AES Andes
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Luego de conocerse que la hidroeléctrica vigilaba a los ambientalistas que se oponían al proyecto e intervenía sus chats, estos presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en el que acusan que la empresa vulneró sus derechos constitucionales, relacionados con la integridad física y psíquica, la protección y respeto de la vida privada, y la protección de los datos personales, entre otras disposiciones legales.
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Después de que Interferencia revelara la existencia de informes en 2021, los afectados interpusieron un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la que ordenó un informe al respecto. En éste, Alto Maipo reconoce su implicación en los informes, aunque asegura que el servicio contratado es legal.
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Además, los convencionales destacan la importancia de que la nueva Constitución garantice la seguridad de las y los defensores de las tierras, el agua y la naturaleza. La ONG internacional Frontline Defenders, enfocada en derechos humanos., también expresó preocupación por los hechos.
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La negativa a participar se da a cuatro días de que INTERFERENCIA revelara la contratación de servicios 'ciberinteligencia' para infiltrar chats de ambientalistas por parte de la hidroeléctrica. “Esto uno lo ve en las películas no más”, comentó sorprendido ante los hechos.
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El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, la Coordinadora de Territorios por la Defensa de Glaciares y No Alto Maipo –entre otros– se mostraron alarmados ante la información develada ayer por INTERFERENCIA. Desde AES Andes, controladora del proyecto, el silencio es total.
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En informes elaborados entre febrero y junio de 2020 para la controladora del proyecto, AES Andes, se asegura haber infiltrado chats de ambientalistas –además de entregar información sensible de estos– y se delata a trabajadores de Alto Maipo, llamándolos "Potenciales Terroristas Internos", todo en un contexto post estallido social. Desembolsaron más de $3 millones mensuales por el servicio.