Cerca de la medianoche del martes, el Senado aprobó en general la 'Ley Naín-Retamal' por 40 votos a favor, 5 en contra y sin abstenciones. La iniciativa contó con un amplio apoyo y solo encontró resistencia en los senadores Daniel Núñez (PC), Claudia Pascual (PC), Juan Ignacio Latorre (RD), Esteban Velásquez (FREVS) y Fabiola Campillai (independiente). 

La estrategia inicial del gobierno falló por completo, pero tras la votación en general, el Senado tomó un receso antes de la votación en particular, momento en que el Ejecutivo -desplegado con sus ministras Camila Vallejo (PC), Antonia Orellana (CS), Carolina Tohá (PPD), Macarena Lobos (ministra subrogante) y Luis Cordero (independiente pro SD)- concilió con parlamentarios de oposición un acuerdo para modificar el controvertido artículo sobre 'defensa legítima privilegiada'.

La gestión del Ejecutivo logró que al articulado que planteaba las tres hipótesis respecto al uso del arma de servicio por parte de las policías fuera precisada y además incluyera los siguientes alcances: "Siempre que un funcionario de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, o el funcionario de las Fuerzas Armadas, en razón de su cargo o con motivo u ocasión del cumplimiento de funciones de resguardo de orden público, hicieren uso de su arma de servicio, empleo de armamento menos letal o elementos no letales, se presumirá legalmente que estos han sido correctamente empleados".

Y también: "Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, los tribunales, según las circunstancias y si estas demostraren que no había necesidad racional de usar el arma de servicio y armamento menos letal en toda la extensión que aparezca, deberán considerar esta circunstancia como simplemente atenuante de la responsabilidad y rebajar la pena en virtud de uno, dos o tres grados”.

La estrategia inicial del gobierno falló por completo, pero tras la votación en general el Senado tomó un receso antes de la votación en particular, momento en que el Ejecutivo -desplegado con sus ministras Camila Vallejo, Antonia Orellana, Carolina Tohá, Macarena Lobos (subrogante) y Luis Cordero- concilió con parlamentarios de oposición un acuerdo para modificar el controvertido artículo sobre 'defensa legítima privilegiada'.

En palabras de la ministra Tohá, durante su intervención en Sala: "La aplicación de esta presunción no se da en el caso en que el funcionario siente que está amenazado, sino que hay condiciones para juzgar que estaba amenazado, no depende de una subjetividad [...] No se aplica cuando se están defendiendo bienes, solo la vida y la integridad física [...] Cuando no se da de manera completa las condiciones que justifican que hubo uso racional de la fuerza, se pueden aplicar atenuantes de responsabilidad porque se hizo en el cumplimiento de un servicio, no se podrán aplicar cuando haya dolo. Eso se construyó en este acuerdo".

La indicación anterior fue respaldada por 42 votos, sin votos en contra, pero con tres abstenciones de las senadoras Campillai, Pascual y el senador José Miguel Durana (UDI). Así, el Ejecutivo alcanzó un acuerdo y el proyecto avanzó a su tercer trámite en la Cámara listo para su promulgación. 

Originalmente el gobierno, a través de la ministra del Interior, llamó a aprobar la iniciativa en la Cámara, pese a que reconocía ‘objeciones’ dentro del proyecto, entre ellas 'Gatillo Fácil', las cuales serían subsanadas en el Senado.  

La idea del Ejecutivo constaba de introducir indicaciones dentro de la Comisión de Seguridad del Senado para limitar ahí la también conocida ‘defensa legítima privilegiada’, que aumenta las facultades de los carabineros en el uso de su arma de servicio ampliando las hipótesis de uso.

No obstante, la indicación del Gobierno fue rechazada en la Comisión que preside Felipe Kast (Evópoli), con mayoría opositora en su composición. La decisión adoptada por la Comisión, provocó que Tohá, junto con el titular de Justicia, Luis Cordero (independiente cercano a Socialismo Democrático), abandonaran el espacio, crispando aún más los ánimos en una acción que no fue bien recibida en la antesala de la discusión más determinante en materia de facultades policiales y de derechos humanos. 

Tohá apostó luego a introducir nuevamente indicaciones en la Sala del Senado durante la discusión del controversial proyecto. Cabe destacar, que gran parte de esta compleja negociación, se da justo en medio de la ausencia de la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte (PS), que producto de un cuadro de salud que la afecta hace cerca de un mes, por lo que la subsecretaria Macarena Lobos (Independientes No Neutrales) ha tenido que suplir su rol.  

Con el correr de las horas, el Ejecutivo ya vislumbraba una jornada difícil en materia de negociación y se comenzó especular sobre alternativas que podían explorar en el caso que el Senado aprobara la ley, mientras en paralelo, personeros oficialista ya negociaban en la búsqueda de consensos.

En concreto las opciones que se barajaban eran; veto presidencial, recurrir al Tribunal Constitucional -aunque se buscaba evitar estas dos instancias- o discutir el proyecto en una Comisión Mixta, instancia que busca resolver discrepancias entre Senado y Cámara durante la tramitación de un proyecto de ley. 

