Chile se sumó a la coalición impulsada por Donald Trump con un texto que el Gobierno de José Antonio Kast define como político y no vinculante. Sin embargo, la declaración habla de sanciones, congelamiento de activos y de una eventual acción colectiva bajo el Tratado de Río. El canciller Pérez Mackenna fue interpelado por primera vez en la historia del cargo, y el debate se centró en la soberanía. Los efectos jurídicos y operativos de la adhesión quedaron, en buena parte, sin respuesta.

Pese a los reiterados intentos de La Moneda por calificar la firma como una simple coordinación informativa voluntaria, la letra chica difundida por Estados Unidos —que invoca el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y compromisos económicos estratégicos— desató un severo cuestionamiento político por la eventual cesión de soberanía y la opacidad de la decisión presidencial.

En su primer discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Kast contrastó un Chile exitoso hasta los 2000 con el quiebre que, según su relato, provocó el estallido social de octubre de 2019, y proyectó una imagen de recuperación económica y de seguridad bajo su gobierno. La misma jornada en Nueva York, confirmó la adhesión formal del país al Escudo de las Américas, la coalición contra el crimen organizado impulsada por Donald Trump que reúne a una quincena de gobiernos de la región. 

La elección del líder colombiano se suma a una serie de victorias de figuras de derecha en la región, con cerca de diez nombres afines a las ideas de sectores conservadores y de derecha radical, consolidando un giro político que se extiende desde el Cono Sur hasta Centroamérica. El fenómeno reconfigura el mapa ideológico latinoamericano en medio de una disputa por la influencia hemisférica entre Estados Unidos y China.