La ley de Fármacos II se discute hoy en día en Comisión Mixta del Congreso Nacional, donde específicamente las alarmas de los laboratorios están encendidas, debido a una modificación al artículo 101 del Código Sanitario sobre recetas médicas. Tal como está, la eventual regulación indica que el médico tendrá que recetar un medicamento “exclusivamente por su denominación común internacional [DCI]”; es decir, por el nombre del principio activo conocido a nivel mundial, y no por la marca comercial. Prontamente, además, podría significar una piedra en el zapato para las cadenas de farmacias.

A raíz de la pandemia, en las dependencias legislativas uno de los que ha intervenido en nombre del gobierno es Jaime González Kazazian (UDI), abogado que trabajó durante el primer mandato de Sebastián Piñera, y que regresó al Ministerio de Salud (Minsal) con el este segundo mandato, cuando la cartera la dirigió el doctor Emilio Santelices.

González tiene cercanía con el ex jefe del Minsal, Jaime Mañalich, pues lo patrocinó en el recurso de protección que interpusieron ante la Corte de Apelaciones de Santiago cuando el Colegio Médico (Colmed) decidió expulsarlo. El Tribunal de Alzada revirtió esa medida, pues la consideró ilegal ya que el ex titular se había desafiliado del Colmed anteriormente.

Ahora como trabajador a honorarios –figura con un salario bruto de $5 millones mensuales–, ha sido el principal negociador del Minsal en la discusión de Fármacos II, lo que en algunos agentes de la industria les hace pensar que el gobierno no tiene todas sus fichas puestas en este debate. González debe negociar y debatir con políticos como Guido Girardi.

El abogado del Minsal pasó por la Fundación Jaime Guzmán, un think thank por el que solo algunos militantes de la UDI tienen la oportunidad de estar, y que de alguna forma funciona como trampolín político, como fue el caso del actual vocero de gobierno, Jaime Bellolio, quien en su momento fue investigador de la institución sin fines de lucro, creada en homenaje al fundador del gremialismo. González estuvo allí entre marzo de 2010 y julio de 2011.

Luego de eso, tuvo su paso por la Municipalidad de Maipú, encabezada por la alcaldesa Cathy Barriga, también cercana a la UDI. Según su Linkedin, se desenvolvió como director jurídico de la comuna desde marzo hasta octubre de 2017.

Ahora como trabajador a honorarios –figura con un salario bruto de $5 millones mensuales–, ha sido el principal negociador del Minsal en la discusión de Fármacos II, lo que en algunos agentes de la industria les hace pensar que el gobierno no tiene todas sus fichas puestas en este debate. González debe negociar y debatir con políticos como Guido Girardi. Una persona que está al tanto de esta discusión y que tiene amplia experiencia en el sector de la salud pública, afirma lo siguiente a nuestro medio, bajo la condición de permanecer en el anonimato: "Girardi es alguien muy influyente y Jaime González es un tipo decente. Pero llama la atención que el Minsal haya dejado a Jaime González, que es un asesor no sé si junior, a cargo de una negociación tan relevante. Él no se planta de igual a igual frente a un senador, él no está sentado en la mesa de conversaciones con los senadores". Y acto seguido, asegura: “En esta discusión debiera estar metido el ministro Enrique Paris, pero no se ha involucrado”.

También se ha especulado de su buena relación con el senador del PPD, aunque conocidas son algunas discusiones que han sostenido en la misma instancia del Congreso Nacional, como la propuesta de un sector de la oposición que buscaba eliminar a los visitadores médicos; algo que fue rechazado por Chile Vamos. 

Según fuentes de la industria de laboratorios, este poco peso político de González ha generado frustración en algunos legisladores, sobre todo entre ciertos de los representantes oficialistas que no ven con buenos ojos una relación que describen de cierta complacencia entre el senador Girardi y el negociador del gobierno.

La Comisión Mixta la componen los diputados Juan Luis Castro (PS), Andrés Celis (RN), Miguel Crispi (RD), Javier Macaya (UDI) y Víctor Torres (DC); además de los senadores Francisco Chahuán (RN), Guido Girardi (PPD), Carolina Goic (DC), Rabindranath Quinteros (PS) y Luz Ebensperger (UDI).

Las indicaciones que vienen

El consenso de que los médicos deban prescribir medicamentos por denominación común internacional y sin marca comercial –algo a lo que se oponen los grandes laboratorios– parece estar consolidado. Sin embargo, tal como está en la actual ley, la iniciativa parece ser un regalo para las grandes cadenas de farmacias y se discuten ciertas modificaciones. Después de todo, las tres grandes cadenas de farmacias que controlan cerca del 80% del mercado de medicamentos en Chile, tienen una historia negra, que incluye la colusión de para cobrar sobreprecios a millones de chilenos durante muchos años.

“Las cadenas marginan un porcentaje de cada producto. Ahora van a tener un precio fijo, el paciente va a saber cuánto le están cobrando por dispensar, y también van a saber cuánto le pagó al laboratorio”.

El principal argumento para contrarrestar la avanzada de Fármacos II por parte de cierto sector de los laboratorios es que podría darles manga ancha a las grandes cadenas de farmacias, al ser el dependiente o el químico farmacéutico el responsable de dispensar medicamentos. “Creo que va a exponer a los pacientes a medicamentos que no necesariamente son los que su médico les recetaría. Es un premio demasiado grande para las farmacias”, dice la persona que conoce este debate.

Esto es rechazado por Guido Girardi, quien afirma que próximamente ingresarán una indicación para regular el precio de venta en las farmacias, tal como lo recomendó la Fiscalía Nacional Económica en un informe publicado en noviembre del año pasado, donde también detectó que 80% de los medicamentos en Chile no tienen alternativas bioequivalentes, y que los laboratorios realizan “inversiones superiores a US$ 200 millones al año para promover sus marcas entre los médicos”.

Según el senador, prontamente propondrá “ponerle precio fijo de dispensación [a las farmacias]. Van a tener que competir a través de este precio, que va a ser el mismo para todos los medicamentos, sean genéricos o de marca”. Y agrega: “Las cadenas marginan un porcentaje de cada producto. Ahora van a tener un precio fijo, el paciente va a saber cuánto le están cobrando por dispensar, y también van a saber cuánto le pagó al laboratorio”. En pocas palabras, una farmacia pasaría a ganar los mismo si vende un medicamento genérico o de marca, tal como lo explica un ejemplo incluido en el estudio de la FNE (ver gráfico de la FNE).

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“Estudio de mercado sobre medicamentos”. Fiscalía Nacional Económica, noviembre 2019, página 234.

Claro que aún está por definirse si es que desde el oficialismo se apoyarán estas medidas de las que habla el senador Girardi.

La presidenta del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile, Ana Victoria Nieto, rechaza tajantemente que este proyecto vaya en favor de las farmacias. Dice que en el gremio se han organizado sindicatos para impedir "presiones comerciales". "Y los profesionales de las farmacias independientes –que son aproximadamente el 50%– desde siempre han marcado una diferencia, han establecido una forma de trabajar que es diferente, de apoyo a los pacientes”. Por último, señala que a pesar de que “estas medidas permiten avanzar, cabe preguntarse por qué los precios de los medicamentos no se han regulado en Chile, no hay transparencia en toda la cadena del medicamento”.

INTERFERENCIA se contactó con Jaime González Kazazian para hacer algunas consultas sobre cómo procederá el Ejecutivo en este proyecto de ley, pero prefirió no emitir declaraciones.