La nueva Constitución garantizará el derecho a la educación mediante un sistema nacional que será financiado de forma permanente por el Estado, donde se incluyen proyectos privados. De tal modo, esto implica que no se acaba la educación particular ni subvencionada, pero su financiamiento y regulación tendrá solo rango legal, cuestión que no supone ninguna innovación respecto a la Constitución de 1980.

El consolidado de 27 normas emanado desde la Comisión de Derechos Fundamentales que se vota este martes contiene el paquete de normas sobre derechos sociales. Entre estos se encuentran la seguridad social, entendida como un principio que aborda más que tan solo el sistema de pensiones. Además, está la creación de un Sistema Nacional de Salud donde los privados tendrán un rol limitado y que no podrá reemplazar los deberes del Estado.