Sigue dando de qué hablar el informe que emitió la Comisión Técnica Asesora de la Comisión de Salud del Senado, el cual contiene recomendaciones para los senadores para el trámite legislativo respecto de la crisis de las isapres y la ley corta sobre la materia que tendría que mostrar el camino para que las aseguradoras paguen su deuda.

La polémica se desató cuando se conoció que a través de diversos mecanismos, dicha Comisión calculó la deuda de las isapres en US $451 millones a pagarse en un plazo de diez años, un monto que se contradice sustancialmente con los US $1.400 millones que había calculado la Superintendencia de Salud.

El texto además sugiere que la devolución “podría efectuarse en dinero o en prestaciones o coberturas adicionales”, además de sugerir que los excedentes sean reajustables “pero que no generen intereses”, de manera que el informe ha sido calificado como un salvataje a las isapres en un momento de crisis financiera que las obligaría a quebrar.

Como comisionados, tuvo representación permanente la Asociación de Isapres de Chile, entidad gremial que vela por los intereses de las aseguradoras y que pudo tener voz en la comisión a través de Gonzalo Arriagada (presidente de la asociación y de la isapre Nueva Masvida) y Matías Avendaño (fiscal de la asociación). No hubo contraparte de usuarios.

Al respecto, algo que no ha sido muy divulgado es la integración de la Comisión Técnica Asesora que elaboró este informe para los senadores de la Comisión de Salud del Senado.

La Comisión Técnica buscó reflejar la configuración política de los senadores que encargaron el informe: Juan Luis Castro (PS), Ximena Órdenes (PPD), Francisco Chahuán (RN), Sergio Gahona (UDI) y Juan Ignacio Latorre (RD). De esta forma, quedó integrada por varios centros de estudios estrechamente ligados a diversos sectores políticos.

En la coordinación del organismo, en representación de los senadores oficialistas, quedó Cristóbal Cuadrado (RD), ex subsecretario de Salud Pública desde el inicio del gobierno de Gabriel Boric hasta marzo de 2023, y parte del centro de estudios Rumbo Colectivo, ligado a Revolución Democrática.

Al mismo tiempo, por parte de los senadores de opisición, quedó como coordinador el ex ministro de Salud del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Emilio Santelices (independiente), quien ha estado cerca de la política considerando que fue jefe del Departamento de Desarrollo Estratégico del ministerio, cuando Jaime Mañalich (independiente) era ministro de Salud en el primer gobierno de Sebastián Piñera.

Los comisionados: ninguno representa a los cotizantes

Como comisionados, tuvo representación permanente la Asociación de Isapres de Chile, entidad gremial que vela por los intereses de las aseguradoras y que pudo tener voz en la Comisión a través de Gonzalo Arriagada y Matías Avendaño. 

Arriagada es el flamante presidente de la Asociación de Isapres, considerando que fue nombrado en agosto recién pasado, justo en medio de la crisis. Además, es presidente del directorio de la isapre Nueva Masvida desde 2017, cuando la compañía estadounidense Nexus compró la cartera de inversiones de la extinta isapre Masvida. En el pasado, Arriagada había sido gerente general de isapre Óptima, la cual luego se transformó a su vez en Masvida.

Por su parte, el abogado de la Universidad Central, Matías Avendaño, es fiscal de la Asociación de Isapres desde marzo de 2021 hasta la actualidad. Antes había trabajado como asesor legal en el Consejo Nacional de Televisión entre 2020 y 2021, teniendo también un paso por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, además de sus actividades académicas en la Central, donde se desempeña como profesor de derecho civil desde 2019 hasta la fecha.

A la integración de la Comisión también fueron invitados profesionales y expertos ligados a distintos centros de pensamiento afines a las posturas políticas de los senadores de la Comisión de Salud. 

Es el caso del ingeniero comercial de la Universidad de Católica, Pablo Eguiguren, quien se desempeña como director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo (LyD), think tank ligado a la UDI y fundado por figuras de la política como Hernán Büchi, Luis Larraín y Cristián Larroulet.

El centro de estudios está actualmente presidido por la economista de militancia UDI, Bettina Horst, quien es parte de la Comisión Experta del Consejo Constitucional, a proposición de ese partido. Eguiguren es experto en materias de educación, habiendo asesorado en el pasado al ministerio de Educación liderado por Joaquín Lavín y Felipe Bulnes. 

También fue parte de esta Comisión la abogada de la Universidad Católica, Teresita Santa Cruz Ugarte, quien al mismo tiempo es la coordinadora legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, centro de estudios también ligado a la UDI, en cuyo directorio figuran personalidades como los ex ministros Hernán Larraín y Andrés Chadwick.

Clarke participó como representante de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y además, hace algunos meses, fue parte de la elaboración de un informe encargado por Banmédica para determinar los efectos que los fallos judiciales tienen sobre la industria y los prestadores, de manera que trabaja para las isapres.

Con representación en la Comisión Técnica, también aparece Espacio Público, centro de estudios que no está ligado a la derecha pero sí a ideas liberales en el centro político, siendo cercano a la Concertación y a la Nueva Mayoría. Como parte de este think tank, asistió a la Comisión la presidenta ejecutiva de Espacio Público, la economista de la Universidad Católica, Paula Benavides, quien hizo una larga carrera en el ministerio de Hacienda desde 1999, principalmente en los gobiernos de la Concertación y luego Nueva Mayoría. 

La Comisión también contó con la participación de Álvaro Clarke, economista demócratacristiano, ex superintendente de Valores y Seguros durante el gobierno de Ricardo Lagos (PPD), quien además se desempeña actualmente como presidente de la clasificadora de riesgo ICR Chile. 

Clarke participó como representante de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y además, hace algunos meses, fue parte de la elaboración de un informe encargado por Banmédica para determinar los efectos que los fallos judiciales tienen sobre la industria y los prestadores, de manera que trabaja para las isapres.

La lista la completaron los asesores legislativos de los senadores oficialistas: el abogado de la Universidad de Chile y asesor de Ximena Órdenes (PPD), Camilo Aguilera; también la asesora del senador Juan Luis Castro (PS), Teresita Fabres; y la asesora legislativa de Juan Ignacio Latorre (RD), la abogada de la Universidad de Valparaíso, Rocío Olivares.

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Fuente: informe de la Comisión Técnica.

La Comisión también contó con un equipo de técnicos permanentes que en la práctica representaron a los ministerios de Hacienda, Salud, y también de la Superintendencia de Salud.