El debate en Sala y las 'dos aberraciones'

“Hoy, ese carabinero gracias a Dios y la justicia, está preso a doce años de cárcel y esta ley -'Gatillo Fácil'- dice que puede haber impunidad retroactiva, o sea, se podrá revisar el caso a la persona que me disparó. Entonces qué le decimos a las personas que perdieron familia, a las personas que murieron o a las personas que hoy están postradas por golpizas tan brutales como la de Mario Acuña. Qué le decimos a todas las víctimas del estallido social que fueron mutiladas por carabineros”, dice Campillai.

La tribuna del Senado estaba dividida, por una parte, entre los asistentes había familiares de detenidos desaparecidos convocados en contra de la aprobación del ‘Gatillo Fácil’; y por otra, familiares de carabineros que han sido asesinados en servicio en apoyo de la iniciativa defendida fervientemente por la oposición y parte del oficialismo.

Una de las primeras intervenciones en Sala fue emitida por la senadora Fabiola Campillai, electa con primera mayoría nacional en Santiago y víctima de violaciones a los derechos humanos por parte de Carabineros. “Hoy me pongo de pie para hablar, porque al parecer a este Senado no le basta con tener a una colega a la cual un carabinero le disparó a la cara con un arma que supuestamente era no letal y que pudo haber sido letal para mí porque estuve entre la vida y la muerte”, declaró Campillai.  

“Hoy, ese carabinero gracias a Dios y la justicia, está preso a doce años de cárcel y esta ley -Gatillo Fácil- dice que puede haber impunidad retroactiva, o sea, se podrá revisar el caso a la persona que me disparó. Entonces qué le decimos a las personas que perdieron familia, a las personas que murieron o a las personas que hoy están postradas por golpizas tan brutales como la de Mario Acuña. Qué le decimos a todas las víctimas del estallido social que fueron mutiladas por carabineros”, agregó la senadora.

Y finalizó con una aseveración que no fue bien recibida por parte de la oposición. “Voy a pedir, sí este proyecto es aprobado, voy a pedir el veto presidencial, porque creo que es necesario”, cerró la parlamentaria. 

Dentro de su alocución, Campillai indicó una de las dudas respecto a la aprobación de la 'Ley Naín-Retamal' y su aplicación retroactiva en virtud del principio pro reo, que establece que prima cualquier normativa nueva por sobre la antigua si favorece al condenado en casos penales.

Por otra parte, el senador Daniel Núñez, planteó irregularidades en la tramitación de la ley dentro de la Comisión de Seguridad y la ausencia de actores claves en la discusión. “Lo voy a decir así con todas sus letras. El que se moleste, lo lamento. Para mí se cometieron gravísimas irregularidades en la tramitación de esta ley en la Comisión de Seguridad Ciudadana, porque no se escuchó a los afectados e involucrados en esta discusión”, comenzó el senador.  

Y especificó: “No se escuchó a Carabineros, no se escuchó a la Policía de Investigaciones, no se escuchó a los organismos internacionales especializados en esta materia, Amnistía Internacional, la Asociación de Magistrados, la defensoría Penal Pública, Gendarmería y además, ni siquiera se escuchó la opinión escrita, en un documento formal, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Fue casual esto, fue un problema formal? No señor presidente, aquí había una intención de aprovecharse del dolor del país”.

"Esta es una cámara política, no es una cámara de expertos [...] todas estas diferencias que a último minuto se han generado respecto a esta ley se deben a temas ideológicos. Tengo la convicción, porque hoy día tenemos mayoría en este Senado, vamos a votar a favor, porque hoy día nosotros tenemos la legitimidad de que en este Senado tenemos la mayoría, así como ejercieron su mayoría en el pasado los que gobernaron, nosotros también tenemos derecho a usarla y hoy día vamos a tener 26 votos a favor de esta ley, por lo tanto, se ha de aprobar", dice Moreira.

Desde la vereda de la oposición, el senador Iván Moreira (UDI) indicó que “esta es una cámara política, no es una cámara de expertos [...] todas estas diferencias que a último minuto se han generado respecto a esta ley se deben a temas ideológicos. Tengo la convicción, porque hoy día tenemos mayoría en este Senado, vamos a votar a favor, porque hoy día nosotros tenemos la legitimidad de que en este Senado tenemos la mayoría, así como ejercieron su mayoría en el pasado los que gobernaron, nosotros también tenemos derecho a usarla y hoy día vamos a tener 26 votos a favor de esta ley, por lo tanto, se ha de aprobar”. 

No obstante, el avance de 'Gatillo Fácil' no era la única preocupación del oficialismo. En palabras del ministro de Justicia, Luis Cordero, "el gobierno está preocupado por la aprobación de indicación que exime de responsabilidad penal en la responsabilidad del mando y una segunda que estrecha la aplicación de los apremios ilegítimos". Senadores oficialistas se refirieron a estas indicaciones como 'aberraciones jurídicas'. 

