Esta semana el presidente Gabriel Boric anunció siete medidas sociales que busca implementar para contener los altos gastos de las familias chilenas frente a la inflación anual más alta en 30 años en el país, que acumula un 12,8% en un año. Las medidas buscan principalmente ayudar a los sectores socioeconómicos más pobres del país en sus gastos, especialmente de alimentación.
Las medidas incluyen duplicar el monto del Aporte Familiar Permanente (conocido como Bono Marzo) para 1,5 millones de hogares, llegando a 120 mil pesos; una transferencia estatal por carga de 13.500 pesos mensuales a quienes ya estaban beneficiados con el “Aporte Canasta Básica de Alimentos”; se incrementará en un 20% el monto de la Asignación Familiar (AF) y del Subsidio Único Familiar (SUF), lo que implica un incremento de hasta $3.500 pesos; descuentos de hasta un 32% en medicamentos en cadenas de farmacias; ampliación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) a 50 mil niñas y niños de pre-kinder y kinder de colegios públicos y aumento de $5.000 pesos la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES); se extenderá la postulación al IFE Laboral y al Subsidio Protege; además de la creación de un programa de garantías especiales estatales de $50 mil millones para créditos en el sector de la construcción.
No es el único presidente en realizar estas medidas paliativas. Lo cierto es que ya son varios los países que han optado por tomar medidas sociales frente a la crisis económica mundial y la inflación que se generó tras la guerra Rusa-Ucrania.
Sin embargo, en varios países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estas medidas, además de ser vistas como ayudas sociales, también han logrado contener levemente la inflación de sus países en cuanto establecen ciertos controles de precios de los bienes que más suben. En general, se han enfocado en medidas que abarquen a sectores más amplios de la población, como grupos pobres y de clase media.
En Alemania, donde la medida anual de inflación alcanza un 7,9%, la principal medida social tuvo que ver con el gas y la energía. En septiembre anunciaron un tope en el precio de la gasolina, además del congelamiento en los precios del gas y la eliminación de un impuesto a esta industria.
En Alemania, donde la medida anual de inflación alcanza un 7,9%, la principal medida social tuvo que ver con el gas y la energía. En septiembre anunciaron un tope en el precio de la gasolina, además del congelamiento en los precios del gas y la eliminación de un impuesto a esta industria.
El tope a los precios del gas y de la electricidad es parte de un plan de $200.000 millones de euros, que comenzará a aplicarse este enero para las grandes empresas y desde marzo para los hogares del país. Además, el gobierno subvencionará hasta el 80% del consumo de energía y gas de los hogares. Mientras se aplican estas medidas, el gobierno pagará las facturas de gas de diciembre de gran parte de los alemanes.
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Según economistas, estas medidas aportaron a que la inflación bajara en diciembre en Alemania.
“La fuerte caída de la inflación se debe principalmente a que el Ejecutivo federal se hizo cargo en diciembre de los descuentos del gas natural y la calefacción urbana. Los estadísticos interpretaron que esto había tenido un efecto moderador sobre los precios de los hogares que habían firmado directamente un contrato con un proveedor y, por tanto, se habían visto directamente aliviados en diciembre”, dijo Jörg Krämer a El País de España.
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En España, desde marzo del 2022 el gobierno decidió poner un límite al alza de los arriendos de vivienda, decisión que se ha prorrogado esta semana para este 2023. El límite de ascenso de los valores del alquiler llega a un 2%. A esto se suma que la pensiones subirán un 15% este año, lo que en promedio significan $70 euros mensuales para los pensionados.
En España aplicaron la rebaja del IVA sobre la electricidad, que pasó del 10% al 5%; la ampliación de los descuentos del bono social; la bonificación de 20 céntimos por litro en el precio de los combustibles; y, la reducción y congelamiento de los pasajes en el transporte terrestre.
El techo del 2% es obligatorio en todos los contratos de arrendamiento suscritos con propietarios con más de 10 casas. En el caso de propietarios con menos viviendas, sólo si hay acuerdo de ambas partes se puede subir más allá del 2% anual, pero si no, también se aplica el tope.
Por otra parte, las medidas del gobierno para controlar el alza en los precios de la energía y otros servicios han generado que sea el país de la Unión Europea con menos inflación en los últimos meses. España cerró el año con un IPC de 6,8%. Entre las medidas, está la rebaja del IVA sobre la electricidad, que pasó del 10% al 5%; la ampliación de los descuentos del bono social; la bonificación de 20 céntimos por litro en el precio de los combustibles; la reducción y congelamiento de los pasajes en el transporte terrestre de empresas del Estado, entre los que se encuentran trenes, entre otros.
"La inflación subyacente (que excluye alimentos no elaborados y energía) experimentó un aumento más gradual pero sostenido. Fue del 2,4% en enero de 2022, alcanzó un máximo del 6,4% en agosto y cayó al 6,3% en noviembre. El cierre de la brecha con la inflación general durante el último trimestre del año pasado se debió principalmente a las medidas gubernamentales para controlar el alza en los precios de la energía", explica el medio The Conversation sobre la inflación en España.
Colombia es otro país de la OCDE que ha tomado medidas sociales para apoyar a las familias frente a la creciente inflación. Mientras que la inflación alcanzaba un 12% anual en noviembre, ese mismo mes el gobierno de Petro anunció algunas medidas para frenar el creciente aumento de precios.
Estas incluyen el control de precios de los alimentos a través de medidas sectoriales, como la reducción temporal de aranceles y el apoyo a pequeños productores agrícolas; un sistema de estabilización de tarifa de energía para los hogares; aumentos graduales y lentos en el precio de la gasolina; y un subsidio para dueñas de casa jefas de hogar, de cerca de $86.000 pesos chilenos.
En México, está un acuerdo con grandes empresas (como supermercados) para eximirlas de trámites de importación, aranceles, impuestos y otros trámites para la importación de ciertos alimentos de la canasta básica, a cambio de mantener sus precios.
El otro país latinoamericano en la OCDE es México. En octubre pasado, el gobierno de López Obrador llegó a un acuerdo con empresarios y políticos con varias medidas para contener los precios, especialmente el de alimentos, con resultados que hasta la fecha, según expertos, no han llegado a satisfacer las necesidades de un país con realidades variadas dependiendo de la región. Según el gobierno, las medidas sociales que han implementado han frenado en 8% la inflación, sin embargo, el valor de los alimentos ha continuado en ascenso.
Entre las medidas anunciadas por el presidente mexicano, está un acuerdo con grandes empresas (como supermercados) para eximirlas de trámites de importación, aranceles, impuestos y otros trámites para la importación de ciertos alimentos de la canasta básica, a cambio de mantener sus precios. Además, se suma la extensión de un subsidio a los combustibles: congelamiento de las tarifas de autopistas concesionadas; y la limitación en la exportación de maíz y algunos derivados.
Cabe señalar que la OCDE bajó sus pronósticos de expansión para el próximo año de Argentina, Chile, Colombia, México y Costa Rica, y los mantuvo para Brasil, todo ante los efectos de la inflación y la crisis económica mundial.
“Se prevé que el repunte pierda fuerza durante 2023 y 2024, en un contexto de endurecimiento de las condiciones financieras mundiales y locales, el retiro de la mayoría de las ayudas fiscales y la disminución de los precios de las materias primas”, indicó la OCDE en sus Perspectivas económicas.
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