En medio de la discusión por el fraccionamiento pesquero, una iniciativa que busca redistribuir las cuotas de las pesquerías entre los sectores artesanales e industrial, la firma Camanchaca ha tomado la posición de solicitar una indemnización si es que el proyecto gubernamental llega a ser ley. 

Siendo resuelto en una Comisión Mixta durante las próximas semanas tras haber pasado por la Cámara de Diputados y el Senado, lo cierto es que varias señales indican que la balanza podría inclinarse un poco más hacia lo propuesto por el Ministerio de Economía en su proyecto original, lo que implicaría a la industria ceder históricos porcentajes de sus pesquerías al sector artesanal. 

En ese escenario, la compañía Camanchaca tiene valorizadas sus Licencias Transables de Pesca (LTP) en US$ 38,5 millones, consignó el Diario Financiero, apuntando que según sus datos públicos, de su ebitda total obtenido el año pasado por US$ 106 millones, US$ 56 millones provino de su negocio de pesca extractiva, siendo, a su vez, la extracción del jurel la principal actividad, pues medido en toneladas capturadas en 2024, este recurso y la caballa le significaron 158 mil toneladas, muy por sobre otras actividades de pesca extractiva. 

A partir de ello, la compañía controlada por la familia Fernández, al igual que otras compañías industriales pesqueras, está siguiendo el devenir del fraccionamiento en el Congreso, lo que implicaría un cambio a la ley vigente de 2013 que rige a esta industria y que ya llevó a Camanchaca a anunciar acciones legales, de materializarse dicho cambio legal. 

En conversación con el citado medio, el abogado Jorge Bofill, quien representa los intereses de la pesquera en estos casos, afirmó que todavía no hay una cuantificación de los impactos económicos, pero sí es claro en que la acción apunta a indemnizaciones, y que siendo Camanchaca una sociedad anónima abierta chilena, no tiene acceso a tribunales internacionales, por lo que las acciones están a nivel doméstico. 

"Este proyecto de ley todavía no ha sido promulgado, no es ley. Ahora, como el estado actual del proyecto ya genera un impacto más o menos evidente producto de la regla de fraccionamiento que viene aprobada, la administración de Camanchaca ha decidido empezar a trabajar en la defensa de sus derechos y de sus accionistas. Aquí estamos hablando de una compañía que es abierta, que tiene un 37% del capital flotando en la bolsa, 25% es de propiedad de fondos de inversión y de pensiones. Estamos hablando de daños no solamente al controlador, sino que a miles de accionistas, e indirectamente a millones de trabajadores chilenos, a través del valor de las inversiones de los fondos de pensiones", apuntó el jurista. 

El litigante complementó que "este no es un proyecto de ley que por su naturaleza requiera control preventivo de constitucionalidad, de manera que para que llegue al TC tendría que haber un grupo de parlamentarios que pidiera esa intervención. No es de resorte nuestro. De lo que se trata en fácil es que el Estado de Chile, por la vía de una iniciativa legislativa, lo que está haciendo es afectar derechos adquiridos de la compañía que están representados por las LTP a las que tiene derecho y por las que optó a partir de la Ley 20.657 que se dictó el 2013. Y es el deber de la administración iniciar las acciones legales en contra del Estado de Chile que se requieran para indemnizar esos perjuicios".

Consultado sobre si tiene que esperar a que la iniciativa sea ley, Bofill explicó que sí "porque si uno demanda indemnización de perjuicios, los perjuicios no pueden ser eventuales, tienen que ser reales. Y eso sólo va a ocurrir cuando se dicte la ley. Lo que corresponde es solicitar una indemnización de perjuicios provocados por la ley, afectando derechos adquiridos de la compañía".

En cuanto a los elementos de la iniciativa que transgredirían el orden jurídico, el abogado expuso que "lo que se ha escuchado desde el Gobierno y parlamentarios que impulsan esta ley es que las empresas industriales de la pesca no tendrían derechos, sino que se trataría de meras autorizaciones administrativas, cuya duración el Estado podría modificar en función de determinadas políticas públicas que quiera llevar adelante. Eso es un error jurídico gigantesco, porque desconoce el texto de la propia ley 20.657. No es Camanchaca, no es la industria, no es Sonapesca, no son los expertos los que sostienen que aquí hay derechos de propiedad adquiridos, sino que es la propia ley."

