La Comisión Técnica buscó reflejar la configuración política de la Comisión de Salud del Senado, contando con la presencia de estos centros de estudios. La coordinación contó con Cristóbal Cuadrado (RD) por el oficialismo, y el ex ministro de Salud de Sebastián Piñera, Emilio Santelices. No hubo representantes de los afiliados.

La experiencia comparada es tan abundante en leyes, regulaciones y códigos de buenas prácticas contra las mentiras en redes sociales, que deja en total ridículo a los críticos locales de la comisión ministerial contra la desinformación.

El año pasado se destinaron $191 millones a asesorías externas. La Fundación Jaime Guzmán fue la más beneficiada, obteniendo $78 millones, poco más del 40% del total, seguida por el Centro de Estudios Republicanos que obtuvo $31 millones. El oficialismo e independientes desembolsaron $20 millones.

A 50 años del Golpe de Estado cívico-militar de 1973 los ánimos parecen ser distintos. Mientras el gobierno prepara una serie de conmemoraciones, los defensores de la dictadura comienzan a prepararse para defender legados, reescribir historias o al menos intentar contener una avalancha que asoma inevitable.

Ya en 1989 Hernán Büchi entendió el poder de los expertos cuando hablaba de “la batalla de las ideas”. No era necesario poseer el poder político, bastaba con fundar universidades, medios de comunicación y think tanks para enfrentar a quienes osaran cambiar las estructuras creadas en dictadura.

Desde el 2017 a la fecha, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Zapallar contrataron sin concurso público a la institución gremialista para la elaboración de informes, asesorías y capacitaciones. La alcaldía de Joaquín Lavín fue la que más gastó, pagando casi $38 millones mediante tres compras directas.

Jaime González Kazazian es el negociador principal del gobierno en la discusión de esta ley. Sectores de la industria no están contentos con él, y quieren a alguien con más peso para negociar con Guido Girardi, creador de esta iniciativa. Pero el ministro Enrique Paris no ha tenido protagonismo en el debate de un mercado que mueve millones de dólares y que afecta el bolsillo de millones de chilenos.