La pesquera ha sido enfática en señalar que recurrirán a la justicia si la iniciativa gubernamental que busca cambios en las pesquerías correspondientes a los sectores artesanales e industriales llega a ser ley. Para ello, han recurrido al abogado Jorge Bofill, quien lidera la estrategia judicial. 

Según datos obtenidos a través de la ley de transparencia, de los 74 accidentes registrados desde el 2010, sólo 12 fueron motivo de denuncia a entidades capaces de multar; mientras que de los casi 5 millones de salmones fugados se recuperaron apenas 694 mil especímenes. Organizaciones medioambientales plantean que el número total es mayor, explicando que las consecuencias para el ecosistema de fugas de especies introducidas y con antibióticos son enormes.