En esa línea la senadora Claudia Pascual (PC), afirmó que "me parece que esta es una mala legislación y no porque no queramos tener una tramitación que permita más facultades para combatir lo que a todos nos preocupa que es el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia, pero aquí con esa 'buena intención' se exime a los mandos de su responsabilidad, se cambia el delito de apremios ilegítimos, actos degradantes, conocidos también -más en sentido común- de tortura, esto es brutal y revictimizante".

Sobre lo mismo se refirió la senadora Yasna Provoste (DC) que afirmó "este proyecto lo que hace es eximir de responsabilidad al personal policial para disparar y al alto mando. Y eso es impunidad, otros proponemos mejorar la gestión policial".  

Pese a las preocupaciones del Ejecutivo sobre estas dos indicaciones ingresadas, ambas fueron "corregidas" en el Senado, según indicó el propio ministro Cordero. La primera, exención de la responsabilidad de mando, fue rechazada y en la segunda, apremios ilegítimos, se eliminaron los aspectos que limitaban esta hipótesis. Ambas consideraciones fueron parte del acuerdo entre La Moneda y la oposición, no obstante, el Gobierno tuvo que abrirse a dejar la legítima defensa en el Código Penal y abandonó la intención de incluirlo en el Código de Justicia Militar. 

En su intervención tras la aprobación del proyecto, Cordero sostuvo que "en procesos de estas características lo relevante es haber obtenido un acuerdo en común. Las posiciones ideales de cada uno de nosotros han quedado atrás y por cierto, lo más relevante era lograr un acuerdo que le diera tranquilidad a las policías, pero sobre todo que resguardara los derechos de todas las personas en su relación con ellas", además, descartó de momento el veto presidencial. 

Otras visiones en contra

Sumado a las preocupaciones que presentaron organismos internacionales como Naciones Unidas, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de una carta firmada por más de 80 abogados penalistas, profesores y criminólogos en que manifestaban su preocupación al respecto de la 'Ley Naín-Retamal' y compartida por el presidente Gabriel Boric con un mensaje en que invitaba a los senadores a leerla, otras voces también se han referido a la iniciativa.

Daniel Soto, abogado y ex coronel de Carabineros, afirmó en una entrevista a página completa en La Segunda sobre el avance: “Si hay mayor inseguridad y tenemos instalada la criminalidad organizada, como no ocurría 10 años atrás, la gente puede creer que restringiendo las libertades se puede conseguir mayor seguridad. Pero esa es un arma de doble filo. Los regímenes militares de los años 70 sostenían que las violaciones a los derechos humanos se hacían en favor de la seguridad. Y esa era la razón de Estado para justificar torturas y desapariciones forzosas. Pero cuando se consigue la seguridad violando los derechos humanos consigues lo contrario. La seguridad y los derechos humanos van juntos. Tiene que existir un equilibrio entre las restricciones de derechos y la libertad para que la sociedad evolucione adecuadamente”.

"Esta propuesta presenta muchos problemas técnicos y de política criminal. Entre otros, equipara el uso de la fuerza letal por parte de los funcionarios con la defensa de cualquier ciudadano ante una agresión ilegítima. Esto es inadecuado. [...] La agenda legislativa desplegada ante la “crisis de seguridad” es apresurada e, igual que la mayor parte de la legislación penal reciente, de escasa calidad técnica", dice un editorial de El Mercurio. 

El jurista también se refirió en específico a la iniciativa que votó el Senado. “El proyecto Nain-Retamal pone la carreta delante de los bueyes. Primero debiéramos saber cuáles son los criterios para emplear la fuerza en el cumplimiento del deber. Luego, debiéramos ser capaces de medir el uso de la fuerza para saber cuándo está bien y cuándo está mal. Cuando ya tenemos el panorama claro de la intervención penal, podemos decir si lo hizo correctamente y si cabe eximirlo de responsabilidad. Pero no podemos partir imaginándonos que las intervenciones de fuerza siempre están bien hechas. Se requiere entrenamiento, supervisión y reportes. Eso da protección al funcionario policial y legitimidad a la organización policial”, afirmó Soto. 

Entrenamiento que además califica como deficiente. “Prácticamente no hay. Existe una formación irregular en los contenidos porque hay distintas escuelas de formación a lo largo del país y no son uniformes en lo que enseñan, y porque la dedicación hacia los temas policiales es menor que el énfasis que se le da a la instrucción militar. El problema es que cuando el carabinero egresa no tiene competencias suficientes como agente de policía y el déficit más grande es en las técnicas para el uso de la fuerza: defensa personal, uso de bastón, armas de fuego, o abordaje de vehículos”, indicó el ex coronel. 

Asimismo, también causó sorpresa el editorial de El Mercurio en contra de la ley 'Gatillo Fácil', algo que incluso fue citado por el senador Gastón Saavedra (PS). En concreto el texto mercurial publicado el lunes 3 de abril sostiene: "Esta propuesta presenta muchos problemas técnicos y de política criminal. Entre otros, equipara el uso de la fuerza letal por parte de los funcionarios con la defensa de cualquier ciudadano ante una agresión ilegítima. Esto es inadecuado. [...] La agenda legislativa desplegada ante la “crisis de seguridad” es apresurada e, igual que la mayor parte de la legislación penal reciente, de escasa calidad técnica.