincidentes con la anterior.

Qué resolvió el SEA sobre el proyecto de Google

La resolución fue firmada el 16 de octubre de 2026 por el director regional subrogante del SEA, Jorge Ignacio Grez Morales. Respondió a una consulta de pertinencia presentada el 29 de julio por Google, a través de Inversiones y Servicios Dataluna Ltda., titular formal del proyecto.

La empresa declaró que el centro de datos ocupará un predio de aproximadamente 23 hectáreas, con accesos por Camino a Lonquén y avenida Lo Espejo, en Cerrillos. Tendrá 32.412 metros cuadrados construidos y se desarrollará en cuatro fases.

Google considera instalar 44 grupos electrógenos diésel con una potencia conjunta de 120,25 MW. El SEA descartó que constituyan una central generadora de energía -categoría cuyo umbral de ingreso es superior a 3 MW- porque, según lo declarado por la empresa, funcionarán como respaldo ante cortes de suministro y para pruebas y mantenciones periódicas. El abastecimiento habitual provendría de la red eléctrica.

Cada equipo tendrá un estanque de 18.500 litros de combustible. La capacidad total alcanzará los 814 mil litros de diésel, equivalentes, según la resolución, a unas 695,9 toneladas. El organismo concluyó que esa cantidad queda por debajo del umbral de mil toneladas para almacenamiento de sustancias inflamables.

La causal de ingreso por almacenamiento de combustible sigue existiendo, pero el proyecto queda bajo el umbral aplicado por el SEA. Para OLCA, elevar ese límite, sin establecer una tipología específica para los centros de datos, facilita que instalaciones de esta magnitud queden fuera de una evaluación integral. 

El servicio también descartó el ingreso por la conexión eléctrica de 110 kV, pues su trazado de unos 400 metros es inferior a dos kilómetros. Respecto de la subestación interna Pucará de Chena, sostuvo que reducirá la tensión para abastecer el recinto y no tendrá por objeto mantenerla a nivel de transporte.

El diseño incluye 63 equipos de refrigeración por aire que, de acuerdo con la resolución, no requieren agua para funcionar. Esta característica corresponde al sistema de enfriamiento informado y no significa que el proyecto completo carezca de consumo hídrico.

MOSACAT exige una moratoria

Desde MOSACAT advirtieron que la decisión deja a la comunidad sin las instancias de participación propias de una evaluación ambiental, restringiendo sus posibilidades de formular observaciones y exigir respuestas sobre los efectos del centro de datos.

La organización recordó que en diciembre de 2019 la comunidad expresó su rechazo a la instalación del proyecto de Google mediante una consulta popular. Para el movimiento, esa voluntad constituye un antecedente político que no puede ser ignorado.

“El Estado no puede poner las exigencias ambientales en segundo plano para facilitar las inversiones de una multinacional”, sostuvo en su declaración. 

Tania Rodríguez, de MOSACAT, denunció que la flexibilización de las normas y los procedimientos ambientales debilita la participación ciudadana y la justicia ambiental, mientras facilita la instalación de una industria cuyos impactos territoriales no se conocen con claridad.

Por ello, exigió antecedentes técnicos suficientes, transparentes y verificables sobre los posibles efectos del proyecto en la salud, la disponibilidad de agua, el entorno urbano y los ecosistemas. También llamó al Estado a aplicar los principios preventivo y precautorio y adoptar las medidas necesarias para proteger a la población y el medio ambiente.

El movimiento demandó una moratoria que impida avanzar en la aprobación y ejecución del centro de datos mientras no existan esos antecedentes para evaluar integralmente sus impactos y garantías efectivas de protección ambiental y sanitaria para la comunidad de Cerrillos.

Las organizaciones buscarán revertir la decisión mediante acciones administrativas y judiciales, junto con la movilización territorial.