La Red Metropolitana No Alto Maipo y la ex concejala de San José de Maipo, Maite Birke, presentaron dos recursos de casación contra el fallo que absolvió a la hidroeléctrica de tres reclamaciones interpuestas el 2018. Recientemente, el proyecto se declaró en quiebra producto de reducciones en el precio de la energía y la disminución significativa de la hidrología en los últimos 10 años.

Además, los convencionales destacan la importancia de que la nueva Constitución garantice la seguridad de las y los defensores de las tierras, el agua y la naturaleza. La ONG internacional Frontline Defenders, enfocada en derechos humanos., también expresó preocupación por los hechos.

El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, la Coordinadora de Territorios por la Defensa de Glaciares y No Alto Maipo –entre otros– se mostraron alarmados ante la información develada ayer por INTERFERENCIA. Desde AES Andes, controladora del proyecto, el silencio es total.  

En informes elaborados entre febrero y junio de 2020 para la controladora del proyecto, AES Andes, se asegura haber infiltrado chats de ambientalistas –además de entregar información sensible de estos– y se delata a trabajadores de Alto Maipo, llamándolos "Potenciales Terroristas Internos", todo en un contexto post estallido social. Desembolsaron más de $3 millones mensuales por el servicio.

Una cláusula en el contrato estipula que la sanitaria puede cancelar el acuerdo si la central hidroeléctrica no estaba terminada en 2019. A fines del año pasado se prorrogó el contrato a cambio de un pago de US$ 10 millones a Aguas Andinas, pero éste vence en las próximas semanas.

El Mostrador reveló un acuerdo secreto entre la empresa energética y los pescadores de esa zona de sacrificio. Barra, presidente regional del PS, fue uno de los abogados de los pescadores que obtuvieron 500 millones en honorarios. Cada pescador, en tanto, recibirá 4 millones en un plazo de 5 años. 

En un informe de 2008, Aguas Andinas cuestionó el proyecto Alto Maipo por su impacto sobre el servicio de agua para los más de 7 millones de usuarios en la Región metropolitana. Pese a ello, tres años después, la sanitaria firmó un contrato con la controladora del proyecto hidroeléctrico.