En declaraciones a este medio, el presidente de dicha fundación, Patricio Herman, manifestó que la denuncia que la empresa Fundamenta realizó en la Corte Suprema en contra del ex juez Sergio Muñoz Gajardo "se mal utilizó para que el Senado, irresponsablemente y sin investigar, lo removiera de su cargo de ministro del máximo tribunal del país", adjuntado documentación sobre un estudio de sombras que consideran habría sido mal elaborado en su momento.  

La administración de Emilia Ríos (RD) pidió a la Corte de Santiago aclarar su decisión que anula un cambio arbitrario al plan regulador hecho por el ex alcalde Andrés Zahri (pro-RN), sugiriendo que no se puede volver al artículo que prohíbe construir en altura en calles estrechas.

Tras sostener una reunión con personeros del Municipio, los litigantes que buscan establecer límites de construcción manifestaron estar en alerta por la postura legal que podría sostener la alcaldía. Solicitaron que no se dé lugar a interpretaciones de lo decidido por la Corte de Apelaciones.

La Corte de Apelaciones acogió un recurso donde se estableció que el ex alcalde de la comuna eliminó de forma arbitraria un artículo que limitaba la altura de edificios en la modificación del plan regulador comunal, sin informar ni a la comunidad ni al concejo municipal.

Pese a que la iniciativa había sido aprobada en marzo por el actual director de obras del municipio -quien viene de la administración anterior- la alcaldesa Emilia Ríos optó por solicitar la invalidación de un anteproyecto de la Inmobiliaria Buenaventura, del cuñado del cuestionado ex alcalde de Vitacura Raúl Torrealba, que pretendía acogerse al concepto de vivienda económica para construir más pisos de lo permitido por el plan regulador de la comuna.

Ludwig Bornand rebajó multas que el municipio aplicó a una empresa que él mismo representó para ganar una licitación en 2016. Esto motivó en 2018 una querella a la que se sumó el alcalde Andrés Zarhi. En abril de 2019 renunció a la dirección jurídica, pero tres meses después la Corporación de Desarrollo Social –presidida por el propio alcalde– lo contrató por $6,5 millones mensuales.