En esa línea, describió que "la expresión propiedad, dueño, la utiliza la ley. Por ejemplo, el artículo 43 ter, que es el que determina cómo se calcula el impuesto específico que pagan las licencias transables de pesca, se refiere específicamente a derechos de propiedad y el carácter de dueño. De hecho, las licencias transables de pesca clase A y B están sometidas a un régimen registral que es parecido al del Conservador de Bienes Raíces, donde existe un registro público que establece quiénes son los titulares de las licencias porque, como lo dice su nombre, son transables. Se pueden celebrar contratos sobre ellas, que pueden ser de venta, de arrendamiento, constituir garantía prendaria sobre las licencias. Por lo tanto, el argumento de que aquí no hay un derecho adquirido no resiste ningún análisis a partir de lo que dice la propia ley". 

"Y este nuevo proyecto en su estado actual, lo que hace es básicamente modificar el sistema de distribución de las cuotas de pesca de las diferentes pesquerías que regula la Ley de Pesca y que en el caso de Camanchaca se concentran en el recurso jurel. Hoy en día, respecto del jurel, existe un fraccionamiento que está determinado hasta el año 2032 de un 90% entre la pesca industrial y un 10% de la pesca artesanal. El estado del proyecto que salió del Senado modifica eso, y reduce la participación de la industria en 20 puntos, baja de 90% al 70%. Y entrega esos 20 puntos a los pescadores artesanales. No sólo hay pérdida de valor desde el punto de vista de los activos de Camanchaca, sino también se está generando un impacto social directo. Hay varias empresas que han anunciado que si la ley prospera en sus términos actuales, las plantas procesadoras no van a tener suficiente materia prima para procesar, van a pasar a ser inviables económicamente, y forzosamente van a terminar cerrando. La pesca industrial emplea directamente en Chile 36.000 personas y en la región del Biobío es donde impacta más. Todo eso está en riesgo de desaparecer producto de este fraccionamiento. Estamos hablando de un impacto directo en la economía regional. La pesca industrial en Chile funciona 100% en regiones. Y más allá de todas las críticas que se le hacen a la ley 20.657, es una ley que ha generado avances notorios en materia de sostenibilidad, gracias a la intervención de los comités científicos que estudian el estado de las pesquerías en Chile", apuntó.

"Derechos adquiridos"

A fines de abril de este año, el gerente general de la empresa, Ricardo García, ya había anunciado que "demandarían al Estado" si es que el proyecto se llegase a aprobar en las condiciones en que se encuentra actualmente. 

En declaraciones recogidas por Emol, García sostuvo que "de aprobarse esta iniciativa legislativa en los términos actualmente conocidos se afectarán gravemente los derechos adquiridos por nuestra compañía y por toda la industria, al alterar el régimen de licencias vigente, sin siquiera establecer una legítima compensación".

El gerente agregó que "la ley impondría cargas económicas desproporcionadas e injustas, atentando contra principios constitucionales como el derecho de propiedad y la confianza legítima en la estabilidad del marco regulatorio".

"Lo que está ocurriendo con la discusión de esta ley nos obliga a tomar decisiones concretas que resguarden el porvenir de nuestra empresa. Por ello, de aprobarse la ley en los términos conocidos, demandaremos al Estado porque tenemos el deber fiduciario de defender los derechos de quienes han confiado en Camanchaca y en la certeza jurídica que debe regir toda actividad empresarial", expresó García, recordando que "la decisión de acudir a la justicia también se debe que la nueva ley no solo es una amenaza para sus accionistas directos, sino que también para los millones de trabajadores chilenos que, a través de sus fondos de pensiones, son accionistas indirectos de la compañía", en referencia a AFP Habitat y AFP Cuprum, algunos de los principales accionistas de la compañía. 

Este discurso ya había sido mencionado en marzo de este año por la empresa Blumar, quienes se encuentran en medio de una tormenta comunicacional por su eventual responsabilidad en el naufragio y desaparición de la tripulación de la nave artesanal Bruma, sospechosa de colisionar con el Cobra, de propiedad de la firma industrial. 

“Estamos frente a una vulneración de derechos adquiridos. Como empresa, tenemos la obligación de defender los intereses de nuestros accionistas, incluyendo aportantes de AFP y fondos de inversión", señaló a Diario Acuícola el gerente general de Blumar, Gerardo Balbontín. 

De materializarse la iniciativa legal en su forma actual, se afectaría directamente a más de 6.500 empleos de calidad en la Región del Biobío, donde se concentra el 17% del empleo total de la pesca industrial. Además, casi 400 pequeñas y medianas empresas que prestan servicios al sector en esta región verían comprometida su actividad, denunciaron desde Blumar. 

"La incertidumbre generada ya está afectando las inversiones del sector. Con el crecimiento actual de la cuota, deberíamos estar planificando estrategias de expansión, nuevas plantas y flotas, pero es imposible proyectarse con este nivel de inestabilidad", agregó Balbontín.